Caso Bru: perpetua para dos policías

Fallo: la Justicia platense condenó por tortura seguida de muerte a un subcomisario y a un suboficial; el entonces titular de la seccional 9a. y otro agente recibieron dos años de prisión efectiva.
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18 de mayo de 1999  

LA PLATA.- Minutos antes de la medianoche, la Sala I de la Cámara Penal de esta ciudad condenó a prisión perpetua a dos policías por la desaparición y muerte del estudiante de periodismo Miguel Bru, ocurrida el 17 de agosto de 1993, y a otros dos uniformados a dos años de cárcel.

Tras conocerse el histórico fallo, en la sala de audiencias y en la entrada del tribunal, en la calle 8 y 56, se escucharon aplausos y gritos de festejo.

El subcomisario Walter Abrigo y el suboficial Justo López fueron responsabilizados por tortura seguida de muerte en perjuicio de Bru y apremios ilegales contra otro detenido, Roberto Díaz.

Abrigo seguirá en prisión y López, en libertad, porque un fallo de la Cámara de Casación así lo resolvió.

El entonces comisario de la seccional 9a., donde encontró la muerte Bru, Juan Domingo Ojeda, también fue condenado: recibió una pena de dos años de cumplimiento efectivo, porque "con su negligencia prohijó esos tormentos y ocultó su consecuencia".

El cuarto procesado, el suboficial Ramón Cerecetto, también fue condenado a dos años de prisión, por adulterar el libro de guardia para que allí no quedara rastro del paradero de Bru.

Ojeda y Cerecetto no irán a la cárcel hasta que el fallo quede firme.

Los camaristas Eduardo Hortel, María C. Rosentock y Pedro Luis Soria (h.) consideraron como agravantes la convicción de impunidad que tenían los policías y el hecho de que hasta ahora no fuera hallado el cuerpo de la víctima.

La madre de Bru, Rosa Schonfeld, que durante casi seis años luchó por esclarecer el crimen de su hijo, no quedó satisfecha con el fallo y dijo que seguirá buscando el cuerpo de Miguel.

Prisión perpetua para dos policías

LA PLATA.- La tensión no logró superar la barrera de la medianoche: a las 23.45 de ayer, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de esta ciudad condenó a los cuatro policías bonaerense por la desaparición, tortura y muerte del estudiante de periodismo Miguel Bru.

El tribunal integrado por los jueces Eduardo Hortel, María C. Rosentock y Pedro Luis Soria (h.) condenó al subcomisario Walter Abrigo y al sargento Justo López, por tortura seguida de muerte entre el 17 y el 18 de agosto de 1993. La sentencia fue lapidaria: prisión perpetua.

A diferencia del caso de Abrigo, que comenzará a cumplir de inmediato la pena impuesta por el tribunal, López continuará en libertad, aunque bajo custodia, hasta tanto el tribunal de Casación revise una excarcelación anterior en este caso.

El comisario Juan Domingo Ojeda, titular de la seccional 9a. de esta ciudad, donde habría muerto Bru, fue condenado a dos años de prisión por el delito de encubrimiento y a seis años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Pero no irá preso hasta que el fallo quede firme.

Por último, al suboficial Ramón Cerecetto, al que se lo responsabilizó por haber adulterado el libro de guardia de la seccional para hacer desaparecer el nombre del estudiante platense, se lo sentenció a la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo y cuatro años de inhabilitación. Sólo irá a la cárcel cuando se confirme la condena.

La sentencia dictada por los camaristas se ciñó casi como un guante al requerimiento del fiscal general platense Héctor Vogliolo.

A las 23.55 un cerrado aplauso cerró la lectura del veredicto. Entonces, Néstor Bru mostró su mesurada alegría por el fallo: "Yo quería que les dieran reclusión por tiempo indeterminado, pero la prisión perpetua está bien. Ahora tenemos que seguir con nuestra lucha hasta encontrar el cuerpo de Miguel".

Su esposa, Rosa Schonfeld, discrepó con la pena impuesta al comisario Ojeda, aún cuando había prometido que "respetaría sin quejas la sentencia". Si bien reconoció que las penas en contra de los otros tres policías la dejaban conforme, la mujer aseguró que se sentía "mal" por la sentencia contra Ojeda.

Solapado detrás del fallo por el caso Bru, hubo otra sentencia: el tribunal condenó también al ex policía Raúl Tidone a cuatro años de prisión por el delito de apremios ilegales contra el detenido Roberto Díaz, quien estuvo apresado el 10 de octubre de 1992 en la seccional, 9a., la misma dependencia en la que encontró la muerte Miguel Bru poco menos de un año después.

Al final de la audiencia, las madres de Bru y de Díaz se estrecharon en un fuerte abrazo que simbolizó el fin de la impunidad.

Inesperada demora

Prevista para las 18 de ayer, la lectura del fallo sufrió una demora de más de tres horas por problemas técnicos en la impresión de la sentencia, de más de 300 fojas.

Fuentes judiciales especulaban que, a causa del volumen del expediente final redactado por los jueces Hortel, Rosentock y Soria (h.), su lectura demoraría algo más de tres horas.

Pero, al fin, poco antes de la medianoche las cartas estaban echadas: el llanto de los padres del asesinado estudiante, Rosa Schonfeld y Néstor Bru contrastó con el rostro desencajado de los cuatro acusados.

Durante la prolongada presentación oral y pública del fallo, la sala de audiencias permaneció colmada por un público expectante, compuesto casi en su totalidad por estudiantes universitarios y amigos de Bru, que desapareció el 17 de agosto de 1993 y fue visto con vida por última vez en la madrugada del día siguiente en la comisaría 9a.

Entre la apretada concurrencia, se destacaban en forma emblemática los padres del estudiante desaparecido, ubicados en diagonal a los acusados, sentados frente a los tres camaristas.

El paso del tiempo y el peso de las acusaciones convirtieron al juicio por la muerte de Bru en un caso paradigmático. Por eso, una multitud festejó, con cantos y bombos la sentencia contra los cuatro policías.

La manifestación de medianoche, en 8 entre 56 y 57, de esta ciudad, se desarrolló con absoluta normalidad. Un claro contraste con lo que ocurrió por la tarde, cuando personal del cuerpo de infantería de la policía bonaerense -que había montado un importante dispositivo de seguridad- impidió el ingreso de particulares y de un grupo de periodistas a la sala de audiencias.

La medida policial generó algunos forcejeos con quienes se negaban a quedar fuera de edificio de los tribunales.

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