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Afirman que no existe la norma que impide abanderados extranjeros
La resolución aplicada en Neuquén nunca se publicó en el Boletín Oficial.
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NEUQUEN.- La controversia desatada en torno de las alumnas Natalie Rocha Navarro y Mariana Vilali Vilte Chávez, que no pudieron ser abanderadas por ser extranjeras, cobró nuevo impulso, al trascender que el Consejo Provincial de Educación admitió, en un trámite judicial, que la resolución alegada por las autoridades no existe.
Así lo informó el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), al señalar que la resolución 2256, dictada en diciembre de 1988 y aplicada por el Consejo Provincial de Educación durante diez años no fue publicada en el Boletín Oficial.
La aludida norma tenía como requisito exclusivo que el abanderado escolar debe ser "argentino nativo" y fue el argumento oficial utilizado para impedir que las estudiantes Natalie Rocha Navarro, nacida en Chile, y Mariana Vilali Vilte Chávez, de origen mexicano, portaran la bandera argentina en el acto de fin de curso.
El caso trascendió las fronteras de la provincia y derivó en una prolongada controversia acerca de su validez, que se extendió al plano nacional. El Inadi y otras organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron una denuncia judicial por entender que la norma era discriminatoria.
Admisión en la Justicia
Según informaron fuentes del Inadi, cuando el Tribunal Superior de Justicia pidió al Consejo de Educación que opinara sobre el asunto la respuesta fue poco creíble: los abogados del titular del organismo, Guillermo Viola, dijeron que la resolución no era inconstitucional por la sencilla razón de que no existía, dado que nunca fue publicada en el Boletín Oficial.
El planteo por inconstitucionalidad había sido presentado por la Asamblea por los Derechos Humanos y el Congreso de Trabajadores Argentinos.
Viola había presidido el Consejo Provincial de Educación en 1988, fecha en que presuntamente se había dictado la norma. Ahora la controversia podría tener consecuencia penales para los funcionarios que obligaron a cumplir, aparentemente, una disposición inexistente.
La controversia en torno de las alumnas Natalie y Mariana se desató a principios de diciembre último. En los tramos finales del ciclo lectivo, al elegirse los abanderados para el curso siguiente, se supo que las alumnas no podían ser abanderadas pese a tener las mejores calificaciones, por haber nacido en países extranjeros.
Natalie concurre a una escuela primaria de la capital neuquina. Nació en Chile y cursó toda la primaria en escuelas de la provincia.
Mariana, en cambio, nació en México porque sus padres, que eran argentinos, partieron al exilio durante el último régimen militar. Toma clases en un secundario de Aluminé, a 350 kilómetros de esta ciudad, y por su origen mexicano le fue negada la distinción de portar la bandera.
"Toda la sociedad ha sido empujada a un estéril debate por Viola", dijeron ayer los abogados que presentaron los recursos ante la Justicia.
"Desde 1988, cientos de estudiantes han sido discriminados por su lugar de nacimiento, no permitiéndoseles portar la bandera escolar, por vía de facto, sin norma legal alguna. Manu militari", afirmaron los abogados de los organismos querellantes.
Acto de grandeza
El Inadi pidió a Viola "un último acto de grandeza: que pida perdón públicamente y que renuncie", afirmó el titular del organismo, Víctor Ramos. Pero el funcionario provincial, que había defendido con ahínco la validez de la norma, prefirió ahora el silencio.
Natalie está con su familia en viaje de vacaciones y resultó imposible obtener su opinión.
Renée Chávez, la madre de Mariana, expresó su alivio por el desenlace del caso. "Siempre me sentí acompañada, aunque por momentos me asustó el tono xenófobo de algunas posturas", reveló ayer, en diálogo con periodistas.
"Soy directora titular de una escuela del interior y para rendir el concurso tuve que leer la Convención Internacional de los Derechos del Niño.Ahí está muy claro que no se los puede discriminar por su origen", precisó Mientras se espera la respuesta oficial del funcionario Viola, ahora se comprende una decisión que tomó a principios de este mes: elaboró una reforma a la resolución 2256 y pidió su urgente aprobación. Al parecer fue un intento por enmendar el error que arrastró durante una década, se interpretaba ayer una vez conocida la novedad.
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