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Avanza la pesquisa iniciada por Pochat
Confirmación: hay 22 casos de corrupción comprobados del centenar que investigaba el ex auditor de la Anses, asesinado en junio último.
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MAR DEL PLATA.- La Fiscalía de Cámara de esta ciudad solicitó al juez federal Mario Arturo Robbio que indague a 20 personas que estarían directamente involucradas en la tramitación irregular de jubilaciones ante la delegación local de la Anses.
El ministerio público comprobó 22 casos de corrupción sobre un centenar de expedientes que ya había comenzado a investigar el auditor Alfredo María Pochat, asesinado el 4 de junio último por Armando Andreo.
Los fiscales Victor Montti, Julio Panelo y Susana Bustos, a cargo de la instrucción de la causa, confirmaron que la ex jefa de la delegación, Silvia Albanesi de Andreo, y otros ex empleados de la Anses-Mar del Plata figuran en el listado entregado al juez.
Los restantes serían gestores externos que se encargaban de "agilizar" los trámites. Como forma de cobrarse esa tarea, se quedaban con los haberes retroactivos de los futuros jubilados.
El vínculo entre funcionarios y empleados de la Anses y gestores generó entre los fiscales la sospecha de la existencia de una asociación ilícita, que, de ser probada, significará la prisión de los involucrados sin posibilidades de excarcelación.
En el transcurso de la semana próxima llegarán a Mar del Plata el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, y las máximas autoridades de la Anses para interiorizarse del estado en que se encuentra la causa.
Declara un sospechoso
Durante esos días también se cumpliría la presentación ante el juez de uno de los supuestos involucrados.
El abogado Javier Luque, ex empleado de la Anses despedido tras la investigación de Pochat, pidió espontáneamente que se le tome declaración para dar su versión de los hechos.
Sin embargo, aún resta definirse si el juez Robbio será finalmente quien siga al frente de la causa.
Los mismos fiscales consideraron que los hechos de corrupción detectados tendrían relación con otros que ya investigaba el juez Daniel Vázquez.
Este magistrado trabajaba desde hace un par de años en una causa abierta a partir de una denuncia contra la gestora Gladys Barbiero.
A ella se le imputaba la tramitación de jubilaciones en forma irregular, con una metodología similar a la que se habría comprobado en los expedientes analizados por los representantes del ministerio público.
De existir esa conexidad entre ambas denuncias, la investigación tendría que ser derivada inmediatamente a Vázquez.
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