Cómo llegar a juez en Santiago del Estero

SANTIAGO DEL ESTERO.- La vida política no entiende aquí de grandes sutilezas. Un simple texto hallado en los archivos de los diarios locales presenta en letras de molde un documento nítido sobre la influencia del gobierno sobre el Poder Judicial de la provincia, que esta semana volvió a estar sospechado por las irregulares maniobras atribuidas a Carlos González Avalos, abogado del gobernador peronista Carlos Juárez.

El 11 de mayo de 1995, con el título "Abogados apoyan al Dr. Juárez", 47 abogados firmaron una solicitada desbordante de elogios para el mandatario. Tres días después se realizaron las primeras elecciones para gobernador después de la intervención federal que siguió al estallido social de 1993.

Juárez -a quien le habían quemado la casa en aquel alzamiento popular- arrasó en las urnas y volvió al poder. Poco tiempo después, inició su reforma del Poder Judicial, en la que 32 de los letrados que firmaban la solicitada pasaron a ocupar cargos de relevancia en los tribunales. De esa lista de entusiastas defensores del veterano caudillo salieron tres miembros del Superior Tribunal, doce camaristas y una decena de jueces.

"Porque hará que la Justicia sea un poder independiente, asumiendo la misma su verdadero rol protector de la comunidad", justificaban los futuros magistrados en la solicitada, cuando sólo eran un grupo de "abogados justicialistas".

Pocos podrán alegar que el gobernador haya cumplido ese objetivo. La reforma judicial fue la primera gran meta de Juárez en su retorno al poder.

Primero nombró a los cinco nuevos miembros del Superior Tribunal. Luego, como interpretó que todos los jueces de la provincia habían perdido el acuerdo cuando el distrito fue intervenido por la Nación, intentó que la Legislatura aprobara una destitución masiva y nombrara una serie de magistrados que él proponía.

La falta de mayoría legislativa trabó el trámite, pero 31 de octubre de 1995, el día en que la Cámara entró en receso, Juárez decretó la destitución de los jueces que ejercían desde antes de la intervención y nombró a casi 80 nuevos funcionarios en comisión -muchos de los cuales adherían a la solicitada- y luego serían protagonistas de algunos de los muchos escándalos difundidos en los últimos cinco años.

Arquitectura judicial

"Porque a través de la implementación del Consejo de la Magistratura surgirán jueces con estabilidad e idoneidad", continuaba el escrito publicado en 1995. El organismo al que hacían referencia estaba en la Constitución local desde mediados de los 80, pero se reglamentó, efectivamente, con el regreso de Juárez.

Se integró por dos jueces (de los nuevos), dos diputados (uno del PJ y otro de la UCR) y dos miembros del Colegio de Abogados, donde se reglamentó que fueran uno de la lista mayoritaria y uno de la minoría.

Así se regularizó la situación del Poder Judicial. El consejo -cuyas sesiones son secretas al igual que los motivos por las que deciden- envió ternas para que el gobernador eligiera quién se quedaría con cada puesto.

Con la reforma de la Constitución local, el consejo quedó conformado con ocho miembros. Se le sumó un diputado más por la mayoría y un juez más. El oficialismo tiene la mayoría absoluta. Hasta en el Colegio de Abogados ya no se presenta la lista que solía ganar todas las elecciones, opositora al justicialismo. Desde 1996 hubo 150 pedidos de juicio político ante el organismo, pero no se abrió un solo caso, según fuentes judiciales.

Escándalos

La carrera judicial de muchos de los letrados que firmaban la solicitada estuvo cruzada por casos novelescos que ganaron la atención de medios locales y que todavía generan comentarios en los tribunales. Vayan algu nos ejemplos:

• Mariano Utrera: fue nombrado presidente del Superior Tribunal cuando asumió Juárez, pero tuvo que renunciar en 1997. Quedó acorralado porque se difundió que su hija Fernanda había ganado un concurso público convocado por la Corte para ocupar una vacante de prosecretaria, pero la joven sólo había aprobado una materia de abogacía.
• José Antonio Azar: reemplazó a Utrera. El año último fue noticia cuando se difundió una cinta en la que supuestamente estaba grabado mientras pedía una coima. Fue denunciado, pero la Cámara desestimó el caso.
• César Turk: en 1999, cuando era juez penal, un particular lo denunció por estafa. La madre del juez había recibido una herencia junto con otras cuatro personas: una casa en el centro de Santiago y un terreno en Loreto, a 60 kilómetros de aquí. El perito que tramitó la sucesión valuó el terreno (que en principio costaba 900 pesos) en 90.000 pesos y la casa en 25.000. Luego, el magistrado instructor dividió en cinco los bienes y los repartió. A la madre de Turk le quedó la casa y los otros cuatro herederos se dividieron el terreno. La denuncia contra Turk y el juez que firmó la sucesión fue desestimada por la Corte que preside Azar. Turk fue ascendido a camarista penal. Su tribunal fue el que trató la causa de coimas contra Azar.

Entre los firmantes está también Carlos González Avalos, defensor del PJ y del gobernador, que consiguió que el Superior Tribunal embargara los bienes de los miembros del Colegio de Abogados que le habían puesto una sanción. Una medida que en este contexto no parece tan sorprendente.

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