Deuda: baños públicos en plazas y otros servicios claves aprobados por ley, pero que nunca se implementaron en la ciudad
La Legislatura porteña sanciona numerosas normas que buscan impactar en la vida cotidiana, pero no se cumplen; cinco de los casos más visibles
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PARA LA NACIONValeria Azerrat
Cada año, la Legislatura porteña aprueba numerosas normas que impactan en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, una parte significativa de esas iniciativas queda frenada en la práctica: algunas nunca son reglamentadas, otras se ponen en marcha de manera fragmentaria o terminan lejos de sus objetivos originales.
La instalación de baños públicos en parques, los centros veterinarios comunales y la regulación del trabajo de los cafeteros ambulantes son algunos de los casos más visibles que exponen con claridad esa brecha entre la norma y el cumplimiento efectivo.
De acuerdo con el Centro Documental de Información y Archivo Legislativo y el Sistema de Consultas Parlamentarias, en los últimos diez años, la Legislatura sancionó más de 1200 leyes. El 2021 fue el año que más normas obtuvieron votación positiva: unas 150, en su mayoría impulsadas por el Poder Ejecutivo, mientras que este 2025 aparecía, hasta noviembre, como el menos productivo, pero revirtió la tendencia con la última sesión ordinaria, ya que alcanzó el centenar.
El camino de las leyes tiene origen en los miembros de la Legislatura, así como en el gobierno porteño, la Defensoría del Pueblo, las juntas comunales y la ciudadanía, a través de una iniciativa popular. Se debaten, votan y aprueban en el Parlamento local.
Una vez sancionadas, según la Constitución porteña, pasan al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Boletín Oficial, paso que determina su entrada en vigor. No obstante, algunas requieren de un decreto posterior de reglamentación para determinar la forma en que se aplicarán, pero sin alterar “el espíritu ni su modo de ejecución”.
Si bien no existe un número exacto de las leyes que demandan de una reglamentación, fuentes legislativas informaron que las normas están divididas en dos grupos: las “programáticas”, que inexorablemente requieren del decreto del Ejecutivo para establecer la manera en que se pondrán en funciones, y las “operativas”, que ya cuentan entre sus artículos con la información necesaria para su implementación.
“La reglamentación de cada ley depende del área que sea autoridad de aplicación de la ley. Luego se sigue el circuito de revisión de gobierno, que puede ser la Secretaría Legal y Técnica, la Jefatura de Gabinete o todas las áreas que sea necesario que intervengan”, señalaron desde el Ejecutivo a LA NACION.
Los baños públicos en grandes parques
En diciembre de 2018, la Legislatura aprobó la ley 6107, que ordenaba a la gestión porteña instalar baños públicos en parques de más de tres hectáreas de superficie. La lista incluía al menos una veintena de espacios verdes, como los parques Avellaneda, Centenario, Indoamericano, Saavedra o Sarmiento.
La norma fue promulgada de inmediato, aunque nunca se dictó el decreto reglamentario que habilite la construcción de los sanitarios con los estándares exigidos en materia de accesibilidad, salubridad y diseño paisajístico.
La dilación en la puesta en marcha generó diversos pedidos de informes desde la Legislatura al Ejecutivo. Uno de ellos obtuvo como respuesta de la demora al cambio de unidades organizacionales dentro de la estructura del gabinete local. Recientemente, el manejo de los espacios verdes de gran superficie dejó la órbita del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.
En una visita a la Legislatura para dar el informe de gestión a inicios de diciembre, el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, dijo que estaba bajo análisis la posibilidad de comenzar a instalar los sanitarios en parques y plazas. “Serán dos por comuna”, detalló.
Vecinos de Colegiales, barrio en donde fue creado hace unos años un nuevo parque ferroviario con una superficie de más de ocho hectáreas, trasladaron a la Comuna 13 un pedido para contar con baños públicos en un playón en el que, además de los habituales visitantes, se suman quienes asisten a las ferias de gastronomía que se organizan con frecuencia durante los fines de semana.
“Consideramos imprescindible la instalación de sanitarios adecuados y accesibles, conforme al volumen de público que recibe diariamente este espacio verde de la comuna”, resaltaron.
La problemática llegó también al recinto legislativo. Diputados de la UCR y Unión por la Patria impulsan un pedido de informes para conocer qué acciones tomó el gobierno porteño respecto de la ley 6107. El documento solicita información sobre módulos operativos, ubicaciones y horarios de funcionamiento. “Pasaron varios años y la ley sigue sin reglamentarse”, señalan.
A la vez, la legisladora radical Manuela Thourte propuso actualizar la norma para ampliar el alcance. Su proyecto elimina el requisito de las tres hectáreas y plantea incorporar criterios de concurrencia y demanda social. Así, plazas de menor tamaño, pero con gran afluencia, podrían contar con baños públicos. La iniciativa agrega un mecanismo de financiamiento: permitir publicidad en las paredes externas de los módulos sanitarios.
Centros veterinarios gratuitos
La ley 4351 fue aprobada y promulgada en 2012 para establecer un control poblacional de canes y felinos domésticos y domésticos callejeros. Además, promovía la creación de centros de atención veterinaria (CAV) pública en cada una de las 15 comunas de la ciudad, con servicios gratuitos de vacunación, esterilización, desparasitación y atención ambulatoria.
Fue reglamentada, pero parcialmente, ya que dos artículos no fueron incluidos: uno de ellos, el que contempla los CAV.
Hoy, según datos oficiales, en la Capital viven aproximadamente 860.000 gatos y perros en familias; incluso, hay más de estos animales que niños en los hogares porteños. Otros más de 350.000 están en situación de calle. En barrios como Villa Lugano o Villa Soldati, la proporción se dispara a niveles preocupantes. Para muchas familias, en un contexto económico difícil, pagar una consulta veterinaria resulta complicado y se agrava si el animal necesita de algún medicamento, tratamiento o intervención quirúrgica. Eso puede resultar en una falta de atención y, a veces, en abandonos.
Vecinos, organizaciones proteccionistas y representantes comunales recurrieron a la Justicia para peticionar que se exija al gobierno “el cumplimiento efectivo de la ley 4351/12, incluyendo la creación de los centros de atención veterinaria comunal que establece la norma”. Obtuvieron un fallo favorable en primera instancia y una confirmación de Cámara.
“Tenemos ganado el amparo en primera y segunda instancia, y nos siguen poniendo trabas para no aplicar la ley, que la necesitamos en favor de los animales”, dijeron a LA NACION desde los grupos que impulsaron la presentación.
Durante el proceso judicial, el Gobierno porteño informó sobre la existencia de ocho móviles veterinarios que desarrollan actividades en las 15 comunas y dos puntos fijos –en la Costanera Sur y Parque Indoamericano– con lo cual, argumentó, cumplía “ampliamente” con los objetivos de la norma involucrada en cuanto a sus misiones y funciones.
Cafeteros ambulantes
En 2021, la Legislatura aprobó por unanimidad la norma que permite la venta ambulante de café en la vía pública mediante triciclos o carritos no motorizados. La actividad quedó reservada para trabajadores independientes que actúan por cuenta propia.
A cuatro años, continúa sin reglamentarse. Eso genera un escenario contradictorio, porque mientras la ley habilita a trabajar a más de 500 cafeteros en la vía pública, las fuerzas de seguridad realizan operativos en los que se retiran los carros y les impiden la venta.
Muchos de los despliegues policiales se observaron en las estaciones de trenes con gran afluencia de personas como Constitución, Once, Pompeya y Chacarita. Recientemente, los diputados porteños consultaron al Ministerio de Seguridad por el tema, pero recibieron como respuesta que no era el área que debía avanzar en una reglamentación.
Boleto universitario
La ciudad sumó en diciembre de 2024 con una ley para ampliar el Boleto Educativo al nivel superior, tanto universidades como terciarios. A nueves meses de la aprobación, el gobierno porteño activó su puesta en marcha con la publicación en el Boletín Oficial de los “criterios operativos para la implementación” de la norma. Y, en octubre, habilitó la plataforma para que los estudiantes accedieron al trámite para obtener la gratuidad en el transporte público.
La administración argumentó que la demora se debió a la necesidad de articular datos académicos con instituciones nacionales. Hoy el beneficio está operativo, pero no al total del universo de personas a la que alcanzaba en la redacción establecida por la Legislatura.
Por ejemplo, no entró en vigor que no paguen el boleto los acompañantes de estudiantes menores de 12 años. Esta iniciativa fue incluida como una ampliación de los beneficiarios del boleto educativo en los niveles inicial y primario.
En tanto, las diputadas Graciela Ocaña y Claudia Neira señalaron que los alcances de la ley del boleto gratuito para jubilados fueron “desvirtuados” en la reglamentación, ya que se exige por ejemplo contar con una cuenta del Banco Ciudad para acceder al beneficio.
Una reglamentación acotada
En 2022, fue aprobada una ley que estableció la generación de un marco para el acompañamiento adecuado de las trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes que debido a sus altas capacidades intelectuales requieran estrategias de acompañamiento específicas o aceleración a lo largo de la escolaridad.
Tras un pedido de informes efectuado por la legisladora Marina Kienast al Ejecutivo este año, la norma fue reglamentada en octubre. En el decreto, el Ejecutivo fijó como autoridad de aplicación al Ministerio de Educación y lo facultó para dictar las normas complementarias, operativas y aclaratorias necesarias, pero no fijó los detalles de su aplicación.
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