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Calculan que hay 400 geriátricos ilegales
Albergarían a unos 3000 adultos; dicen que proliferan por sus bajos costos; en el gobierno aducen que no es fácil controlarlos
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"El recuerdo no me lo voy a sacar más. Un olor inmundo cubría todo: el lugar y los abuelos estaban pésimamente cuidados. Gracias a Dios, no tuve que volver más", así describe Mónica, kinesióloga, de 62 años, un geriátrico ilegal al que concurrió para atender una paciente en Homero 166, en Villa Luro.
La fachada amarillenta, con graffitti varios, no parece indicar que allí funcione un geriátrico. Tampoco hay un cartel que lo indique.
LA NACION fue hasta el lugar. Tras tocar timbre, atendió una mujer. Se le preguntó si allí funcionaba un geriátrico y la respuesta no se hizo esperar: "Sí, tenemos 13 camas", contestó. Enseguida salió otra persona, un hombre de unos 45 años, que negó que allí vivieran ancianos. "Acá funcionó un geriátrico, pero hace diez años", aseguró. Cuando LA NACION le advirtió que eso no era lo que había dicho la mujer que abrió la puerta, el diálogo terminó abruptamente: "Quedate con la duda que quieras", dijo el hombre.
Como éste, funcionarían otros 400 geriátricos ilegales en la ciudad de Buenos Aires, según la Defensoría de la Tercera Edad y la Unión de Geriátricos Privados. La Dirección de la Tercera Edad del gobierno de la ciudad, en tanto, admitió a LA NACION: "Ese número puede ser cierto".
En la página de Internet del gobierno porteño ( www2.buenosaires.gov.ar/apps/geriatricos/consulta.aspx?menu_id=19104 ) está el listado de los 599 geriátricos que hoy se encuentran habilitados.
La Defensoría de la Tercera Edad, que depende de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, calcula que en cada geriátrico ilegal viven entre siete y diez personas, es decir, una población de cerca de 3000 adultos mayores que moran en residencias exentas de todo control. "Algunos de los geriátricos que funcionan ilegalmente están en pésimas condiciones", describe Eugenio Semino, ombudsman de la Tercera Edad.
Fuera de la ley
La ley 661 de la ciudad de Buenos Aires establece que los establecimientos que brindan atención gerontológica "deben garantizar las condiciones que preserven la seguridad, salubridad e higiene de los residentes".
La norma exige, además, la visita periódica de por lo menos ocho profesionales especializados. En los geriátricos ilegales, nadie controla que todo esto suceda. "Por su carácter clandestino, es muy difícil encontrarlos", describe María Camozzi, a cargo de la Dirección General de la Tercera Edad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
La ley 661 no rige para los denominados hogares, es decir, casas de familia que alojan hasta cuatro ancianos. Allí, si existe alguna irregularidad, la disputa es entre particulares. El problema, explican en el gobierno, es que algunos geriátricos se registran como hogares, pero, por la noche, incorporan más camas ilegalmente.
"No es fácil localizar los geriátricos clandestinos. Los 400 en infracción obviamente no tienen identificación y se manejan con el boca en boca", destaca Semino.
El organismo que se ocupa de fiscalizar los geriátricos es la Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para las Personas Mayores, un ente tripartito que conforman la Dirección de la Tercera Edad y los ministerios de Salud y de Gobierno porteños.
Rosa Aisen, directora del ente, certifica haber cerrado 60 geriátricos en los últimos dos años. "Recibimos entre 10 y 14 reclamos por mes de vecinos y familiares que notan irregularidades en geriátricos. Con esos datos hacemos las inspecciones", describe.
El responsable del geriátrico ilegal clausurado sólo responde legalmente si reincide en esa falta o si, por la falta de cuidados, pone en riesgo la salud de los adultos mayores, explican en la Dirección de la Tercera Edad.
Según Aisen, lo peor viene después de una clausura: "Hay que intentar ubicar a los ancianos". Lo primero que se intenta es contactar a la familia y, en última instancia, se recurre al PAMI.
Por eso, explican en la institución, cuando notan que los adultos mayores están bien cuidados, intentan no clausurarlos, sino brindar habilitaciones temporales hasta que puedan regularizar la situación.
Cuestión económica
¿Por qué surge esta enorme cantidad de geriátricos? Según la Unión Argentina de Prestadores Gerontológicos, que agrupa más de 200 geriátricos en todo el país, el cálculo es netamente económico. "Es difícil que un geriátrico legal baje de los 1000 pesos mensuales por una cuestión de costos", precisa Alejandro Barros, director de la entidad.
Barros, Semino y autoridades del gobierno porteño dicen que, en cambio, un geriátrico ilegal puede llegar a costar 300 pesos por mes en los barrios más humildes de la ciudad.
"En algunos de los geriátricos registrados, la atención tampoco es muy buena", se lamenta Semino. Santiago Pszemiarower, miembro de la Comisión de Adultos Mayores de la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos de la ONU, coincide con Semino: "La institucionalización es lo peor que le puede pasar a una persona, cualquiera sea su edad. En los geriátricos, muchas veces se concretan el abandono y la exclusión social", analiza Pszemiarower.
En la Dirección de la Tercera Edad, la postura es parecida. "Intentamos que las familias incluyan a los adultos mayores en sus esquemas", elabora Camozzi.
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