Ante la resistencia a incluir a estudiantes con discapacidad, quieren crear un registro público de vacantes en colegios privados

Ariana recorrió unas 23 escuelas, en la ciudad de Buenos Aires, ante de conseguir una vacante para su hijo Ezequiel que hoy tiene ocho años y en ese momento tenía seis. En todas ocurría lo mismo: a pesar de que la baja de la natalidad hace que las matrículas en los colegios se hayan reducido sustancialmente, cuando le entregaban los formularios de inscripción, ya sabía que la siguiente respuesta iba a ser que no había lugar en esa escuela para su hijo. Las preguntas indagaban si concurría a terapias, como psicología, psicopedagogía o fonoaudiología, entre otras, si necesitaba acompañante terapéutico o maestra integradora, entre otras cuestiones. Simplemente, cuando tildaba alguna de esas opciones, que eran fundamentales para que su hijo recibiera los apoyos necesarios para encarar los desafíos que le ponía por delante su diagnóstico de Trastorno de Déficit Atencional con Hiperactividad (TDAH), la respuesta institucional se volvía sutilmente expulsiva. “Por el momento no tenemos vacante, si se abre una posibilidad te vamos a llamar”, le decían. Pero nunca llamaron. Esto, a pesar desde que desde 2008 existe una ley, la 2681 en la ciudad que establece que las instituciones privadas, lo mismo que las públicas no pueden negarle la vacante a un chico o chica con un diagnóstico, condición o desafío en el aprendizaje.

La situación que relata Ariana es similar al dilema que enfrentan miles de familias de chicos que tienen alguna neurodivergencia o un certificado de discapacidad, que deben estar integrados en escuelas comunes. Sin embargo, conseguir que los acepten es una verdadera odisea. Como existe la ley, siempre les queda la chance de hacer una demanda judicial para conseguir la vacante por la vía del amparo. Algo que muchas familias prefieren evitar, porque saben que después, su hijo o hija tiene que estar todos los días allí y aprender en un contexto hostil o en el que al menos no es bienvenido o bienvenida.

Miles de casos como estos llegan al Observatorio de Discapacidad, que existe en el ámbito del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires. Genoveva Ferrero es la administradora general del Poder Judicial y también es madre de un niño de 6 años que requiere ciertos apoyos para los desafíos que presenta: un trastorno específico del lenguaje e hipersensibilidad sensorial. Aun estando en un cargo público y habiendo sido funcionaria de la Ciudad, conseguir una vacante no fue sencillo. Tuvo que recorrer 14 escuelas, y siempre al recibir el formulario ya sabía cuál iba a ser la respuesta. Hoy su hijo va a una escuela que no queda cerca de su casa pero resulto ser la mejor opción. “Nuestra experiencia es similar a la de miles de familias, que peregrinan de escuela en escuela, sin conseguir vacante. Y pese a que hay una ley, esa ley no se cumple. Lo vemos reflejado en las denuncias que llegan al Observatorio de Discapacidad. Quiere decir que la ley, así como está planteada no sirve para garantizar el derecho de todos los chicos, más allá de sus desafíos, a acceder a la educación. Por eso, impulsamos este debate, para que se cree en el ámbito de la ciudad, de Ministerio de Educación, un registro público de vacantes de escuelas privadas, para que, con esa información disponible, no nos puedan decir en nuestra cara que no hay vacante para nuestros hijos y en realidad para otros chicos, sí”, apunta Ferrero.

LA NACION consultó a las autoridades del Ministerio de Educación porteño sobre la iniciativa, aunque prefirieron no pronunciarse por el momento, mienno se pronunciaron al respecto.

La iniciativa que impulsa el Observatorio de Discapacidad se está tratando por estos días en la Comisión de Educación de la Legislatura porteña. La diputada que lo presentó fue Graciela Ocaña, con el apoyo de otros legisladores. Y antes de que se trate específicamente en el recinto, se está impulsando un debate en el que fueron convocadas todas las partes: desde familias, las instituciones que nuclean a las escuelas, las autoridades de Educación, las escuelas especiales, entre otros. Ayer por la tarde, la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, presidida por Sergio Siciliano, con las diputadas María Bielli y Marina Kienast como vicepresidentas, realizó la tercera reunión de trabajo para abordar un proyecto.

Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), quienes participaron en el debate, adelantan su total rechazo al proyecto de ley que propone la creación de un Registro Público de Vacantes.

“Este proyecto parte de una premisa totalmente infundada, ya que no existe ningún informe, diagnóstico ni estadística oficial que demuestre que haya niños o adolescentes con derecho a proyectos de inclusión que queden fuera del sistema educativo, y mucho menos sin acceso a escuelas de gestión privada”, dice el comunicado de Aiepa.

Ayer por la tarde se realizó el tercero de los encuentros, donde se exponen las distintas aristas. Mientras que las escuelas plantean la falta de capacitación docente en materia de discapacidad y la sobrepoblación de acompañantes, las familias relatan el descarnado periplo que realizan para conseguir vacante y para que sus hijos estén integrados realmente; por otra parte también se planteó la falta de articulación entre el sistema educativo y el sistema de salud, que es de quién dependen por ejemplo las acompañantes terapéuticos y las terapias que realizan estos alumnos, y en cambio las maestras integradoras que dependen del sistema educativo.

“En estos encuentros los relatos de las familias fueron desgarradores. Lo más frecuente, tipo vivo en la comuna 4 y mi hijo va a una escuela en la comuna 11. O familias a las que le dijeron que solo conseguiría vacante en el sistema público. También escuchamos los argumentos de las escuelas, que alegan el derecho de admisión y que piden capacitación. El tema es que esta es una realidad que está entre nosotros y no podemos seguir ignorando. En Argentina no hay estadísticas, pero en Brasil recientemente se supo que hay un chico dentro del espectro autista cada 38. Algo hay que hacer con esta realidad”, apunta Ferrero.

Hay que aclarar que no se trata de crear un registro de vacantes destinadas a personas con discapacidad, ni tampoco establecer una ley de cupo. En cambio, se pide que se haga público el número de vacantes disponibles para todos los estudiantes que tiene cada institución, de modo que no se le pueda negar por motivos arbitrarios, se aclara. No solo conseguir una vacante es una odisea. También mantenerla. Según el relato de las familias, no son pocas las veces que, aun siendo alumnos, las escuelas los “invitan” a buscar otras instituciones. Los argumentos más repetidos son que “esta no es una escuela para tu hijo” o “no estamos capacitados para atender la demanda que él o ella requiere”. Si avanza este proyecto, esto se podría denunciar.

El proyecto de ley dice así: “Los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial en todos sus niveles no podrán negar sin justa causa la matriculación o la rematriculación a un niño, niña, adolescente o aspirante -en caso de ser mayor de edad-, para el año o ciclo lectivo siguiente. En caso de negación sin justa causa, el padre, madre o tutor/a responsable del niño, niña o adolescente o el aspirante podrá presentar una denuncia ante la autoridad competente.” Los/as directores/as de establecimientos educativos de gestión privada y su gabinete tendrán la obligatoriedad de entrevistar al/a alumno/a y, en caso de que padre, madre, tutor y/o responsable lo solicitare, a sus profesionales tratantes de forma previa a expedirse respecto de su matriculación o rematriculación, en forma totalmente gratuita”.

Esto es, porque según relatan las familias, muchas veces se cobra la entrevista de admisión, y esto se usa como un argumento para desalentar la inscripción de ciertos estudiantes.

El recorrido de una madre

Andrea Milman es mamá de un niño de 10 años que tiene el diagnóstico de asperger. Fue una de las madres que expusieron su caso en la Legislatura porteña. “Yo lo anoté en sala de dos sin diagnóstico, entró sin problema. Pero, a los tres años, por características que íbamos viendo, consultamos con una psiquiatra que realmente fue nefasta. Finalmente, dimos consultamos en INECO y allí dimos con el diagnóstico. A la hora de inscribirlo en la primaria, desde la escuela nos sugirieron buscar otra institución. El argumento fue que nunca habían tenido una maestra integradora, que no tenían experiencia. Empezamos a buscar. Recorrimos y contactamos más de 20 colegios. Algunos, por teléfono ya nos decían que no tenían vacante apenas mencionábamos la situación. En otros, nos hacían entrevistas para decirnos que tampoco. En una escuela nos hicieron tres entrevistas, no solo que nos las cobraron sino que además, en una de ellas, la psicóloga le aplicó un test o evaluación de la condición sin que hubiéramos dado la autorización. Finalmente decidimos quedarnos en la escuela en la que estábamos. Como padres, aprendés que muchas veces, si tenés una vacante te tenés que aferrar a ella. Y la verdad es que la escuela aprendió mucho con nuestra experiencia y se abrieron a esta posibilidad y fue muy bueno para todos. Pero es un derrotero muy difícil, y muy frecuente. Por eso es importante la ley. Que si nos quieren negar una vacante, nos lo digan en la cara”, apunta.

Negativa de las escuelas

“El registro propuesto constituye una hiperregulación estatal sin sentido práctico. No servirá para mejorar la inclusión ni para resolver problemas que, en la generalidad, no existen. Hoy, los chicos que necesitan acompañamiento o inclusión ya están dentro del sistema educativo, integrados en instituciones que desarrollan estrategias pedagógicas adecuadas a cada caso”, señala un comunicado de Aiepa, institución cuyo secretario ejecutivo es Martín Zurita.

Y sigue: “este proyecto es además peligroso, porque parte de una lógica simplista: que si hay lugar, cualquiera debe entrar”, señala en una frase no exenta de polémicas. “La inclusión no puede reducirse a una cuestión de números o cupos disponibles. Es una cuestión profundamente seria, que requiere análisis, planificación y acompañamiento profesional. Este proyecto de ley no se pregunta por el impacto que produce en quienes sostienen la tarea educativa:en el docente que enseña, en el resto de los alumnos que comparten el aula, ni en la cantidad y dinámica de los acompañantes que muchas veces intervienen en un curso, alterando la convivencia y las rutinas pedagógicas”, dice.

“No todas las escuelas son iguales. Los chicos tienen el derecho de ir a la escuela que sea la mejor para ellos y no donde simplemente haya una silla. En los fundamentos de la ley hay medias verdades y manipulaciones. Hay muchísimas normativas, también existen quejas porque no se cumplen. Ahora bien… ¿La normativa se puede cumplir? ¿La solución es más normativa y sanciones como propone Naciones Unidas? ¿Existe algún caso de éxito apoyado en normativas y sanciones?”, apunta Fernando Zizzias, presidente de la Asociación de Escuelas Especiales, quien también participó del debate.

“No creemos que una ley resuelva mágicamente nuestros problemas, pero hoy matricular un niño con CUD en una escuela privada se volvió una misión imposible. Las familias transitan con angustia decenas de entrevistas en distintos establecimientos que les rechazan la vacante sin darles una explicación. Así que apoyamos y felicitamos a los que están promoviendo este debate, que ojalá se transforme en ley”, afirmó Paulo Morales, director de la organización TEActiva.

Por Evangelina Himitian

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