¿Cómo puede la Argentina financiar la conservación de la naturaleza?

CALI.– La protección del ambiente parece no estar alineada con la política fiscal y presupuestal del Gobierno argentino. Al menos esto es lo que deja en evidencia el último reporte del monitor de presupuesto de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) que indica que durante los primeros ocho meses del año hubo una caída del 41,5% de los fondos para la Subsecretaría de Ambiente. Este es el primero de varios datos que, según expertos consultados por LA NACION, pueden desembocar en un progresivo y mayor deterioro de los ecosistemas argentinos. Según la investigadora de Zero Carbon Analytics, María Marta Di Paola, este año, el presupuesto ambiental es “35 veces menor de lo que debería recibir”.

La postura oficialista, que el exdiputado nacional Juan Carlos Villalonga catalogó de un abandono “a toda idea de política ambiental”, se cristaliza también en los recortes presupuestales y la eliminación de fideicomisos. Tal es el caso del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos (Fobosque), que fue eliminado por decisión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y su proyecto de “ley Hojarasca”.

También se refleja en el presupuesto nacional, que este año se desplomó en un 43,8% de los fondos para el manejo del fuego y supone una caída de entre un 31,8% y un 41,9% para 2025. Para matizar, recordemos lo que sucedió hace tan solo unos meses en los valles de Calamuchita y de Punilla, en Córdoba. Fueron 430 kilómetros cuadrados devastados por los incendios, una extensión poco más de dos veces de la ciudad de Buenos Aires. Varias organizaciones vaticinan una degradación de la capacidad de gestión del fuego debido a recortes.

Como estos, la política económica y de reestructuración del Estado impulsadas por el oficialismo, rebajó a varios sectores vinculados con la protección del ambiente como la Administración de Parques Nacionales, la promoción de energías renovables y la gestión de residuos. Algo distinto sucede con algunos subsidios que la Convención de Diversidad Biológica de Naciones Unidas (CBD) cataloga de “dañinos”. Tal es el caso de los que se destinan a la industria hidrocarburífera que, según el estudio de FARN, suman $305 mil millones: $77 mil millones destinados a la demanda y $228 mil millones a la oferta. “Dicho de una manera más clara, las empresas hidrocarburíferas reciben 250 veces más fondos que las áreas marinas protegidas”, sintetiza Di Paola.

Emilio Spataro explica que la convención exige una reducción a nivel mundial de US$500 mil millones a los subsidios “dañinos”. Él es asociado en diplomacia para la biodiversidad en Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (Gflac) y una de las personas que más ha seguido la discusión de financiamiento y movilización de recursos durante la Cumbre sobre Biodiversidad en Cali, Colombia. A su criterio, es uno de los puntos que menos concreción tiene por parte de los países de nuestra región y también de casi todo el mundo.

Bajo este débil piso presupuestario, el Gobierno decidió también detener varios flujos monetarios provenientes de organismos multilaterales vigentes. “Cooperación sí, créditos no”, declaró la subsecretaria de Ambiente de Nación, Ana Vidal de Lamas, durante una rueda de prensa en Cali. Asegura que el planteo provino del Ministerio de Economía y “la bajada de línea” fue recortar todo proyecto que estuviera vinculado con temas de manejo de residuos -una de las políticas más centrales vinculadas a reducir la contaminación-, que provenga de créditos y que tenga menos del 80% de avance; incluso los programas que provengan desde las provincias y que requieran garantía soberana.

Según el análisis 2024 del Gflac, basado en datos de la OCDE, el 99,85% de los fondos provenientes de organismos multilaterales hacia la Nación, son préstamos y solo un 0,15% llegó al país en forma de cooperación.

El reporte pone a la Argentina como el país que más financiamiento recibió para biodiversidad y cambio climático de toda la región. Son 64 proyectos financiados por estos fondos. “Sin embargo, la mayoría siguen siendo préstamos, sobre todo por el tipo de proyectos”, explica la doctora Sandra Guzmán, directora de Gflac.

Con “tipo de proyecto”, Guzmán se refiere a que generalmente los fondos que ofrecen países u organismos extranjeros funcionan a partir de programas con un objetivo específico como puede ser proteger una selva en lugar de un humedal, o desarrollar un parque solar en lugar de uno eólico. En estos casos, quien presta propone a qué se destinarán sus recursos, algo que en varios casos dista de las necesidades de los países receptores.

Entonces, de aceptar préstamos, el Gobierno trataría de adecuar lo que quiere hacer, bajo un paraguas acotado por el organismo o país donante. Dependiendo de la multilateral en cuestión, los procesos de solicitud pueden tornarse más o menos complejos. La Argentina principalmente tiene tratos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).

Para ambos casos, es usual que proyectos como estos tarden años en iniciarse por la burocracia que representan. En particular para el GEF, que es un caja especial creada en 1991, bajo la órbita del Banco Mundial, para impulsar proyectos ambientales (tanto para biodiversidad como de cambio climático).

Hoy es uno de los principales prestamistas de fondos para proyectos de biodiversidad en el mundo, aunque según han criticado varios países durante la COP 16, es tan difícil acceder a ellos que quizás los acreedores que más requieren el dinero, no pueden obtenerlo, pues requiere de equipos grandes y tiempo para llenar el papeleo, además de requisitos que no todos los países tienen. “Muchos de esos recursos no pasan por sus gobiernos, hay países en África que no tienen Banco Central, que su dinero es impreso en Francia”, argumenta Spataro. Varios países exigen un acceso directo, también, a comunidades indígenas y locales que son las que se han encargado de proteger y conservar el territorio.

El otro problema es que en su historia, siempre ha sido un órgano crediticio en déficit con respecto a la demanda, o sea que los montos que ofrece nunca han llegado a cubrir con lo que los países requieren. Hay dos fondos dedicados a otorgar dinero para biodiversidad: el primero es el Fondo Global de Biodiversidad, que maneja el GEF, y el segundo es el Fondo Kunming de Biodiversidad, que es una versión china del primero.

Entre ambas cajas se suman poco más de US$200 millones, pero lo que los países de la cumbre proponen es una entrada de US$20 mil millones por año, que para 2025 debería incrementarse a US$30 mil millones.

Este año, durante esta cumbre en Cali, asistió la delegación oficial argentina y, de manera independiente en busca de vínculos internacionales, y fondos para sus distritos, representantes del sector ambiental de las provincias de Buenos Aires, La Rioja, Formosa, Santa Fe, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Catamarca y Santiago del Estero.

Según fuentes que trabajan en el desarrollo de políticas de biodiversidad y cambio climático en todo el territorio, este año, las provincias tomaron un protagonismo particular durante la cumbre. No participaron de las negociaciones oficiales, pero estuvieron tratando de obtener recursos para sus distritos, muchas veces tratando de no pasar por la Nación, por el temor de que en cualquier momento les corten el flujo de fondos.

Vidal de Lamas asegura que tienen que dar la garantía soberana –el aval desde el Estado nacional– a los créditos que las provincias busquen concretar. Aunque advierte que “se charlaría cada caso”. Eso sí, cualquier fondo que sea gestionado por la Nación para un proyecto en cualquier provincia, sería desmantelado si no tiene avances significativos. Tal es el caso de tres grandes proyectos de gestión de residuos que fueron recortados en la provincia de Buenos Aires.

Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, denuncia que fueron más proyectos y lista algunos de ellos: “La finalización del saneamiento del basural de Luján, los saneamientos de los consorcios de Tornquist y de todos los municipios de la costa argentina. Primero nos dilataron las respuestas y nos decían que los fondos los decidiría Hacienda y que ellos iban a definirlo. Ahí quedó eso”.

Repasemos un momento. La Argentina parece estar sufriendo una amputación presupuestal tanto puertas adentro como puertas afuera en materia de biodiversidad y de cambio climático. Las decisiones del oficialismo alejan al país de los métodos convencionales de fondeo, pero no queda claro cómo subsanarán dichos recortes. En este punto, ¿qué queda?

El primero y más repetido argumento del oficialismo es que no pondrán un peso más desde las arcas del Estado. El segundo, que están dispuestos a recibir financiamiento internacional si y solo sí proviene en forma de cooperación… o sea que no signifique deuda. Aquí Spataro de Gflac dice coincidir en parte con este planteamiento y explica que una de las discusiones que se están dando en espacios como esta cumbre es la de reestructurar los organismos multilaterales convencionales como el FMI, el Banco Mundial o el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Este debate no es nuevo, al menos desde hace dos años, propuestas como Bridgetown Initiative han tratado de catalizar conversaciones sobre los problemas que significan los mecanismos de préstamo para países que sufren los efectos del cambio climático o de la pérdida de biodiversidad. En especial, argumentan que los mecanismos de préstamo, en un contexto de inundaciones constantes, huracanes cada vez más potentes y sequías avasallantes, son insostenibles. Que los países nunca podrán solventar sus deudas.

La semana pasada este fue uno de los puntos de discusión en Washington DC, durante las reuniones anuales entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sandra Guzmán asistió a dichas reuniones y explica que el tema está en la mesa. Aunque reconoce que los organismos se encuentran reticentes a una reforma tan grande, explica que estos organismos están comprometidos con promover modificaciones en sus estructuras.

“En Nueva York, cuando se anuncia el Pacto por el Futuro, se proponen desarrollar todo lo que tiene que ver con los Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) y la ampliación del marco de implementación de los mismos, pero también el tema de las reformas institucionales, que son no solo de Naciones Unidas, pero también de la banca multilateral”, describe Guzmán. Ella se muestra sorprendida justamente por la crítica que el presidente Javier Milei hizo a dicho pacto: “Es interesante ver cómo la posición de Argentina, que contradice a lo que ha venido impulsando. Los propios organismos se suscribieron”.

A este debate se suman proyectos con mayor intervención del Estado, como el canje de deuda por acción climática o por naturaleza. Una propuesta que tanto el Gobierno Nacional como los organismos multilaterales se niegan a desarrollar. Declaraciones de Ana Vidal de Lamas dan a entender que este tipo de mecanismos se traducen en deuda futura para el oficialismo.

Para la banca, los canjes significan la cancelación de una parte de la deuda, algo que no están dispuestos a hacer. Sus propuestas van más hacia la suspensión temporal de deuda, más emisiones de derechos especiales de giro o una prolongación de pagos en casos en los que los países generen proyectos sobre ambiente o que sufran los efectos de algún fenómeno climático extremo.

La última opción en la mesa es girar hacia el sector privado en materia de financiamiento. Este no es un planteamiento nuevo. La Convención sobre Diversidad Biológica ha planteado siempre la entrada de fondos de todos los sectores posibles. Aunque durante esta cumbre en Cali se discutió, fuera de la plenaria y más bien en los pasillos, la idea de desarrollar créditos de biodiversidad. Un tema envuelto en mucha polémica, en especial los llamados créditos offset.

Estos son solo uno de los tipos de créditos de biodiversidad debatidos y consiste, en términos muy sencillos, en invertir en la conservación de un sitio para subsanar el deterioro de otro sitio en un lugar distinto. La polémica recae en que no es equivalente conservar o reforestar una zona degradada para después deforestar un sitio natural. Es como si se eliminara el bosque de los Alerces en la Patagonia para instalar una industria forestal, y en compensación se conserve un bosque en China.

Pero para Spataro, existen otros créditos que pueden ser beneficiosos como los que están asociados a los pagos por servicios ambientales. Hay varias opciones que el economista destaca que el país puede aprovechar aunque critica la falta de apertura del Gobierno a abrir aquellas puertas. “Argentina lo desaprovecha y todavía tiene una postura de intentar resistirse a cambios que indefectiblemente se van a dar. Un ejemplo de ello es la nueva normativa de la Unión Europea sobre trazabilidad de la deforestación a la que nuestro país se ha opuesto desde hace años”, plantea Spataro.

En esta materia, para él es fundamental entender que los gastos en biodiversidad no son costos para el mantenimiento de un stock. “Lo que estoy haciendo es invertir dinero para que la naturaleza siga trabajando para nosotros. Porque si quebramos los ecosistemas, si los ecosistemas no pueden brindarnos más servicios ambientales, la producción decae”, concluye.

Esta historia fue producida como parte de la beca COP16 del CDB 2024 organizada por Earth Journalism Network de Internews

Por Matías Avramow

• Proyecto Naturaleza

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