Varios distritos aplican variantes para evitar las condenas efectivas

Aunque con distintos matices locales, la situación de todas las prisiones en las provincias de la Argentina es similar y grave. Por eso, la búsqueda de nuevas medidas, sanciones y alternativas al encierro tiene fuerte implicancia en las decisiones judiciales de todos los distritos.

Durante un reportaje con LA NACION, la fiscal Verónica López, titular en la Unidad de Salidas Alternativas del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, dijo: "Hacinando gente en las cárceles todavía no se ha demostrado que una pena privativa de libertad sea efectiva; sus efectos beneficiosos no están probados científicamente en ningún lugar del mundo".

Para explicar cómo funciona su fiscalía, que está en Rosario y trabaja interconectada con otras instituciones del Poder Judicial, la fiscal López aseguró: "Recibimos la denuncia o la noticia de un delito. Y en los primeros instantes proponemos salidas alternativas; asesoramos a víctimas e imputados acerca de la posibilidad de resolver la conflictividad con métodos de resolución pacífica".

En esa línea recordó un encuentro que surgió tras la usurpación de una vivienda por la que el imputado iba a ser detenido; finalmente el problema se resolvió mediante una conciliación, que derivó en un desalojo voluntario. Finalmente, en un trabajo de interacción con el Poder Ejecutivo provincial, también fueron convocados asistentes sociales y se gestionó un subsidio para que el usurpador pudiera conseguir un lugar para vivir.

La fiscal agregó: "Le preguntamos a la gente que necesita, y -por ejemplo- en muchos casos la satisfacción de las necesidades de la víctima pasa lejos de la prisionalización, que es la respuesta tradicional. El sistema penal corta el flujo de diálogo. Y uno de los pilares de la justicia restaurativa es entender que el delito no sólo vulnera una norma, sino que causa un daño que debe ser reparado".

Lorena Sorrentino, coordinadora del Área de Mediación del Poder Judicial de Mendoza, contó a LA NACION cómo buscan alternativas al encierro desde su dependencia, adonde reciben desde fiscalías penales derivaciones de jóvenes y adultos que están en conflicto con la ley: "Intentamos ver cuál es la particularidad de la situación y esto hace que nuestro trabajo sea bastante artesanal. Hay casos en las que es muy importante que aparezcan otras instituciones".

En esa línea, la funcionaria recordó el expediente que involucró a un adolescente proveniente de un barrio marginal, que tenía problemas de salud mental y que había sido reiteradamente denunciado por su propia madre, con acusaciones graves. Al cumplir los 18 años, ese joven iba a quedar detenido en un sector especial de la penitenciaría.

Sin embargo, tras una intervención que duró varios meses del equipo de mediadores y de un equipo médico -con un seguimiento cercano del juzgado a cargo- la familia pudo reconstruir su paz; así, un muchacho que iba a ingresar en el sistema carcelario, permaneció libre, dentro de una red de contención primaria, y sin antecedentes.

Un enfoque parecido se aplica en la localidad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, adonde funciona la defensoría de pobres, encausados y ausentes en lo penal, correccional y contravencional N° 2, organismo que publicó un documento -al que LA NACION tuvo acceso- en el que se describieron las herramientas utilizadas para generar una instancia de intervención restaurativa en la resolución de conflictos.

"Nuestra formación basada en una cultura jurídica que daba respuestas tradicionales debe y tiene que ser cuestionada: el litigio y la exacerbación del conflicto como sinónimo de éxito profesional, la estimulación de la venganza, los años de espera en la tramitación de los expedientes, las exposiciones a rituales jurídicos inentendibles para el común de las personas [?] evidencian la apropiación del conflicto primigenio por parte de la administración que, ni aún con la mejor y más académica de las sentencias, deja del todo satisfecha a las partes en conflicto", explica el documento.

En este informe de la defensoría, Pradel cita el caso de dos jóvenes que robaron cuatro garrafas de una ferretería barrial, cuya dueña era una mujer comprometida con las actividades vecinales de la zona, que por eso se sentía ofendida más allá de la pérdida material. Los operadores judiciales informaron a esta mujer sobre la posibilidad de realizar una audiencia, y ella aceptó. En esa reunión, los jóvenes escucharon a la señora; luego pidieron disculpas, se ofrecieron reparar el daño y así -llorando de emoción- los tres llegaron a un acuerdo. "A partir de ahora, somos amigos", dijo la damnificada para cerrar el encuentro.