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Acusan a un psicoanalista de la manipulación de sus pacientes
Por Jorge Urien Berri De la Redacción de LA NACION
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La transferencia es el conjunto de fenómenos que se dan en la relación entre el psicoanalista y su paciente. En un plano más prosaico, es el traspaso de dinero o bienes.
Los dos tipos de transferencia, mezcladas con una serie de dramas familiares de gente de muy alto poder económico, serán materia de debate en un juicio oral sin precedente después de la feria judicial de julio.
En las audiencias se buscará determinar si el médico psicoanalista José Abadi (no hay que confundirlo con su primo casi homónimo, José Eduardo Abadi, psicoanalista y periodista cultural) abusó durante casi veinte años del análisis para dominar y controlar a dos familias muy pudientes enfrentando entre sí a los miembros de cada una, “provocándoles daños psicológicos de diversa gravedad relevados en las peritaciones”, como sostiene el requerimiento de la elevación a juicio del fiscal en lo criminal Jorge L. Ballestrero. El objetivo de las "técnicas manipulativas" que aprovechaban la "vulnerabilidad psíquica", según el fiscal, habría sido económico, pues Abadi logró que ambas familias abrieran cuentas bancarias en el exterior a nombre de ellas y suyo para luego quedarse con casi 58.000 dólares en un caso, sumados, siempre según la acusación fiscal y los testimonios, a honorarios mensuales de hasta 30.000 dólares. Una paciente llegó a designarlo su albacea testamentario.
Abadi, de 62 años, es médico y realizó el curso de psicoanalista en la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA). Está procesado desde 2002 y será juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 16 por lesiones graves y estafa reiterada en dos oportunidades.
Para marcar lo inédito del caso, los escritos de los fiscales y del tribunal hablan de "hechos tan singulares como los aquí indagados" y "situaciones novedosas".
Celia González -su marido, un profesional importante, pidió a LA NACION que no figurara el apellido de casada-, es la mujer que desde hace más de diez años denuncia a Abadi, primero en la APA y en la Justicia como querellante. Ella cree que "hay muchas más víctimas, todas de dinero, que por vergüenza no quieren aparecer. Solamente mi marido le llevó veinte pacientes a Abadi. Aquí hubo lavado de cerebro, como hacen las sectas".
Ricardo Huñis, abogado de la querella con David Baigún, también cree que hay más damnificados: "En el juicio oral declararán como testigos alrededor de diez personas perjudicadas".
Consultado por este diario, Ricardo Solomonoff, uno de los tres defensores de Abadi, respondió que ni el médico ni la defensa darán entrevistas ni emitirán opinión.
Tampoco en la APA quisieron opinar (ver aparte). Según el fiscal Ballestrero, Abadi le cobraba hasta 6500 dólares mensuales a la familia de González (unos US$ 300.000 a lo largo de todo el tratamiento) y US$ 30.000 a la otra.
"No eran terapias de familia. Nos trataba a cada uno -cuenta González- pero no había tratamiento alguno. Buscaba que nos enfrentáramos y nos distanciáramos contándole a uno lo que decía otro". Su hija menor agrega: "Por ejemplo, me preguntaba si no deseaba que mis padres murieran". "No hubo mala praxis porque no hubo tratamiento", acota Huñis.
"Primero -sigue González- comencé yo y al tiempo Abadi me preguntó quién pagaba las sesiones. Mi marido, le dije. Pidió conocerlo, empezó a tratarlo y luego trató a tres de mis cuatro hijos, todos menores. El mayor de ellos se alejó de la familia totalmente dominado por Abadi. Yo me abrí mucho antes porque noté cosas raras. Por ejemplo, me hacía ir a su quinta los domingos y me cobraba el doble. Allí conocí a otros pacientes . Eran como sesiones en grupo en las que tomábamos café. Pero no podía cortar definitivamente con Abadi porque había captado a toda mi familia."
Su marido declaró que en una oportunidad confió a Abadi que su hijo mayor quería suicidarse. "Y Abadi me respondió: «Si es su decisión, hay que respetarla»".
González relata: "Cuando el médico advirtió que no podía dominarme, intentó que dos de mis hijos, que ya eran mayores, firmaran mi internación psiquiátrica. No lo hicieron y Abadi me inventó una demanda por amenazas, en la que me sobreseyeron. Y ahí lo denuncié".
En el caso de la otra familia, la denunciante es Teresa y su esposo declaró que él tenía una empresa dedicada a operaciones en el mercado abierto de valores: "Abadi me indicaba cómo manejarla e ingresó en la firma a un abogado, un contador y un tesorero que eran pacientes suyos. Denuncié al tesorero por defraudación, pero la empresa quebró y Abadi me dijo que no volviera a llamarlo".
Teresa, esposa de este empresario, declaró que nombró a Abadi albacea de su testamento. "Teresa tenía la foto de Abadi en su despacho", dice González.
Otro hombre, que también pidió que no se lo identificara, refiere que su esposa nunca se quejó en los 25 años en que Abadi la trató. "Vivíamos en el mismo edificio y él me convenció de comprar juntos un departamento en Punta del Este, en Amarras del Sol. Pagué 56.000 dólares pero, cuando mi mujer murió, a los tres días Abadi me reclamó que ella le debía 37.000 dólares. Perdí los 56.000 dólares y me demandó por amenazas".
Cuatro años después de la elevación a juicio, las audiencias tendrían que haber empezado el 19 de abril último, pero ese día la defensa del médico planteó que los hechos denunciados por González y su familia habían prescripto.
El abogado Huñis argumentó que los daños sufridos por la familia continúan hasta el día de hoy. Finamente, el Tribunal Oral resolvió que debe haber juicio y, a su término, resolverá el planteo de prescripción.
