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Uno de los tres fiscales pidió la nulidad del jury por su desempeño en el caso Dalmasso
Daniel Miralles, a través de su defensor, un exjuez de Río Cuarto, cuestionó que la acusación no esté representada por el fiscal general
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LA NACION
Comenzó trabado el jury a tres de los fiscales que intervinieron en buena parte de la investigación de la violación y asesinato de Nora Dalmasso en Río Cuarto en noviembre de 2006. Tras su inicio, minutos antes de las 9, ya hubo dos cuartos intermedios. El último, motivado por un pedido de la defensa de uno de los tres acusados.
El exjuez de Río Cuarto Emilio Andruet, que defiende a Daniel Miralles, pidió la nulidad del proceso de enjuiciamiento impulsado por la familia de la víctima. Planteó que es inconstitucional que la acusación sea llevada adelante por la fiscal general adjunta, Bettina Croppi, ya que la norma manda que ese lugar debe ser ocupado por el fiscal general de Córdoba.
Después de una breve deliberación, el jurado integrado por los legisladores Julieta Rinaldi (presidenta), Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert y la vocal del Tribunal Superior de Justicia Aída Tarditti resolvió, por unanimidad, desestimar todos los planteos de nulidad y continuar con la lectura de la acusación contra los fiscales Miralles, Javier Di Santo y Luis Pizarro por presunto mal desempeño y negligencia grave en la instrucción de la causa.
Los tres actuaron en la causa entre el 26 de noviembre de 2006, cuando Nora Dalmasso fue encontrada violada y asesinada en su casa de un barrio cerrado de Río Cuarto, y 2022, cuando Pizarro elevó a juicio la acusación contra Marcelo Macarrón, el viudo, por ser el supuesto ideólogo del crimen.
El meollo de la acusación es el presunto direccionamiento de la acusación hacia la propia familia de la víctima en perjuicio de serios indicios presentes casi al principio de la investigación que sugerían la participación de personas ajenas al círculo íntimo de Nora Dalmasso; concretamente, hacia el grupo de trabajadores que realizaba tareas de refacción en la casa del barrio Villa Golf.
A fines de 2024, un peritaje de ADN posibilitó situar en la escena del crimen a Roberto Marcos Bárzola, un parquetista que había trabajado en la casa en los días previos al hecho. Sus rastros genéticos fueron hallados en la bata que llevaba puesta Nora cuando la mataron. La familia de la víctima sugirió en 2007, a instancias de un informe privado, que la Justicia debía someter a Bárzola y a otros operarios a una prueba genética de comparación. Los fiscales nunca lo hicieron. En cambio, llegaron a imputar a Facundo Macarrón por la violación y muerte de su madre, y más tarde a su padre, Marcelo Macarrón, como presunto instigador del crimen de su esposa. El joven fue sobreseído y el viudo terminó absuelto en un juicio por jurado en el que el fiscal no acusó por falta de pruebas.
A pesar de esa prueba positiva de ADN, el año pasado la Justicia cordobesa consideró que el caso, respecto de Bárzola, está prescripto.
Este mediodía, Di Santo −de los tres acusados, el fiscal que más tiempo estuvo en la causa−, aseguró que trabajó de manera “seria y honesta” y que cuestiones que ahora “parecen obvias” no lo eran entonces.
Rechazó de plano todas las acusaciones en su contra y afirmó que la investigación sobre la posible participación de Bárzola fue “seria, profunda y acabada”. Insistió: “Quieren hacer parecer como obvias circunstancias que no son obvias. No lo fueron no solo para mí, sino para ninguno de los otros fiscales que intervinieron en la causa, para la División Investigación, para el juez de control ni para los camaristas que intervinieron”. También apuntó que “tampoco fue obvio para la fiscalía general”.
La acusación contra los fiscales fue presentada a fines de febrero por el entonces fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado. Se programaron cinco audiencias de debate, que se desarrollarán entre el 21 y el 27 de este mes, por las que deberán ser escuchados 37 testigos ofrecidos por las distintas partes.
Finalizada la etapa de testimonios y alegatos a principios del mes próximo, el tribunal de enjuiciamiento tendrá la responsabilidad de emitir su veredicto antes del 28 de mayo. Si no se cumple con la fecha, se caerá el proceso.
Las opciones son solo dos: la absolución y continuidad de los fiscales en sus cargos o la remoción definitiva.
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