Cómo funciona el sistema educativo en las cárceles argentinas

Después de 22 años preso, Rodolfo "Cacho" Rodríguez, espera con ansias toda la semana a que sea sábado. No porque sea su día de descanso, sino porque es cuando combina su trabajo y su vocación: es el día que da clases a docentes sobre educación en las cárceles. Rodríguez conoce de lo que habla: realizó toda la carrera de Sociología en la sede que tiene la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la ex cárcel de Devoto. "Tengo la mirada académica y, además, soy un antropólogo de mi propia tribu", asegura.

"La educación brinda herramientas. Para el afuera, tener un título me ayudó a conseguir trabajo. Este año me convocaron para ser profesor universitario en Lomas de Zamora. Pero sobre todo, estudiar me ayudó a pensarme como alguien diferente. Ya no era el "pibe chorro", sino el que estudiaba, aprobaba y reflexionaba", cuenta "Cacho".

Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep, 2013), publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 54% de los presos de todo el país (unos 34.000) no participan de ningún programa educativo dentro de las cárceles. En los penales que dependen del Servicio Penitenciario Federal, ese porcentaje es de apenas el 14% (unos 1300 presos).

Un 18% de los presos cursa estudios correspondientes al EGB, mientras que un 15% cursa el nivel correspondiente al Polimodal. En tanto apenas unos 1600 presos (2,5%) cursan carreras universitarias o terciarias. En el SPF, el porcentaje para esta última categoría es de 7,4% (unos 700 presos).

En tanto, un 68,64% de los presos ingresaron a la cárcel con el nivel educativo primario completo. Un 22,9% tenía el secundario completo al momento de ser detenido. En tanto sólo un 2,2% había cursado el ciclo terciario o universitario.

Como revelan la mayoría de los presos entrevistados por LA NACION, dentro de las cárceles casi todos comienzan a estudar por fines utilitarios: salir del pabellón, evitar los traslados, tener un mejor concepto ante las autoridades del Servicio Penitenciario y charlar con gente de afuera del penal. "Cacho" Rodríguez, por ejemplo, se encontraba en una celda de confinamiento y al comenzar a estudiar logró ser trasladado a uno de los pabellones generales.

"Mi objetivo en un principio no era estudiar. Era bajar al CUD en el subsuelo y ver dónde podía hacer un agujero para irme. Después empiezo a darme cuenta que si la fuga era exitosa, iba a romper un proyecto colectivo. Y a la vez, mi familia y mis conocidos se enorgullecían de que yo estuviera ahí y quisiera estudiar", recuerda Rodríguez, quien participó de proyectos sobre educación y trabajo que luego fueron base de futuras leyes judiciales.

En 1986, el Servicio Penitenciario Federal y la Universidad de Buenos Aires firmaron un convenio a través del cual se creó el Programa UBA XXII, que tiene como objetivo brindar educación universitaria en las cárceles. Su núcleo funciona en el Centro Universitario Devoto (CUD), un anexo de la UBA en la ex Unidad 2 de Villa Devoto. Pero también tiene presencia en las cárceles federales de Ezeiza y Marcos Paz.

En el marco del programa los presos pueden estudiar las carreras de Contador Público, Derecho, Letras, Psicología, Sociología. También hay talleres y actividades educativas complementarias.

"Otras universidades públicas brindan educación en cárceles pero con muchos más límites por parte de los servicios penitenciarios y en la mayoría la modalidad es semi presencial o directamente libre", explica Leandro Halperín, ex director del Programa UBA XXII.

Un estudio realizado por la Facultad de Derecho de la UBA y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) reveló que de los 132 egresados que tenía el Programa en 2013, un 84 % "no volvió a ser encontrado culpable de cometer nuevos hechos ilícitos". Es decir que, según destaca el informe, "8 de cada 10 graduados del Programa no han vuelto a ser condenados". El estudio es parte de una serie de relevamientos que ambas instituciones están llevando a cabo para medir el impacto de la educación en contextos de encierro.

Un aspecto que se destaca en este informe son los obstáculos temporales que suelen dificultar que los presos accedan al estudio. "En la mayoría de los casos, quien intente completar sus estudios deberá enfrentarse a la decisión entre trabajar o estudiar" dice el informe y explica que muchos horarios se superponen y están atados a la agenda penitenciaria.

En cuanto al espacio, explican que "la irrupción de la Universidad de Buenos Aires rompió con la lógica espacial de la cárcel, al abrir instancias colectivas de intercambio".

"En un contexto donde los derechos más elementales se ven vulnerados, la palabra funciona como eje para la construcción de la autonomía", resaltan.

La educación para todas las personas es uno de los principios que establece la Constitución Nacional, pero también existe una normativa específica para los contextos de encierro. Se trata de la llamada Ley de Estímulo Educativo, que fue sancionada en 2011. Tal como explica el informe de la Facultad de Derecho y la PPN, esta normativa establece un mecanismo de estímulo educativo, que "consiste fundamentalmente en la reducción de distintos periodos de tiempo, hasta un máximo acumulativo de veinte meses, siempre que el interno complete en forma total o parcial estudios en los diferentes posibles niveles educativos, así como trayectos de formación profesional o equivalentes, para avanzar a través de las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario".

Para la Procuración Penitenciaria "el texto legal no es asertivamente expreso acerca de la posibilidad de extender este estímulo respecto de los institutos de las salidas transitorias, la libertad condicional o la libertad asistida y ello ha generado interpretaciones contradictorias en los tribunales, limitando el impacto de la ley".

Por su parte, Leandro Halperín manifiesta una mirada crítica sobre la Ley de Estímulo. "Una cosa es estimular a la gente para que estudie, pero muy distinto es poner a los docentes a decidir, aprobado o no aprobando a un alumno, si esa persona sale o no en libertad", argumenta Halperín.

"En la cárcel lo que impera es una lógica de premios selectivos y parece que la educación en lugar de ser un derecho es un privilegio. Esto conspira contra lo que nosotros pretendemos de estos hombres y mujeres cuando vuelvan al medio libre", explica.

"Lo ideal sería que pudiéramos trabajar de manera conjunta, que todos tengamos como norte la integración pacífica de nuestra sociedad. Y esto se hace con oportunidades, no con premios, extorsión o violencia", insiste Halperín.

Por otra parte, la normativa establece que en los certificados de estudios y diplomas "extendidos por la autoridad educacional competente durante la permanencia del interno en un establecimiento penitenciario, no deberán contener ninguna indicación que permita advertir esa circunstancia".

A pesar de esta exigencia, el pedido de certificado de antecedentes en los trabajos complica a los estudiantes una vez que cumplen su condena. Este es el caso de Mariano Bocazzi, de 42 años, detenido hace 18 años, que cumplió su condena en distintos penales del país. Bocazzi hoy cumple un régimen de salidas laborales y trabaja en una asociación civil de La Plata, por lo que se levanta a las 8 de la mañana, trabaja, luego va a cursar, y vuelve a dormir al Penal de Gorina.

En 2007, Bocazzi estuvo con un régimen de salidas transitorias y no consiguió trabajo porque le pedían certificado de antecedentes. Ante este obstáculo, volvió a delinquir y cayó preso nuevamente. "Cuando caí dije ‘¿Qué pasó?’. No eran estos los planes. Pero empecé a hacer una reflexión profunda de todo. Me di cuenta que me faltaba información, capacitación, herramientas, que con la voluntad sola no alcanzaba. En ese momento, entró una recorrida de la facultad y me inscribí. Me daba lo mismo si era periodismo o veterinaria, quería aprender", recuerda. Y agrega: "Te pueden decir que dejes de delinquir tus familiares, tus amigos, la ley. Pero fue la educación la que me transformó".

Luis Tagliapietra, de 44 años, es uno de los estudiantes que en los últimos años transitó por las aulas de derecho del subsuelo de la ex cárcel de Devoto. Hoy, Luis continúa cursando en la Facultad de Derecho de la UBA.

Te pueden decir que dejes de delinquir tus amigos, la ley. Pero fue la educación la que me transformó

"En la cárcel descubrí una vocación. Siendo universitario, asesoraba a otros detenidos que son analfabetos y ahí descubrí que me apasionaba el derecho", contó tras su paso por el Centro Universitario Devoto. Primero, arrancó la UBA mientras estaba detenido en la Unidad 1 de Ezeiza y luego logró ser trasladado a Devoto para continuar las cursadas.

"Yo soy uno de los pocos que puedo seguir estudiando afuera porque tengo recursos económicos. Antes de caer preso tenía una concesionaria y también me las rebusco como instructor de paracaidismo, montañismo y otras disciplinas que conozco", explicó Tagliapietra. Una vez recibido, sueña con tener su propio estudio jurídico y trabajar de forma independiente, porque, según contó, por su certificado de antecedentes penales no consigue que nadie lo contrate.

A Horacio Osuna le quedan unas pocas materias pare recibirse de Licenciado en Comunicación Social y también tiene la mitad de la carrera de abogacía hecha. Con el título intermedio de profesor que obtuvo quiere dar clases dentro de la cárcel, hoy en la Unidad 45 de Melchor Romero. Además, busca formar centros de estudiantes en el secundario que maneja el Servicio Penitenciario y lleva adelante un proyecto de alfabetización para los internos.

Osuna fue detenido a los 22 años por homicidio y tiene que cumplir todavía una pena de 20 años más.

"El estudio me saca de la cárcel en todos los sentidos. Literalmente, porque salgo a estudiar a la Universidad de La Plata. Pero también me hace libre el poder pensar. Es la mejor forma de oxigenar el cerebro", contó. Y añadió: "Si no fuera por la educación, me hubiera tapado la cárcel. No sé si estaría vivo".

Por Sol Amaya y Florencia Barragán

• Cárceles en la Argentina

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