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“Brutal recorte”: la UBA denunció que sus hospitales recibirán un 30% menos que en 2025 si se aprueba el presupuesto
La comunidad universitaria pide a los diputados que frenen el proyecto que, además, busca derogar la ley de financiamiento para el sector
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LA NACION
La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a manifestar su preocupación por la situación presupuestaria de las casas de altos estudios nacionales y el salario de los docentes y no docentes. Esta vez, la resolución aprobada por el Consejo Superior, marca que la posible sanción del presupuesto con el que el Gobierno ayer consiguió dictamen de mayoría, agrava la situación de fondos de los años anteriores y pone el foco en el “brutal recorte” para los hospitales universitarios: denuncia que implicará recibir un 30% menos de presupuesto que en 2025.
Remarcan que, de aprobarse esta medida, se verán afectadas instituciones clave de la salud pública como el Hospital de Clínicas General San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, todos dependientes de la UBA, y que atienden en promedio a más de 700.000 pacientes por año.
Ayer, también alertaron sobre el proyecto de presupuesto del Gobierno el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectos de las casas de altos estudios nacionales. “”Advertimos, con la gravedad del caso y el tiempo suficiente, que en estas condiciones es imposible que las universidades públicas podamos desarrollar con normalidad todas las actividades en 2026″, señalaron las tres entidades.
“Este dictamen no corresponde, es una provocación innecesaria y empuja a la comunidad universitaria y científica del país a una crisis aún más profunda que la actual”, señalaron y detallaron que el dictamen no solo no modifica el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo —que los rectores consideraron que resultará insuficiente—, sino que, además, incorpora un artículo que pretende derogar la Ley de Financiamiento Universitario que su ejecución se encuentra pendiente de resolución en el ámbito judicial.
El Gobierno impuso ayer su dictamen con la potencial derogación de la ley de emergencia en discapacidad y la de financiamiento universitario. Con el acompañamiento de Pro, la UCR y el MID, y el respaldo de los gobernadores de Catamarca, Salta, Misiones, Tucumán y San Juan, dejó el proyecto en condiciones de ser aprobado hoy en Diputados.
Ahora, con el quorum justo gracias al apoyo de los bloques aliados, empezó el debate de la ley de presupuesto 2026 y el Gobierno logró imponer su criterio para que en la discusión en particular se eluda la votación de cada artículo y que se realice por capítulo, a sabiendas del riesgo que podía correr en esa instancia.
Ambas normas nunca fueron implementadas por el Gobierno, pese a que fueron sostenidas por alas dos cámaras del Congreso este año, luego de haber sido vetadas por Poder Ejecutivo.
La resolución firmada hoy por el Consejo Superior de la UBA le solicita a los diputados que rechace o modifique el dictamen del Gobierno y la aprobación de una propuesta que contemple las necesidades reales de las universidades nacionales. Además de la implementación plena de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria con la recomposición del salario que, señalan que ya perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo en los últimos dos años. Hacen extensiva también la solicitud al Senado a donde luego deberá tratarse el presupuesto.
“Exhortamos a las y los legisladores que nos acompañaron —comprendiendo nuestras preocupaciones y la manifestación contundente de la sociedad argentina— en los debates legislativos que permitieron sostener una ley clave para el funcionamiento universitario a que mantengan su posición", coincidieron ayer en un comunicado difundido que firman el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la FUA y el CIN.
Presupuesto
Al presentar el presupuesto en septiembre pasado, entre los temas sensibles que enumeró el presidente Javier Milei comenzó con las universidades y dijo que el proyecto le asigna $4,8 billones. Omitió que es apenas un aumento que ronda el 14% nominalmente con respecto al que se había previsto para este año que rondaba los $4,2 billones.
Asumiendo las proyecciones macroeconómicas que figuran en el proyecto de 2026 -una inflación de 24,5% para 2025 y de 10,1% para 2026- según cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) implicaría un aumento real de 0,8%. Queda a su vez muy lejos de los $7,3 billones necesarios que habían pedido los rectores para poder funcionar. La reducción del gasto destinado a universidades explica un 5% de la caída de fondos estatales en general entre 2023 y 2026, según ACIJ.
El reclamo por los fondos y la defensa por la universidad pública fue el pedido que logró convocar a la primera marcha masiva contra la administración de Milei en marzo de 2024. La segunda movilización llegó en octubre del año pasado y este año, en septiembre fue la tercera.
Hay algunas partidas como infraestructura que este año no se ejecutaron, pese a que contaban con un presupuesto.
La ley de financiamiento universitario busca garantizar el sostenimiento de este sistema educativo a través de la actualización del valor real del presupuesto y encomienda al Poder Ejecutivo a ajustar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades nacionales.
También contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley y obliga al Gobierno a convocar a paritarias.
En noviembre pasado, el sueldo bruto de un profesor adjunto con dedicación exclusiva sin antigüedad no llegó a los $1.600.000. El decreto con el que vetaron la iniciativa aprobada reconoce que los salarios acumulan una pérdida del 40%. Al igual que las otras iniciativas anuladas por decisión presidencial, el Gobierno alegó la responsabilidad de lograr el equilibrio fiscal a la hora de suprimir la iniciativa que había sido aprobada por el Congreso.
LA NACION
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