Acusan al ex juez Branca de arreglar causas por dinero

De juez a acusado. Ese fue el camino que transitó Carlos Branca desde que una cámara oculta lo descubrió como el supuesto protector de una banda de contrabandistas. Pero a cuatro años de aquellas imágenes, el ex titular del juzgado federal N° 12 aún no fue sometido a juicio, porque ahora se sospecha que fue el jefe de una banda mayor dedicada a arreglar causas judiciales que caían en su despacho a cambio de dinero.

Esa es, al menos, la hipótesis del fiscal que tendrá que acusarlo en el juicio oral, Gustavo Bruzzone. El 22 del mes último era la fecha fijada para el juicio a Branca, pero el ex juez no se tuvo que sentar en el banquillo: la audiencia se suspendió luego de que Bruzzone planteó que, como integrante de una asociación ilícita, esos supuestos delitos debían ser investigados por separado y tenían que estar a cargo de un juez federal.

"La verdadera asociación ilícita que debe ser investigada se extiende a la totalidad de los hechos ilícitos que eventualmente se puedan haber realizado desde el momento en que Branca fue designado juez federal", dijo Bruzzone en uno de sus dictámenes de 1999.

Y en posteriores resoluciones describió lo que, a su juicio, es el modus operandi de la supuesta asociación ilícita: una vez detectada una infracción tributaria o previsional se ofrecía a los empresarios involucrados arreglar la causa a cambio de dinero o una casa quinta, como -según Bruzzone- se descubrió en un caso. Así, los acusados serían liberados o sobreseídos, o, de lo contrario, se actuaría según la ley.

"La gravedad de esta afirmación, es decir que un juez organiza desde su tribunal una organización para cometer delitos de manera indiscriminada, es la hipótesis de trabajo que debe profundizarse. La asociación ilícita que debe ser investigada puede denominarse: "Juzgado Federal N° 12". Ese es el nombre de la asociación ilícita", señala Bruzzone.

Sospechas varias

Las sospechas del fiscal se basan en tres causas judiciales e informaciones extrajudiciales que nunca llegaron a ver la luz en una denuncia o en un expediente penal. Pero dos de los sumarios ya fueron cerrados y los acusados, sobreseídos.

Se trata de las causas 6148/96 y 969/97, en las que estaban imputados el ex secretario de Branca Alejandro Montone, acusado de ofrecer arreglar causas por medio de los abogados Fernando Burlando y Martín Cerolini, que cobraron notoriedad por defender a la banda de ladrones de Los Hornos, condenados por asesinar al reportero gráfico José Luis Cabezas.

Tres años insistió con esta postura ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, integrado por los jueces Ernesto Gandolfi, Clelia Oliva Hernández y Héctor Acuña, que aún debe fijar fecha para otros juicios resonantes; entre ellos, el del ex interventor en Fabricaciones Militares (FM) Luis Sarlenga y el del secretario de Turismo del gobierno de Carlos Menem Omar Fassi Lavalle.

Finalmente, el tribunal admitió su postura y la causa para investigar la asociación ilícita recayó en el juzgado de Jorge Ballestero, que la rechazó al alegar que no era competente. Ahora, el problema está en estudio de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal: Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi.

En el ínterin, el juez federal Claudio Bonadío procesó a los abogados y a Montone dos veces, pero todos los acusados fueron sobreseídos en ambas causas en 2000 y el 20 de abril último por los jueces de la Sala II Irurzun y Luraschi. Cattani no firmó ninguna de las dos resoluciones.

Aún queda abierta una causa, la que derivó en la remoción de la jueza federal de Morón Margarita Raquel Morritz Dloogatz.

El expediente investiga si Branca fue cómplice de la magistrada en maniobras similares a las que le costaron el cargo, según Bruzzone.

Estas consistirían en presionar mediante la policía a supuestos infractores, a los que se ofrecía arreglar sus causas a cambio de dinero.

Al menos otros tres casos, en los que supuestos mensajeros de Branca presuntamente intentaron arreglar causas penales con cooperativas que otorgaban préstamos personales, no llegaron a la Justicia.

Aunque un reconocido penalista, que fue un alto funcionario del gobierno de Fernando de la Rúa, era el letrado de una de las empresas y, en otra, la víctima fue un familiar de un fiscal federal, dijeron a La Nación fuentes judiciales.

Rumores en Tribunales

Antes de que la lente de Telenoche Investiga mostrara las supuestas negociaciones entre Branca y los contrabandistas de Ezeiza, los rumores sobre irregularidades en su juzgado eran parte del corrillo tribunalicio.

Hasta un juez vecino al despacho de Branca le recriminó que era vox populi que en su oficina se arreglaban los expedientes, dijeron fuentes judiciales.

Montone renunció poco tiempo después al juzgado y fue a trabajar como asesor del gobierno bonaerense, entonces en manos del justicialista Eduardo Duhalde. Ahora tiene su estudio jurídico, donde, según fuentes tribunalicias, colabora el ex juez.

Mientras tanto, se discute quién va a ser el sucesor de Branca, mientras el ex magistrado espera su juicio.

Por Hernán Cappiello

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