Allanaron Telefé por el presunto fraude telefónico

Los avatares judiciales de Susana Giménez parecen no tener fin. Ayer, la Justicia allanó la sede del canal Telefé, mientras la diva se preparaba para su programa de entretenimientos, y secuestró documentación referida a los concursos televisivos con los que, presuntamente, se habrían cometido fraudes y reiteradas estafas, según se investiga.

En tanto, fuentes policiales dijeron que, en simultáneo con el allanamiento a las oficinas de la producción y el camarín de la conductora, se realizaron operativos similares -en Alicia Moreau de Justo al 1100, en Puerto Madero, y en Maipú al 700, en Vicente López- en oficinas que pertenecerían a la empresa de audiotexto Hard Communication, cuyos propietarios son el novio de la diva, Jorge Rodríguez, el ex montonero Rodolfo Galimberti y el empresario Jorge Born.

El operativo en la sede de Telefé, en Luis Sáenz Peña al 1000, ordenado por el juez Facundo Cubas, se desarrolló entre las 15 y las 19 de ayer.

Fue encabezado por el fiscal Martín Niklison, que contó con el apoyo de efectivos de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, que se incautaron de material fílmico de los programas de la conductora, y de contratos y facturas correspondientes al año último.

Entre ellos, aclararon fuentes de la investigación, había documentación referida al convenio firmado el 26 de septiembre de 1997 entre Hard Communication y la fundación Felices Los Niños, que dirige el padre Julio Grassi, punto central de los problemas legales de la diva, de su novio, y del ex montonero y del empresario, otrora enemigos y ahora socios en los negocios.

La punta del ovillo

Fuentes judiciales explicaron que los allanamientos de ayer podrían ser el paso previo de una declaración indagatoria de los cuatro implicados por el supuesto delito de estafa con los concursos televisivos.

El miércoles último, la Cámara del Crimen porteña había revocado el sobreseimiento de los cuatro imputados -Giménez, Rodríguez, Galimberti y Born- y le indicó al juez Cubas que debía profundizar las investigaciones sobre la diva y Hard Communication sobre dos puntos: una eventual estafa en perjuicio de la fundación Felices Los Niños, mediante un concurso televisivo a beneficio, y un presunto fraude telefónico contra usuarios que recibieron en sus facturas comunicaciones a líneas 0-600 y 0-939 que, afirman, nunca hicieron.

Justamente, Susana y los tres socios de Hard Communication comenzaron a caminar en la cuerda floja hace unos dos meses, cuando la abogada Raquel Jaskelson denunció ante la Justicia que le habían facturado llamadas al concurso "Su llamado", del programa de Giménez, que nunca había hecho.

De esa denuncia surgieron indicios de que Hard Communication habría lucrado con la colecta electrónica que, en el programa de la diva, se hizo en favor de la fundación del padre Grassi.

A esta denuncia se suman otra por presuntas estafas, impulsada por el fiscal Martín López Perrando; otra radicada ante el juez Adolfo Bagnasco, que investiga si se violó la ley que prohíbe los juegos de azar, y una tercera por eventual evasión impositiva de Hard Communication, en la que el juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia investiga una denuncia de la DGI, que reclama 3.212.387 pesos en concepto de IVA.

El jueves último, el fiscal Juan Manuel Sansone pidió a la Justicia indagar a los responsables de Hard Communication y a sus cómplices por la presunta estafa contra la entidad del padre Grassi y contra los televidentes que participaron de los sorteos televisivos de la diva "convencidos de que realizaban piadosas donaciones".

Sansone concluyó que, con la firma del contrato con Grassi, Hard "quería legalizar un juego irregular o ilegal" en el que "la donación aparece como una mera fachada".

Por Fernando Rodríguez

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