Antes de declarar, se suicidó un acusado

Pedro Posznansky (PJ), mano derecha del ex presidente del Concejo Deliberante porteño José Manuel Pico debía declarar como imputado mañana, a las 15, en el caso de los ñoquis. Nunca lo hará. Su esposa lo encontró ayer con un tiro en la sien izquierda, en el baño de la planta baja de su dúplex de Belgrano. La policía cree que fue un suicidio.

Una carta manuscrita de cuatro líneas, dirigida a un juez, en la que pide perdón a sus familiares y amigos, y un arma calibre 22, de su propiedad, fueron descubiertas por la policía en el escenario de la muerte, ayer por la mañana.

Los investigadores que revisaron el noveno piso del edificio de Blanco Encalada 1590, donde Posznansky vivía con su esposa y sus dos hijos menores, aseguran estar frente a un suicidio.

La misma hipótesis tiene la familia del ex funcionario, reveló su abogado, Mariano Cúneo Libarona. "Era un hombre de bien que no pudo soportar ver su nombre mancillado en un proceso penal", opinó el letrado.

No obstante, el juez de instrucción Federico Salvá y la fiscal Alicia Martín tendrán la última palabra en la investigación por "averiguación de suicidio".

Además de los resultados de la autopsia y del peritaje balístico, tendrán en cuenta el resultado del peritaje grafológico de la carta antes de cerrar el caso, dijeron fuentes judiciales.

"No hay nada raro. Era depresivo y tenía antecedentes de intentos de suicidio. Hacía poco que había quebrado una constructora que tenía y andaba sin mucha plata", dijo una alta fuente de la comisaría 51a., que intervino en el hecho.

Un hombre que sabía mucho

Fuentes legislativas señalan a Posznansky como el hombre que le llevaba las cuentas en el ex Concejo al ex edil Pico, detenido en el cárcel de Villa Devoto desde 1997 por otras dos causas penales. Su muerte conmovió el mundo político local (ver nota aparte).

Posznansky ocupó cargos públicos desde 1983 hasta hace dos años, cuando el Concejo se cerró envuelto en denuncias de corrupción.

Entre otros puestos, Posznansky fue secretario administrativo del Concejo, asesor del bloque justicialista, ombudsman adjunto de Antonio Cartañá -propuesto por el PJ-, subsecretario de enlace del Poder Ejecutivo porteño con el cuerpo Legislativo y subsecretario técnico de la presidencia.

"Tenía un perfil muy bajo. Era más técnico que político, pero sabía todo de todos. En el Concejo, el PJ y la UCR estaban de acuerdo en todo", coincidieron ayer una alta fuente judicial y un legislador porteño de la Alianza.

La acusación

Posznansky estaba imputado desde 1998 en la causa en la que se investiga el nombramiento irregular de cientos de empleados en el ex cuerpo legislativo porteño.

Su abogado y fuentes con acceso al expediente que instruye el juez Alberto Baños aseguraron que su situación no era comprometida y, por el momento, no corría peligro de ir preso.

La causa comenzó en diciembre de 1996 con una denuncia contra el candidato a presidente por la Alianza, Fernando de la Rúa, de Juan Carlos Iglesias, un abogado vinculado con los ex concejales radicales Eliseo Roselló y Miguel Herschberg, enemigos declarados del jefe del gobierno porteño.

El expediente, en el que tres fiscales pidieron la indagatoria del propio De la Rúa, tomó un nuevo impulso el viernes 16 de julio último, cuando el magistrado ordenó la captura de varios ex ediles y citó a declarar a un total de 32 ex funcionarios del ex Concejo.

El juez Baños planeaba indagar mañana a Posznansky por el delito de malversación, reiterado en cuatro oportunidades.

Fuentes judiciales precisaron que estaba acusado de haber certificado, con cuatro firmas, las tareas inexistentes de una empleada del bloque del PJ llamada Irma del Valle Delgado.

Sin embargo, otra alta fuente del caso reveló que también aparece su firma junto a la de los acusados radicales, el ex concejal Roberto Larrosa, Luis Sánchez -ambos prófugos- y Eduardo Pacheco.

"Ahora toda la culpa se la van a echar a él, que está muerto; a Pico, que está preso, y a Trilla (por Juan, el ex senador y presidente del Concejo), que está con arresto domiciliario", dijo una alta fuente judicial.

Esta semana el juez Baños indagará a Pico y a Trilla, los únicos dos presos del caso en el que se investiga una defraudación al Estado comunal de más de dos millones de pesos.

Careo entre imputados

Dos acusados en la causa de los ñoquis fueron careados ayer por el juez Alberto Baños. Se trata de una de las denunciantes del caso, también imputada, Elvira Bracamonti, y del ex funcionario del Concejo Deliberante Nelson López Boado, radical.

Bracamonti, enferma de cáncer y simpatizante del radicalismo, acusó a allegados al candidato a presidente por la Alianza, Fernando de la Rúa, de utilizar su nombre para cobrar dinero del ex Concejo.

Fuentes del radicalismo la vinculan con el ex edil Miguel Herschberg, tradicional enemigo de De la Rúa.

En el careo, López Boado admitió haber visto dos veces a Bracamonti, quien denunció que se dio cuenta de que sus datos personales habían sido utilizados de forma espuria cuando recibió en su casa resúmenes de aportes jubilatorios de un empleo que nunca tuvo.

Por Laura Zommer

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