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Una decisión de la Corte Suprema hace avanzar la realización del juicio por la tragedia de Iron Mountain
El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por las defensas de tres imputados
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LA NACION
Al rechazar planteos para que se declare la prescripción y la violación del plazo razonable en la causa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó el avance del juicio oral y público para 18 acusados por el incendio del depósito de la empresa Iron Mountain, donde murieron nueve bomberos y un rescatista de la Dirección de Defensa Civil de la Ciudad cuando se derrumbó una pared del lugar mientras intentaban apagar el fuego.
Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por cuestiones formales en su presentación los recursos de las defensas de tres imputados —Eduardo Alfredo Sueyras Parra, Guillermo Lockhart y Matías Marquina— que buscaban que se declarara la prescripción y la violación del plazo razonable en la causa.
Son 18 los acusados que deben sentarse en el banquillo, entre los cuales se encuentran los responsables del depósito, un custodio, un bombero y funcionarios del área de fiscalización y control del Gobierno porteño.
El trágico incendio ocurrió la mañana del 5 de febrero de 2014 en el depósito que la firma tenía en la esquina de Azara y Jovellanos, en el barrio porteño de Barracas.
Cuando los bomberos de la Policía Federal llegaron al predio para apagar el incendio, las llamas llevaban más de cuarenta minutos activas y se alimentaban de los archivos de papel, altamente combustibles. Los peritajes realizados en la investigación judicial determinaron que, si bien el sistema de rociadores no habría sofocado el fuego, sí habría demorado la propagación del incendio.
Una hora más tarde, la pared que daba a la calle Jovellanos se derrumbó sobre el comisario inspector Leonardo Day; la subinspectora Anahí Garnica; los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz; el cabo Maximiliano Martínez; el agente bombero Juan Matías Monticelli, y los bomberos voluntarios José Luis Méndez Araujo, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico; Sebastián Campos, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha, y el rescatista Pedro Baricola, de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los nueve murieron en el acto. En tanto, el bombero Facundo Ambrosi falleció el 17 de febrero, luego de permanecer internado durante casi 12 días a raíz de la gravedad de las lesiones provocadas por los gruesos ladrillos de la pared que colapsó.
También resultaron gravemente heridos los bomberos Daniel Díaz Gauna y Juan Manuel López Gaggiotti, en tanto que otros 18 bomberos y rescatistas sufrieron lesiones de distinta consideración.
En abril de 2023, la magistrada a cargo del Juzgado Nacional Criminal y Correccional N° 18, Fabiana Palmaghini, aceptó el requerimiento de elevación a juicio presentado por los representantes del Ministerio Público y dispuso que los imputados por la tragedia fueran sometidos a juicio oral.
Doce días después de que la jueza Palmaghini elevara la causa a juicio se registró otro incendio en el mismo predio. A diferencia de la tragedia ocurrida en febrero de 2014, en el incendio del 25 de abril de 2023 no hubo víctimas fatales ni heridos.
En febrero de 2015, peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentaron las conclusiones de los estudios, en los que se determinó que el incendio podría haber sido intencional. No obstante, el peritaje realizado por los técnicos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), entregado a mediados de 2016, descartó la presunción de que se hubiera tratado de un incendio intencional.
Luego de analizar los distintos informes, testimonios y pruebas físicas, los investigadores judiciales habrían determinado la existencia de una serie de irregularidades que sirvieron para crear las condiciones favorables para que el incendio ocurriera.
Al revisar el sistema contra incendios, los técnicos y los bomberos descubrieron que la cisterna que abastece de agua para los rociadores estaba vacía. También habría fallado el dispositivo alternativo.
Según fuentes judiciales, con la causa en instancia de juicio, el 28 de abril de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N° 18 rechazó los planteos de extinción de la acción penal por prescripción y los pedidos de insubsistencia de la acción penal por violación de la garantía de plazo razonable. En junio de ese año, la Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó la decisión.
Con base en ello, las defensas presentaron recursos extraordinarios que llegaron en queja a la Corte Suprema y que fueron desestimados por incumplimiento de la acordada que rige esas presentaciones, agregaron los informantes.
LA NACION
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