Violencia en Salta. Una familia reclama justicia por un peón rural que murió tras una paliza policial

“Este caso es de los poquísimos de violencia institucional en la provincia que llegó a juicio con una buena base probatoria. Pero no fue porque hubo una investigación eficiente, sino porque lo que hicieron fue realmente grotesco. En Salta, la policía está acostumbrada a manejarse con impunidad. Paradójicamente, esa costumbre permitió que las pruebas sean abundantes”. Eso afirma Josué Díaz Cueto, abogado de la familia de Cristian Exequiel Gallardo, un peón de 23 años muerto tras ser detenido por policías que le dieron una paliza cuando fueron a detenerlo por el robo de un celular.

La madrugada del 26 de agosto de 2019, Cristian apuraba unas botellas de cerveza con amigos en la vereda de un barrio periférico de Salta Capital. Estaba celebrando su regreso desde Embarcación, donde había pasado cuatro meses trabajando en una finca, pero sobre todo, estaba feliz por el reencuentro con sus dos hijos, que entonces tenían tres y seis años.

Los excesos de la Policía de Salta eran conocidos y Cristian no dudó: vio acercarse una furgoneta con luces azules y se metió corriendo a la casa de un amigo.

Los agentes, sin embargo, ya estaban decididos. Abrieron a patadas la puerta de la vivienda, aun sin orden judicial, y buscaron a Cristian hasta encontrarlo escondido en el lavadero. Lo golpearon salvajemente y lo subieron esposado a la caja de la camioneta. En el video que filmó una vecina y que luego se viralizó se oyen los golpes y los gritos de auxilio por parte del joven. Recién cuando Cristian se calló, los policías lo trasladaron a la comisaría 15 del barrio Democracia, donde llegó muerto.

“Los policías dijeron que mi hermano había robado un celular en una parada de colectivos con un cuchillo y que por eso lo fueron a buscar. Ellos se mandaron la macana, buscaron cualquier chico y lo hicieron mentir. La denuncia del robo la hicieron después de que mataron a mi hermano”, se lamenta Mariel Gallardo, que motivada por el caso de Cristian creó la Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil de Salta.

La acusación

El fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, pidió ante el Juzgado de Garantías N°7 elevar a juicio la causa contra los policías Ricardo Llaves, Lucas Ozuna, Ricardo López y Jorge Olea por el delito de homicidio culposo en concurso ideal con vejaciones calificadas. También imputó al agente Elio Moya por falsedad ideológica en concurso ideal con encubrimiento agravado y al joven Ángel Lozano —la supuesta víctima del robo— por falso testimonio en concurso ideal con encubrimiento.

Según la reconstrucción que hizo el fiscal, Llaves, Ozuna, López y Olea “aplicaron maniobras inadecuadas, impropias y excesivas en su afán de aprehenderlo” a Cristian y “le dispensaron un trato áspero y riguroso provocándole lesiones en diversas partes del cuerpo”.

También destacó que la muerte era una “situación previsible” porque ante una descompensación “no respondieron a la emergencia, practicando al menos maniobras de reanimación que también formaban parte de la capacitación de los mismos, ni efectuando el pedido oportuno de asistencia sanitaria para que personal de emergencia pudiera concurrir al lugar para resolver la situación”.

Con respecto al oficial Moya, que recibió el cuerpo en la comisaría, “consignó datos y situaciones que no se correspondían con lo que había acontecido” en el libro de guardia de la dependencia “con la única intención de favorecer a sus colegas involucrados a fin de que eludan la persecución penal”.

Por último, Lozano, el único civil imputado que acompañó esa madrugada a los policías, “omitió referir” la agresión sufrida por la víctima dentro de la caja del móvil policial “debiendo entenderse que su silencio favorecía la situación de quienes lo auxiliaron tras el ilícito que sufrió en la vía pública en el que había intervenido Gallardo”.

Casos sistemáticos

La autopsia verificó numerosas lesiones en el cuerpo de Cristian y se llegó a la conclusión de que la muerte se produjo por isquemia aguda de miocardio.

“Mi hermano tenía todo el cuerpo morado, brazos, piernas, y la cara molida. A la comisaría llegó sin un ojo porque se lo reventaron a golpes”, se queja Mariel.

Si bien los estudios forenses no probaron que la muerte haya sido resultante de los golpes, para el abogado Díaz Cueto la carátula de homicidio culposo es insuficiente. “Se actuó con negligencia, impericia y, sobre todo, con un exceso de confianza en que no se les iba a morir. Cristian se muere porque a los agentes les resultó indiferente su estado después de la golpiza. Para nosotros es un homicidio doloso”.

Las cuatro hermanas de Cristian —era el menor— y su madre asumieron el reclamo de justicia. Su padre, enfermo del corazón, lo llora lejos de los micrófonos y las cámaras. Los hijos de Cristian, en tanto, jamás recibieron algún tipo de asistencia del Estado.

Mientras se espera la fecha del debate oral, Mariel ya denunció que los policías Olea y Ozuna no cumplían con la prisión domiciliaria y que se paseaban por el barrio. Así logró que les pusieran la tobillera electrónica.

“Lo único que espero de la Justicia —dice— es que estén presos en una cárcel común porque ellos están para defendernos, no para matarnos. En Salta, los casos como el de mi hermano son sistemáticos. Esa es la forma en que la policía trata a nuestros chicos”.

Relevamiento de casos sin condena

El caso de Cristian Gallardo es, según el abogado de la querella, Josué Díaz Cueto, uno de los más resonantes de gatillo fácil que llega a juicio en la provincia de Salta con chances de lograr una pena ejemplar.

Como antecedente cita el de Nahuel Salvatierra, un menor de 17 años que en 2018 fue asesinado de un tiro en la cabeza por el cabo Juan Carlos Cardozo. Durante el juicio que duró 10 meses, se probó que el policía lo mató sin más y luego pretendió hacerlo pasar como un enfrentamiento entre barras barriales. Finalmente, Cardozo fue encontrado culpable del delito de homicidio calificado agravado por el abuso en su función o cargo y condenado a la pena de prisión perpetua.

“En 2020 —recuerda Díaz Cueto— realizamos un relevamiento junto a la Asociación Pensamiento Penal (APP) y la organización H.I.J.O.S. sobre casos de violencia institucional durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y en solo dos meses constatamos más de 20 hechos. Menos de la mitad llegó a juicio, y los que llegaban a esa instancia terminaban en absolución”.

Durante el reclamo de justicia por su hermano, Mariel Gallardo conoció a Jorge Farfán, padre de “Gurí”, el joven de 24 años que murió en la comisaría del barrio Santa Ana en febrero de 2019. Entre los dos formaron la Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil de Salta, que ya tuvo reuniones con funcionarios provinciales para denunciar la existencia de una forma de actuar sistemática en cada uno de los hechos que involucran a policías y jóvenes de los barrios populares.

“No queremos montar ninguna cruzada contra las fuerzas policiales —aclara Díaz Cueto— porque entendemos que lo que ocurre es multicausal. Tiene que ver con las condiciones de trabajo de los agentes y con la falta de formación. La mayoría de los policías imputados en casos de violencia pertenecen a los mismos sectores populares a los que pertenecen las víctimas. Son cabos, agentes, sargentos que trabajan en las calles, nunca son los jefes los apuntados. Hay que avanzar en una mejora integral en la forma en que ellos desarrollan sus funciones. Si no, seguiremos sufriendo lo mismo”.