
Cabezas: amenazan a un periodista
Anónimo: la madre de Antonio Fernández Llorente, quien trabaja para Canal 13 y TN, recibió un mensaje telefónico en el que reclaman que el periodista abandone la cobertura del caso.
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DOLORES.- La investigación del asesinato de José Luis Cabezas recibió nuevos datos para el horror, luego de que uno de los periodistas que cubren el caso, Antonio Fernández Llorente, recibiera amenazas de muerte.
"Dígale a Antonio que vuelva de Dolores, porque sino vamos a matar a sus sobrinos", dijo una voz anónima en el teléfono que contestó la azorada madre del periodista.
Fernández Llorente, quien trabaja para Canal 13 y TN, sigue el caso desde el comienzo de la investigación y, en diálogo con La Nación , dijo que las intimidaciones, lejos de asustarlo, lo impusan a trabajar con más decisión.
"Voy a seguir acá. No pienso moverme. Si hay alguien molesto por lo que estamos diciendo significa que estamos en el buen camino", dijo el joven periodista.
Admitió, además, que no es esta la primera vez que recibe intimidaciones aunque si diferenció el hecho de que ahora se extienden a su familia, especialmente, sus pequeños sobrinos.
La intimidación se convirtió en una de las notas salientes de la jornada y contrastó con la falta de noticias que se registró en los tribunales de Dolores, donde el clima fue calificado como "la tensa calma que precede a la tormenta".
Como informó La Nación en su edición de ayer, diferencias criterio en la Justicia dieron paso a una demora de la causa.
Mientras, y al tomar conocimiento de las amenazas al periodista, el gobernador Eduardo Duhalde calificó lo ocurrido como "un acto de barbarie abominable".
Seguir acá a muerte
Fernández Llorente admitió que había recibido otras intimidaciones desde que se dedica a la cobertura del crimen, pero que no quiso darlas a conocer. "Ahora es más grave, porque yo tengo siete sobrinos y que los amenacen me parece de cuarta. Es de una cobardía sin límites", indicó el periodista de Canal 13.
-Ahora, ¿qué va a hacer?
-Seguir acá a muerte. Quiere decir que si hay alguien que está molesto por lo que estamos diciendo estamos en el buen camino. Quiere decir que jorobamos a alguien que puede estar involucrado.
El gobernador Eduardo Duhalde calificó el suceso como "repudiable" y consideró que "son hechos que siguen cometiendo degenerados, que quieren generar miedo en los periodistas, cosa que no van a lograr. Es abominable".
El Consejo Nacional del Partido Justicialista también expresó su apoyo a Fernández Llorente. "El justicialismo expresa la imprescindible solidaridad con el periodista amenazado y sostiene que es necesario encontrar a quienes formularon estas horrendas amenazas", sostuvo en un comunicado que lleva la firma del senador Eduardo Bauzá.
Setenta y dos horas
Mientras las amenazas no ayudan a crear el mejor clima, la causa parece haberse enfriado. Nada es simple en el caso Cabezas. Todo esto pasó en las últimas 72 horas: dos funcionarios judiciales declararon bajo juramento que el principal sospechoso, Gustavo Prellezo, involucró en confesión extrajudicial al poderoso empresario Alfredo Yabrán en el asesinato del fotógrafo.
El juez José Luis Macchi debió declarar como testigo en su propia causa para explicar por qué habría ignorado semejante indicio. Se amparó en argumentos procesales y dijo que no consideró la confesión porque los peritos forenses no se la comunicaron por escrito.
El abogado del ex oficial de la Policía Bonaerense detenido negó que su cliente hubiera confesado ante los peritos y dijo que pediría un careo entre Prellezo y quienes dicen haber escuchado su confesión.
Pero en nada se avanzó en la búsqueda de una verdad que parece cada vez más lejana. Esto también pasó en las últimas 72 horas: una de las pocas pruebas firmes recogidas en la escena del crimen que quedaba en pie, la autopsia del cadáver, fue prácticamente desvirtuada por los resultados iniciales de una segunda autopsia que curiosamente apuntala la confesión extrajudicial.
Ya nadie sabe si hubo un disparo o dos, si la bala entró por adelante o por atrás.
El caso terminó de politizarse cuando el presidente de la Nación, Carlos Menem, dijo que "los periodistas condenaron de antemano a Yabrán en el caso Cabezas". Así le contestó al gobernador Duhalde, quien le había recomendado al empresario "que se busque un buen abogado". Al tomar partido en una causa judicial con final abierto, los dos políticos más poderosos del país optaron por veredas opuestas.
El juez de la causa hizo saber que no avanzará sobre la pista Yabrán, más allá de una posible toma de declaración informativa a su encargado de seguridad, Gregorio Ríos, a menos que aparezcan elementos de prueba más contundentes que los que tiene hasta ahora.
Al parecer, a Macchi no le alcanza con la presunta confesión extrajudicial, los cruces telefónicos entre Prellezo y colaboradores de Yabrán y las aparentes contradicciones entre el empresario postal y su jefe de custodios.
Macchi dejó en libertad al ex comisario Alberto Gómez y al oficial Aníbal Luna, a quienes los investigadores consideran eslabones clave de una asociación ilícita.
Rompen el silencio ex empleados de Yabrán
Testimonios: un informe de la diputada Bullrich revela detalles del círculo íntimo del empresario, aportados por ex colaboradores que estarían dispuestos a testimoniar ante el juez.
Diversas personas que trabajan o han trabajado para el empresario Alfredo Yabrán estarían dispuestas a prestar testimonio ante el juez José Luis Macchi en la investigación por el asesinato de José Luis Cabezas.
Así lo hizo saber la diputada nacional Patricia Bullrich en un informe que envió al magistrado con datos sobre el hombre de negocios, su jefe de seguridad, Gregorio Ríos, y Ester Rinaldi.
La mujer sería "la mano derecha" del empresario y a su nombre está registrado el automóvil que utilizó Yabrán para llegar a Dolores, a los tribunales porteños y al Congreso, sus otras dos apariciones públicas.
La legisladora informó a Macchi que Rinaldi "intermedia en todas las comunicaciones del empresario y es la única persona que conoce su agenda. Se ocupa de asuntos personales, como pedir turnos de médicos, organizar comidas privadas, viajes, etcétera".
También Bullrich informó que si bien Ríos declaró ante Macchi que él se encargaba de contratar personal doméstico para la casa de Yabrán, en realidad "su función con relación al personal de la casa ha sido únicamente amenazar y amedrentar a aquellos que, al renunciar, hacían algún tipo de reclamo".
La diputada por el movimiento Cambio i97 recibió esta información, y llamativos detalles de las costumbres y relaciones, de una decena de ex empleados de Yabrán, algunos de los cuales estarían dispuestos a colaborar con la Justicia.
Entre los testimonios que recibió Bullrich se destacan, por ejemplo, precisiones sobre las visitas que recibía Yabrán en su casa de Acassuso.
Entre quienes solían compartir la mesa con el controvertido empresario se cuentan, según los informantes de la diputada, altísimos funcionarios del Gobierno, familiares del presidente Menem y sindicalistas.
Vigilancia permanente
Los ex asalariados del hombre de negocios, entre los que se encuentra personal del servicio doméstico y de seguridad, relataron también que eran sometidos a investigaciones permanentes.
Según Bullrich, el número de empleados domésticos que trabaja para Yabrán asciende a 40, mientras que los agentes afectados a la seguridad directa del empresario, su familia y su casa son aproximadamente 200. "Entre otras precauciones, Yabrán ordenaba averiguar detalles de los últimos diez años de la vida de cada aspirante a un empleo y luego, quienes trabajaban en la casa eran seguidos al retirarse del trabajo hasta sus hogares. Además, se les advertía que sus teléfonos particulares estaban intervenidos desde que empezaban a trabajar", destacó Bullrich.
Los testimonios recogidos por la legisladora agregan que a los empleados se les advertía que no debían entablar relaciones afectivas o amistosas entre sí, que debían mantener un absoluto secreto sobre las actividades de los miembros de la familia y que no podían acceder a sectores de la residencia que no estuvieran relacionados con su trabajo.
Quiénes son los camaristas de Dolores
DOLORES.- Aunque los integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de esta ciudad comenzaron a mostrarse en los últimos días, hay facetas de los miembros del alto tribunal que aún no acompañaron esa exposición, más allá de que para los empleados judiciales y los dolorenses son harto conocidas.
Jorge Luis Dupuy (presidente): es tal vez el que más sabe, el más querido y el de carrera judicial más prolongada. Nació en Azul, pero está radicado en Dolores desde hace muchos años y, si bien cuando la cámara dicta sus fallos en contadas ocasiones hay votos en disidencia, Dupuy no vacila en discrepar con sus colegas, especialmente con Raúl Begué. En estos casos suele recibir el apoyo de Susana Darling Yaltone.
Raúl Pedro Begué (vocal): reparte sus horas entre La Plata y Mar del Plata y dos días por semana concurre a su despacho en los tribunales de esta ciudad. Durante el último gobierno militar tuvo que abandonar el país porque fue defensor de presos políticos. Le gusta moverse sin custodia, viaja en colectivo y confía su seguridad al arma que guarda en su portafolios. Lo cuestionan porque no cumple con el deber de residencia, que obliga a todo magistrado a vivir en la ciudad en la cual se desempeña.
Susana Miriam Darling de Yaltone (vicepresidenta): los allegados al tribunal aseguran que la "Dama de Hierro", tal como la llaman, "tuvo el poder necesario para frenar la carrera del juez José Luis Macchi".
Esta referencia tiene que ver con que el aspirante natural a hacerse cargo del lugar que hoy ocupa Yaltone era el magistrado que impulsa la causa por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Esto explicaría parte de la pugna que mantienen los camaristas con el juez de primera instancia, la que se hizo evidente a partir de las resoluciones en las que ordenaron las libertades de los cuatro integrantes de la banda de Pepita la Pistolera.
A diferencia de Begué, la jueza tiene cuatro custodios porque sufrió amenazas el año pasado.
Investigan con quién habló Ríos un día antes del crimen
DOLORES.- La policía sospecha que Gregorio Ríos, el jefe de seguridad de Alfredo Yabrán, se habría comunicado un día antes del asesinato del fotógrafo de la revista Noticias José Luis Cabezas con el ex jefe de calle de la comisaría de Pinamar.
Las dudas sobre la actuación del oficial inspector Jorge Manuel Gómez surgieron cuando los investigadores descubrieron que desde el departamento situado en el edificio de Ballenas 99 se realizaron varios llamados al celular del policía, que en la actualidad se desempeña en la comisaría de Pehuajó.
En los últimos días, Gómez declaró ante la instrucción policial, y según los investigadores habría incurrido en varias contradicciones que, de comprobarse, derivarían en su detención. El ex jefe de calle de la comisaría de Pinamar aseguró que el 28 de diciembre último el comisario Alberto Pedro Gómez le compró el celular con su tarjeta de crédito y le dijo que se lo pagaría cuando pudiera.
Jorge Gómez, según consta en la causa, conoció a Gregorio Ríos en octubre o noviembre, cuando el comisario se lo presentó como jefe de seguridad de las dos casas de Alfredo Yabrán en Pinamar y le entregó a Ríos el número de teléfono de la dependencia, el 91200 para que se comunicara ante cualquier eventualidad. Si bien no recordó a qué hora ni qué día se produjo el encuentro, agregó que después de conversar unos minutos en la comisaría fueron a almorzar a un restaurante del balneario.
El ex jefe de calle de la comisaría de Pinamar admitió que recibió entre ocho y diez llamados durante enero desde la casa de Ballenas 124, no desde Ballenas 99, donde tienen su base los custodios que, desde un departamento del noveno piso, vigilan la residencia Narbay, perteneciente a Alfredo Yabrán.
Era la misma voz
"Se trataba de la misma voz, por lo que me parece que era siempre la misma persona la que llamaba para pedir que enviara personal policial a Ballenas 124 porque denunciaba que había ebrios, exaltados, gente que tocaba la guitarra a todo volumen y personajes sospechosos", declaró Jorge Gómez.
No obstante, llamó la atención de los investigadores que, consultado el resto de la dotación de la comisaría, ninguno manifestó haber atendido algún llamado desde Ballenas 124. Además, según los dichos de Gómez, en ninguna de las diez ocasiones en las que respondieron a las denuncias capturaron a nadie ni llevaron a la comisaría a ningún sospechoso para identificarlo.
De acuerdo con estas contradicciones, los pesquisas tratarán de establecer si Gómez mintió, por qué y a quién estaría encubriendo.
Asimismo, los detectives intentaron profundizar sobre las relaciones que existían entre el comisario Alberto Gómez, el ex oficial Gustavo Prellezo, señalado como el presunto autor material del asesinato de Cabezas, Sergio Camaratta y Héctor Colo. La mayoría de los policías consultados afirmó que los cuatro sólo se veían una vez por semana: en la cena de camaradería que se realizaba en el escuadrón de caballería de Pinamar.
Lo sugestivo del caso, según los investigadores, consiste en que hubo contradicciones entre algunos integrantes de la comisaría de Pinamar.
"Por un lado aseguraban que Yabrán no tenía custodios en su casa, y otro grupo afirmó que era común ver a gente de seguridad en esa casa", concluyó la fuente.
La Utpba hará una marcha a la Casa Rosada
La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba) convocó para hoy a una marcha hasta la Casa de Gobierno para reclamar por el esclarecimiento del asesinato de José Luis Cabezas y de todos los casos de amenazas, atentados, intimidaciones contra periodistas.
La concentración está prevista para las 11.30 frente a la sede de la Utpba, en Alsina 779, de la Capital, y desde allí se marchará hasta la Plaza de Mayo, donde también se reclamará por la derogación del estatuto del periodista profesional y contra la sanción de cualquier norma que limite la libertad de prensa.
Luego la caravana se movilizará hasta el frente del Congreso Nacional, para solidarizarse con los docentes que realizan ayuno desde hace dos meses en reclamo de mejoras salariales y de un mayor presupuesto para la educación.
Mañana, Día del Periodista, trabajadores de prensa integrados en la entidad pasarán su día con los docentes en la carpa blanca.
Otra delegación se hará presente el juzgado de Dolores para revalorizar la labor profesional de los periodistas que desde hace cuatro meses cubren la información relativa a la investigación del asesinato de José Luis Cabezas.




