Cambio necesario, pero aún insuficiente

Esta reforma era un pedido que la sociedad civil realizaba desde la sanción de la ley 26.364, en 2008. La reforma consiste en que las víctimas mayores de 18 años no tendrán que demostrar que no dieron el consentimiento para ser esclavizadas. Este punto es muy importante porque todas son víctimas de un proceso de violencia y esclavitud.

Desde ahora, cuando existan rescates de personas y se cumplan los indicadores de delito de trata, las víctimas tendrán el mismo procedimiento. No se las expondrá a preguntas humillantes como en la actualidad, logrando que confíen. Se podrá así procesar con más facilidad a los responsables. Es decir, el valor de la palabra de la víctima en el proceso judicial evitará excesos, maltratos y humillaciones como los padecidos por las mujeres que declararon en la causa de MaritaVerón.

El aumento de penas a tratantes y proxenetas convierte al delito en no excarcelable. Esperamos que en un futuro las penas puedan aumentar. No habrá diferencia entre víctimas mayores y menores de edad. Al quitar el consentimiento, la pena se configura como figura agravada, de 5 a 10 años de prisión, y si la víctima fuere menor de 18 años, de 10 a 15 años. Considerando que la trata de personas es un tema de derechos humanos todavía es insuficiente.

También se incorpora al artículo 23 del Código Penal sobre decomiso de bienes muebles e inmuebles. Esto genera dejar sin estructura económica y desbaratar las posibilidades de continuar con las actividades delictivas. Esos bienes serán destinados a programas de asistencia directa a las víctimas.

La reforma incluye incorporar al Código Procesal Penal que las víctimas sean entrevistadas por un psicólogo. Se prohíbe interrogatorios directos por las partes involucradas. Las extranjeras deberán ser entrevistadas en su idioma. Este punto es muy importante para las víctimas, ya que se les dará un tratamiento compatible con protocolos internacionales.

Se creará, además, un organismo federal que diseñará un Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas que incluirá estadísticas, asistencia a las víctimas sostenida en el tiempo, prevención y políticas en cada región. Este punto es central si se le asigna un presupuesto para cumplir con la finalidad contemplada en la reforma, haciendo hincapié en la necesidad que tienen las víctimas de una asistencia sostenida para rearmar un proyecto de vida luego de una situación tan traumática como es la esclavitud sexual o laboral.