Casi 30 bandas reinanen Fuerte Apache

Un par de ojos jóvenes, pero que ya han visto demasiado, escudriñan el horizonte cercano desde lo alto de la mole de cemento. Justo debajo del vigía, entre pasillos grises y pelados, un grupo de chicos se pasa una botella de cerveza, de mano en mano, de boca en boca. Más allá, no muy lejos, hombres de uniformes y miradas torvas los observan, expectantes.

De día o de noche, mientras la gran mayoría trabaja o duerme, el complejo de monoblocks de Ciudadela norte es territorio de las bandas. A causa de ellas, precisamente, hace ya diez años que sólo las 60.000 personas que viven en él llaman al barrio por su nombre: Ejército de los Andes.

Una metáfora ingeniosa y una pintada en una pared agujereada a balazos tras un recio tiroteo con la policía dieron a este complejo erigido en 1973 el nombre que le dio triste fama. A sólo una decena de cuadras de General Paz y Beiró, en el deslinde entre Capital y provincia, el barrio Ejército de los Andes es, ahora, Fuerte Apache.

Al menos treinta bandas de potencial peligrosidad usan hoy Fuerte Apache como base de operaciones. Grupos armados que roban autos, supermercados o bancos por igual. Y que no dudan en matar a cambio de nada.

Bandas difíciles de erradicar, según policías y fiscales de San Martín, por la falta de testigos que los identifiquen y por la laberíntica fisonomía del complejo de torres, que permite a delincuentes esconderse, escapar y deshacerse de armas o elementos que los involucren en los crímenes. Los Backstreet Boys, una de las bandas más pesadas de Fuerte Apache, protagonizaron hace una semana un episodio que resume la violencia encarnada en el mote con el que se conoce al intrincado complejo de torres y pasillos. Como un ominoso homenaje a José Luis "Joselo" Romano, el líder muerto hace diez días a manos de un policía federal retirado al que quiso robarle el auto, los Backstreet Boys llenaron de plomo el frente de la comisaría 6a. de Tres de Febrero, en la entrada del complejo.

Fueron 32 tiros de ametralladoras calibre nueve milímetros, posiblemente robadas a la policía en alguna de las dificultosas incursiones en busca de ladrones que se pierden en ese verdadero laberinto que es Fuerte Apache. Armas que, ante cada allanamiento, aparecen y desaparecen, como por arte de magia, entre los recovecos de un barrio con fama de inexpugnable.

Grupos peligrosos

Los Backstreet Boys -o lo que queda de ellos- son, quizás, el grupo más violento de Fuerte Apache. Pero no el único. Según la policía, hay al menos treinta bandas de potencial peligrosidad. Grupos que, por lo general, salen a robar a mano armada en las calles cerca del límite entre la Capital y el conurbano, esa zona gris en la que dos policías tienen la General Paz como un límite de acción.

"Todo les da igual. No están organizados, pero son muy elementales y eso los hace ser más brutales. A falta de testigos que se animen a individualizarlos, estos chicos se amparan en el anonimato; se jactan de sus crímenes y son capaces de matar por nada", dijo a LA NACION el director de Investigaciones de San Martín, comisario inspector Pablo López.

Una larga lista de víctimas parece demostrar que a las bandas no las amedrenta el peligro y que sus integrantes -de entre 15 y 25 años- no ahorran violencia y están dispuestos a todo. Uno de sus pasatiempos es, por ejemplo, hostigar a la policía: en los últimos tiempos las bandas han desarrollado una serie de emboscadas con el único objeto de balear desde las alturas a uniformados, a los que inducen a entrar en persecuciones dentro del barrio sólo para dispararles desde terrazas y ventanas de pisos superiores, cual francotiradores en Sarajevo.

Hay al menos un asesinato por se-mana en Fuerte Apache. Pero, tres meses atrás, hubo una muerte diaria: fue cuando la llegada de grupos de otros peligrosos barrios cercanos, como Carlos Gardel o Villa Pineral, generó una sangrienta guerra entre pandillas, según recordó López.

Viejos policías apelan a un poco agradable eufemismo para referirse a esos crímenes entre bandas: los llaman "muertes ecológicas".

La implosión controlada que el 2 de noviembre último demolió dos nodos del complejo fue proclamada por el gobernador Carlos Ruckauf como un medio para erradicar la violencia de la zona. Pero, en rigor, sólo causó la partida de cientos de familias que, con 22.000 pesos como indemnización, no pudieron más que conseguir vivienda en las otras torres del complejo o en barrios apenas alejados de Fuerte Apache.

Sostiene Rodolfo Fernando Domínguez, fiscal general adjunto de San Martín: "La de este barrio no es sólo una cuestión policial; es también un problema social, edilicio y político. A muchos les niegan un trabajo simplemente porque viven allí, lo que los obliga a mentir para subsistir. La gente honesta es discriminada, los chicos van a la escuela dentro del complejo, los departamentos cambian constantemente de ocupantes; hay usurpaciones. Allí, el entramado social es muy complejo, de un equilibrio muy precario".

Según las estadísticas, Fuerte Apache parece un cantón suizo. "Casi no existen registros de robos en el barrio, al margen de los homicidios. Pero estamos convencidos de que allí ocurren delitos. Hay un alto índice de delitos producidos por gente que tiene su base en el barrio. Pero nunca hay denuncias. Estos chicos roban 20 veces y sólo los atrapamos una. Sin testigos es muy difícil esclarecer casos", admitió el fiscal Daniel Cangelosi, que instruye la causa por el tiroteo a la comisaría.

Coinciden fiscales y policías: el cobro de "peaje" a transeúntes, la violencia y las amenazas contra las personas, la venta y el consumo de drogas e incursiones con fines de robo en algunas de las viviendas de las torres son cosa de todos los días, pero que nadie denuncia.

"Queremos investigar a fondo la actividad de las bandas. Hacemos allanamientos en busca de armas y sospechosos. Pero hay pocas posibilidades de encontrar elementos acusatorios. Los delincuentes reconocen los movimientos policiales y, de alguna manera, se las arreglan para anticiparse a los operativos y hacer desaparecer todo lo que los pueda incriminar. Luego, es muy difícil resolver los casos porque no hay gente dispuesta a declarar. Esto se entiende: uno llega, hace el operativo y se va; pero ellos deben vivir allí", sostuvo Domínguez.

Coincidió en este punto el comisario inspector López: "¿Cómo se puede plasmar judicialmente lo que en el barrio se sabe si no hay nadie que, con nombre y apellido, firme una declaración que diga "sí, yo los vi"? Necesitamos que la gente se comprometa como nosotros, que colabore más con la Justicia para poder obtener pruebas contundentes que sirvan para encerrar, con todas las de la ley, a estos delincuentes".

Ocurre que, en Fuerte Apache, el peligro es real. Y se nota.

Por Por Fernando Rodríguez <br/> De la Redacción de LA NACION

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