Cobraron $ 900 por la muerte de su hija

Marcela Alejandra Videla había cumplido 16 años hacía cuatro días. El 10 de enero último fue a visitar a dos amigas y prometió volver a las 21. Por primera y última vez, no cumplió un compromiso. Cerca de la estación de Florencio Varela, un tren que iba hacia Plaza Constitución la arrolló. Eran las 15.30 cuando murió.

Miguel Videla y Ana Casco pasaron la noche en vela. Primero en la comisaría de Varela; después, en la morgue de Quilmes. A la mañana, la realidad los golpeó de nuevo: no tenían dinero para liberar el cadáver y dar el último adiós a su hija.

Recurrieron a Transportes Metropolitanos SA (TMSA), concesionaria de la ex línea Roca, la del tren que segó la vida de su hija. La empresa ofreció hacerse cargo del gasto del sepelio. Sólo hacía falta una firma para liberar el pago: 900 pesos.

Tiempo después, los Videla supieron que no habían firmado un recibo por el sepelio, sino un acuerdo por el cual se comprometían a no hacer ningún otro reclamo a la empresa por el accidente. En ese momento supieron que TMSA fijó en 900 pesos el precio por la vida de su hija.

Los Videla dicen que la señal fonoluminosa que anuncia el paso de trenes no funcionaba. Y que el guardabarrera nunca salió de la caseta para advertir que detrás del convoy que Marcela vio pasar venía otro. Por eso responsabilizan a la empresa.

TMSA, en cambio, dice que la chica no esperó en el laberinto a que pasaran las formaciones; y, además, sostiene que el guardabarrera sí le gritó a la menor, pero que ésta pudo no haberlo oído por el paso de los trenes.

Estado de necesidad

Pero el eje del conflicto, hoy, no es ése, sino el cuestionado acuerdo suscripto un día después de la muerte. El abogado de los padres de Marcela, Fernando Cano -presidente de la asociación civil Ayuda al Accidentado- aseguró a LA NACION que TMSA se abusó del estado de necesidad de los Videla para hacerles firmar, bajo engaño y sin asesoramiento jurídico, un acuerdo por "indemnización total, única y definitiva" a horas de la muerte y a sabiendas de que los urgía tener el dinero.

Cano pidió a la justicia civil que declarara la nulidad total del acuerdo y denunció penalmente por estafa al abogado de TMSA Hernán Rodríguez Ghillione, que hizo firmar a los Videla el acuerdo cuestionado.

El gerente de Relaciones Públicas y apoderado de TMSA, Fernando Jantus, negó a LA NACION que el convenio hiciese referencia a indemnización alguna. Sí admitió que decía que los Videla se abstendrían de efectuar reclamos posteriores.

LA NACION accedió al cuestionado convenio, que reza: "La empresa, al sólo efecto liberatorio y conciliatorio [...] ofrece a la damnificada (los Videla) la suma de $ 900 a abonarse en este acto en efectivo en concepto de total, única y definitiva indemnización por todos los daños y perjuicios emergentes del accidente.

"La damnificada reajusta su pretensión y acepta expresamente y en su totalidad la oferta, manifestando que considera íntegramente satisfecha su pretensión por el mencionado accidente, no teniendo más que reclamar en concepto de indemnización por daños y perjuicios ni por ningún concepto, liberando expresamente (a la empresa) de toda responsabilidad que sobreviniera como consecuencia del referido accidente".

Dijo Jantus: "Los padres de la chica vinieron a pedir ayuda y se les dio. El acuerdo es el mismo que se hace cuando se sabe que no hay culpa de la empresa, que no eludirá su responsabilidad en un caso como éste. Ellos sabían lo que firmaban, se les explicó todo. Nos vemos obligados a hacer estas aclaraciones para poner freno a la industria del juicio. TMSA se presentó en concurso preventivo de acreedores en diciembre último, entre otras cosas, por los 2000 juicios que nos iniciaron, muchas veces, con casos inventados".

Algo similar explicó Rodríguez Ghillione: "El convenio fue sólo una cuestión de forma en la que consta el pago del sepelio, no implica indemnización y no impide que inicien una demanda civil por lesión subjetiva. Igual sostenemos que el accidente fue culpa de la chica".

Le replicó Cano: "Si el acuerdo no es indemnización y no obstaculiza una demanda, por qué les hizo firmar a los Videla una renuncia a efectuar nuevos reclamos, una vez recibidos los 900 pesos. Está claro que sacaron provecho del dolor de los padres".

Pedido de informes oficial

• La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó un pedido de informes a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) por el "aparente pago arbitrario de indemnización por accidente", a raíz de la muerte de la menor Marcela Videla, arrollada por un tren de la ex línea Roca.

El ombudsman nacional Eduardo Mondino quiere saber cuánto pagan las empresas ferroviarias a las víctimas o sus deudos, en qué condiciones lo hacen y qué tipos de acuerdos suscriben con los eventuales demandantes. Mondino, además, hizo un pedido de informes similar a Transportes Metropolitanos SA, pero ceñido exclusivamente al caso Videla.

Por Fernando Rodríguez

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