A 10 años de la tragedia de Ecos, la ruta 11 sigue siendo la más letal

Pasó una década desde la noche del 8 de octubre cuando, en la ruta nacional N° 11, en Santa Fe, un camionero alcoholizado se desvió de su carril y, a contramano, chocó contra el ómnibus en el que alumnos y docentes del colegio porteño Ecos volvían de entregar donaciones en una escuela rural de Chaco. Murieron nueve estudiantes, una docente, el chofer del camión y su acompañante.

A pesar de la tragedia, aún la ruta sigue siendo una de las más peligrosas de la provincia. “Es uno de los caminos con más cantidad de muertos, junto con la ruta 34”, afirma Mariano Bonino, director del Observatorio Vial de la provincia de Santa Fe.

El año pasado murieron 595 personas en accidentes de tránsito en Santa Fe. La ruta 11 concentró la mayor cantidad en toda la provincia. De hecho, allí se produjo el 11% de las muertes.

Según el Observatorio Vial, 67 personas fallecieron en choques en esa vía y 48, en la ruta 34.

En ambos casos, la cifra es apenas inferior a la del año anterior (69 en la 11 y 52 en la 34). Pero en la ruta 11 hay variaciones en las cifras relativas a la cantidad de incidentes viales: en 2014 hubo 832 y el año pasado, 445.

En el caso de la 34, el número se mantuvo en poco más de 100.

La ruta 11 sigue teniendo dos carriles. Une las provincias de Santa Fe, Chaco y Formosa a lo largo de 980 kilómetros, de los que 616 son santafecinos. "Es de las que más flujo tiene por su extensión", explica Bonino una de las razones sobre la cantidad de muertes.

"En 2018 van a empezar las obras para agregar una tercera trocha, calzar las banquinas y convertirla en ruta segura", dice el director ejecutivo de Seguridad Vial de la Nación, Carlos Pérez, y anticipa que habrá una mayor presencia de radares.

Carlos Ecker, uno de los familiares de las víctimas de la tragedia de Ecos y miembro de Conduciendo a Conciencia, sostiene: "La ruta está igual que hace 10 años, sin banquinas. Eso y la inconciencia de algunos conductores hace que no haya cambios estadísticos".

Las cifras oficiales en el país muestran un descenso en la cantidad de víctimas fatales por hechos de tránsito en los últimos años, pero el número siempre supera las 5000. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en 2014 hubo 5279 muertes. La cifra de 2012 había sido de 5759. Sin embargo, ambas estadísticas están cuestionadas por la actual gestión.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud sostiene que la Argentina está entre los países con menor tasa de mortalidad en América del Sur en este aspecto (12,6 cada 100.000 habitantes), después de Chile (12,3).

La tragedia de Ecos también contribuyó a poner el ojo en los controles a los choferes de ómnibus de larga distancia. Estos, cada año, deben hacerse un chequeo médico (físico, clínico, psicológico y toxicológico), a cargo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Además, desde este año, en la terminal de ómnibus de Retiro hay controles diarios de consumo de drogas y alcohol, que se hacen de manera aleatoria. En distintos operativos, en las últimas semanas se detectó que nueve choferes que trasladaban a estudiantes habían consumido cocaína o sustancias derivadas, por lo que se les extrajo la licencia y se les labró un acta. En el caso del turismo estudiantil hay controles aleatorios y pueden ser pedidos por los padres de los estudiantes. El secretario municipal de turismo de Bariloche, Marcos Barberis, pidió más controles en las rutas.

Esperanza

Luego de la tragedia de Ecos, los familiares de las víctimas se agruparon en la ONG Conduciendo a Conciencia y cada octubre organizan un festival para homenajearlas, recaudar donaciones y reclamar justicia. El de este año será especial, no sólo porque se hará por primera vez en el CCK, sino porque, hace un mes, la Corte Suprema provincial declaró la prescripción de la causa.

"Seguimos caminando por el mismo rumbo, de la mano de los que nos alientan y toman esta lucha como propia", dice a LA NACION Alba Saenz, madre de Federico, una de las víctimas (ver aparte).

Para los familiares es inobjetable que el principal responsable fue Ángel Soto, el conductor del camión, que iba al volante borracho y en zigzag.

Durante estos años, la Justicia invesigó si Oscar Atamañuk, el conductor del ómnibus de la empresa Godoy, en el que viajaban los chicos y la docente, circulaba a una velocidad mayor a la permitida y si la maniobra que hizo para evitar la colisión contribuyó o no a magnificar la tragedia. Hubo tres sentencias, muchas de ellas lo consideraban responsable. Ninguna quedó firme. Irregularidades judiciales llevaron la causa dos veces a fojas cero.

Hoy la única esperanza de los familiares es que el máximo tribunal del país se pronuncie sobre la decisión de la Corte santafecina. No pueden involucrarse demasiado porque es una causa que se guía por el antiguo Código Procesal Penal de Santa Fe, es decir, no incluye la figura de querellante y la defensa está a cargo de los fiscales.

Una ley

En el ámbito legislativo, si no se trata antes de fin de año podría perder estado parlamentario un proyecto que en 2015 fue aprobado por la Cámara de Diputados y que busca endurecer las penas para delitos viales. A la sanción, le siguió un comunicado de asociaciones de familiares de víctimas de tránsito integrantes del Consejo Consultivo de la ANSV -incluso Conduciendo a Conciencia-, en desacuerdo y con proyecto propio, que proponía que el Código Penal incluyera un capítulo que indicara penas de prisión efectiva y agravantes que quedaron fuera de la ley votada en el Congreso.

Lo que se votó, impulsado por la asociación Madres del Dolor, contempla agravantes, como la fuga del responsable, la falta de ayuda a la víctima, que esté bajo los efectos de drogas o con más de un gramo de alcohol en sangre, y que supere los 50 kilómetros por hora. La pena podría ir de tres a seis años de prisión, cuando la legislación actual fija condenas de dos a cinco e inhabilitación entre cinco y 10 para quienes causen una muerte al volante.

La crítica del Consejo Consultivo de la ANSV es que aumentan las penas, pero sigue siendo un delito excarcelable.