
Cerrarán la fiscalía del barrio de Saavedra
Aducen la falta de fondos; malestar.
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La fiscalía de Saavedra tiene fecha de defunción: el 28 de febrero próximo será su último día en el barrio, en contacto directo con los vecinos que conviven a diario con la inseguridad.
El equipo de fiscales comandado por Norberto Quantín, que desde julio del año último apostó por un nuevo modelo de prevención y represión de los delitos, volverá a instalarse en Tribunales. Y lo hará en contra de su voluntad.
Una sorpresiva resolución del procurador general, Nicolás Becerra, dispuso, por "razones presupuestarias", concluir con la experiencia piloto, no obstante destacar "que los resultados hasta aquí obtenidos demuestran la conveniencia de mantener los aspectos esenciales vinculados a favorecer el modelo de descentralización del Ministerio Público Fiscal".
El procurador general no quiso precisar ayer a La Nación las razones ni los detalles de su iniciativa.
¿Qué significa su decisión? Que la oficina de Saavedra cerrará y que en principio no habrá más traslados de fiscales a los barrios, aunque en la misma resolución Becerra dispuso que, desde marzo de 2001, se implementará un "modelo institucional de descentralización funcional" para todos los fiscales.
Cara a cara
Los vecinos de Saavedra eran hasta ahora porteños privilegiados. No debían trasladarse hasta plaza Lavalle para radicar denuncias, para declarar, ni para interiorizarse sobre cómo seguía su expediente judicial. Y conocían el nombre, pero también la cara, de los responsables de identificar y buscar la condena de los delincuentes.
Ese modelo está en sintonía con el plan de seguridad que impulsa el jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, que considera esencial la participación de la comunidad. Quantín, los fiscales Pablo Ouviña, José María Campagnoli y Mirna Goransky y la decena de funcionarios y empleados que trabajan en Arias y Machain ayer no podían ocultar su molestia por la decisión de Becerra.
"Me opongo terminantemente a la inconsulta e inmotivada resolución del procurador de dar marcha atrás con el proyecto de descentralización, que hasta 36 horas antes pensaba llevar a todos los barrios", disparó Quantín.
Ouviña, el fiscal de juicio, aportó un dato revelador: "Conseguimos condenas en todas las causas de la fiscalía de circuito que se ventilaron en juicio oral".
Goransky, que trabaja en la reorganización del Ministerio Público desde 1998, destacó el mayor control y la trasparencia que garantiza un modelo como el de Saavedra.
Y Campagnoli habló de la importancia de que la administración de justicia se acerque a la gente. "La experiencia es muy provechosa. Estando en el lugar de los hechos llegamos en forma inmediata para preservar la prueba y conseguimos avanzar en expedientes N/N (de autores no identificados), cuando se repetían una modalidad delictiva o las características de un sospechoso."
De hecho, Becerra pareció reconocer ese logro. En la propia resolución 61/00 dispuso la creación de la Unidad Fiscal de Investigación de Ilícitos con Autor Desconocido, en marzo del año próximo, y nombró a Campagnoli como titular.
Cambio de turnos
Frente a las duras críticas de funcionarios y de vecinos, fuentes de la Procuración aseguraron que la descentralización se hará, a pesar de que no habrá un traslado físico de los fiscales y aunque un gran porcentaje de ellos esté en desacuerdo con el cambio.
"Será un modelo al estilo norteamericano, con turnos anuales de fiscales con las mismas comisarías y no con un mismo juez, como hasta ahora. Esto le permitirá a la gente conocer previamente al fiscal que estará a cargo de esclarecer sus casos y llevará mayor trasparencia a la administración de justicia", dijo una alta fuente judicial.
Becerra tomó la decisión de cerrar Saavedra el 26 del mes último, el mismo día que remitió al Congreso el proyecto de ley para reformar la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA) y quitarle facultades a la Oficina Anticorrupción (OA).
En la misma resolución, el procurador creó una comisión, integrada por los fiscales generales Norberto Quantín, Maximiliano Rusconi, Joaquín Gaset, Ricardo Sáenz y Santiago Teruel, para "desarrollar una propuesta de reglamentación del funcionamiento de descentralización". Gaset y Sáenz siempre se opusieron a modificar el sistema de investigación.
Al día siguiente, quizá por presiones que recibió de detractores del proyecto, el procurador dictó una resolución, aclaratoria de la anterior. Allí señaló que la comisión resolverá "teniendo en cuenta todas las propuestas y alternativas que se propongan para optimizar la eficiencia en el modelo de funcionamiento del Ministerio Público" y puntualizó que la futura medida "no alcanzará al fuero federal".
En el edificio de Comodoro Py 2002 el ánimo de los fiscales no es el mejor. La semana última, Becerra recibió una nota firmada por 20 de los 24 fiscales del fuero federal en la que los funcionarios expresaban su rechazo y preocupación por una resolución tomada por el juez Gabriel Cavallo.
El magistrado había dispuesto de oficio delegar la investigación "Mac Karthy, César, Shell; YPF s/malversación de caudales" en la Unidad Fiscal de Investigación Tributaria y de Contrabando (Ufitco), una comisión especializada de fiscales, sacándosela así a los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, que habían sido designados por sorteo.
Cinco días después de la nota de los fiscales federales, Becerra recibió otra nota. Esta vez, firmada por 28 fiscales de instrucción que también se oponían a la decisión de Cavallo.
En rigor, según fuentes judiciales, lo que hicieron los miembros del Ministerio Público fue defender que "ni un juez ni el propio procurador pueden decidir quién investiga cada caso".
De este modo, aunque indirectamente, también expresaron su rechazo a la Fiscalía de Circuito de Saavedra, que investiga todas los delitos que se cometen en una jurisdicción, sin importar qué juez estuviera de turno.
La semana próxima se realizará la Reunión Anual de Fiscales y Becerra tendrá que enfrentar a las distintas líneas que conviven, no muy pacíficamente, dentro del Ministerio Público.
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