Allanaron las oficinas de Abel Fatala

A raíz de la denuncia de un grupo de vecinos de Belgrano, damnificados por las inundaciones que afectan reiteradamente el barrio, la Justicia allanó ayer la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Gobierno de la Ciudad y la empresa constructora CCI en busca de información sobre la retrasada construcción del canal aliviador del arroyo Vega, que corre bajo la calle Blanco Encalada.

La jueza Ana María Bullacio de Rúa investiga si las demoras en los trabajos del aliviador del Vega, que se proyectó bajo la avenida Monroe, originaron en enero último la muerte de cuatro ancianas que vivían en un geriátrico y los millonarios perjuicios que sufrieron vecinos y comerciantes de la zona de Cabildo y Blanco Encalada.

Medio centenar de policías y numerosos empleados judiciales se presentaron ayer al mediodía en las oficinas del secretario de Obras y Servicios Públicos, Abel Fatala, situadas en el 9º piso del Edificio del Plata, en Carlos Pellegrini y Perón.

Por orden de la titular del juzgado correccional Nº 13, el fiscal Marcelo Martínez Burgos secuestró media docena de cajas que contenían los expedientes de la licitación de las obras del canal aliviador del arroyo Vega, planos de la traza de los trabajos, resoluciones y decretos.

La documentación será analizada durante el fin de semana y, según adelantaron algunos funcionarios judiciales, en los próximos días se podría llamar a declaración indagatoria a los eventuales imputados en la causa.

Según la denuncia de los vecinos, que impulsó en la Justicia la psicóloga Alicia Schmoller -vecina de Blanco Encalada 2248 que tras la inundación del 24 de enero último perdió casi todas sus pertenencias-, Fatala y varios de sus colaboradores serían los responsables de la paralización de los trabajos.

A los funcionarios se los acusa de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario. La ley castiga con penas de hasta dos años de prisión excarcelable a los autores de estos delitos.

Pero la acusación no termina allí: los denunciantes quieren que se investigue también la remodelación del despacho de Fatala. Dicen que el secretario pagó 140.000 pesos por los trabajos, que habrían sido realizados por contratación directa.

El secretario de Obras y Servicios Públicos no quiso hablar ayer con la prensa, pero sí lo hizo el procurador general, Juan Carlos López.

En diálogo con La Nación , López dijo que "la obra fue interrumpida por la gran cantidad de interferencias que se encontraron bajo tierra, pero fue impulsada nuevamente al poco tiempo de que Fatala se hizo cargo de la Secretaría".

El procurador agregó que "las demoras comenzaron antes de la llegada de Fatala al cargo" y calificó las imputaciones como "desproporcionadas".

Mientras los policías cargaban las pesadas cajas con cientos de papeles, la denunciante explicaba en la planta baja del edificio los motivos de su presentación.

"Yo estoy segura de que Fatala es el responsable de las dilaciones; nunca nos dio ninguna explicación;prometió y no cumplió", acusó Alicia Schmoller.

Historia de controversias

El centro de la acusación apunta al canal aliviador del arroyo Vega, cuya historia es larga y controvertida.

Según consta en el escrito presentado por los vecinos ante la Justicia, a mediados de 1998 el entonces jefe del gobierno porteño, Fernando de la Rúa, llamó a licitación para la construcción del aliviador de 2 kilómetros de extensión por un monto cercano a los 7,5 millones de pesos.

La empresa Aragón Construcciones ganó el concurso y debía comenzar la obra a principios de 1999, pero el inicio se demoró debido al cambio de denominación de la firma -ahora se llama CCI-, por lo que se empezó sólo en agosto de ese mismo año.

Según el contrato de licitación, el plazo total de construcción era de ocho meses, pero hasta marzo de 2000 se habían construido sólo 400 metros bajo Monroe, desde Ramsay hasta Artilleros.

A partir de allí, los trabajos quedaron paralizados debido a un conflicto que se generó con los frentistas de Monroe, que se oponían a que la obra pasara por allí, ya que generaría numerosos problemas en la zona.

Los vecinos y comerciantes de Blanco Encalada, cuyas viviendas y locales se inundan cada vez que cae una lluvia torrencial en la zona, pusieron el grito en el cielo y pidieron que se continuara con los demorados trabajos.

Las obras se reanudaron tras la inundación del 24 de enero último y avanzan lentamente.

El secretario, de acusador a acusado

En menos de un mes, Abel Fatala realizó dos explosivas denuncias en la Procuración por obras que se pagaron durante la gestión municipal anterior, pero que no se habrían realizado.

El 30 del mes último, el secretario de Obras y Servicios Públicos denunció que se pagó 1.500.000 pesos por trabajos en bocas de registro y caños situados en la zona inundable de Belgrano que no habrían sido realizados en su totalidad o, en algunos casos, no se habría hecho nada.

El 8 del actual, el funcionario volvió a la carga. Sostuvo que por los trabajos de construcción de una estación de bombeo en La Boca se pagaron 540.000 pesos, pero nunca fueron realizados.

Las denuncias de Fatala apuntaron a los secretarios anteriores:Nicolás Gallo y Hugo Clause, lo que generó un duro cruce de acusaciones.

Ahora, el atribulado funcionario aparece en el centro de las acusaciones judiciales de los vecinos, que lo ven como el máximo responsable por las demoras en la terminación del canal aliviador del arroyo Vega, en Belgrano.

En febrero último, Fatala responsabilizó a Clause por las dilaciones en la obra:"Hubo errores. Cuando asumimos estaba parada y había sufrido problemas administrativos".

Clause no tardó en contestar: "Entre agosto y diciembre de 1999 realizamos el 22 por ciento de la obra. Luego se paralizó".

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