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Cómo vive una chica trans detenida en una cárcel de varones
Emilce tiene una identidad de género femenina, pero permanece alojada en un pabellón con homosexuales y otras seis transexuales; en el servicio penitenciario la tratan de "él"; se desconoce la ley de identidad de género vigente
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Desde los 16, Emilce Lobos es Emilce y no Daniel Hernando como figura en el complejo penitenciario federal de varones de Ezeiza, donde está alojada desde hace cinco años a la espera de la decisión de un juez sobre el homicidio que se le atribuye. Ahora, logró que la trasladen junto a otras seis personas transexuales a un pabellón exclusivo para homosexuales y trans.
Mientras permaneció en pabellones comunes, a Emilce -rubia, cabello largo, maquillada, pechos exuberantes- no sólo la nombraban de "él" o "aquel". En una sala de visitas de la cárcel, Emilce le cuenta a LA NACION que la violaban otros presos y los guardias, que irrumpían en mitad de la noche con "inspecciones"; que le cortaron la medicación por el VIH; que los médicos no se hacen cargo de los tratamientos hormonales y una vez se le encapsuló una prótesis de mama por un golpe que le dio un agente; que como le negaban el derecho a trabajar y a recibir educación que tienen todos detenidos, hizo una huelga de hambre que la dejó un mes internada con anemia aguda.
A eso lo pagó- como cuenta- con una reprimenda por su rebeldía: la trasladaron al pabellón de Robledo Puch, en Marcos Paz, alguien que conocía de la televisión y le daba mucho miedo.
"Acá en Ezeiza estamos mejor tratadas; unas treinta seremos. Hace un tiempo me casé con Walter, que pasó por gay y está detenido conmigo", dice. Este es un derecho que habilitó la ley de identidad de género. Aunque cuenta que le hubiera gustado casarse con nombre que usa desde hace más de media vida, dice que "no conviene tramitar el DNI, para evitar represalias". La ley también permitiría su traslado a una cárcel de mujeres. La semana pasada, en un fallo histórico, un juez cordobés autorizó el traslado de una persona trans femenina con el resto de las mujeres. Después de todo lo que vivió, Emilce dice que no está tan segura de pedir ese traslado.
"Acá en Ezeiza estamos mejor tratadas; unas treinta seremos"
"A veces, me parece que sería conveniente vivir con mujeres, por un tema de respeto, de pronto acá me están llamando de otra manera, como varón, para evitar esas cosas, la humillación, la falta de respeto", dice. "Pero ahora estamos bien dentro de todo", repite. "Me gusta convivir con gente de la condición homosexual. Me acuerdo de convivir con una población de hombres comunes y ya no más. Por mi integridad física".
Un cambio penitenciario
Hasta 2010, las presas trans estaban alojadas en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, ya que el pabellón 4 del Módulo I era enunciado por la administración como destinado al encierro del "colectivo homosexual". La Procuración Penitenciaria Nacional cuestionó en aquel entonces el criterio según el cual se alojaba a "sujetos homosexuales y travestis como personas a las que se las vincula con delitos contra la integridad sexual".
Como mecanismo para intentar resolver el problema se propuso un sistema de división del pabellón "en grupos menores y específicos combinando horarios de encierro en celda individual y de permanencia en los sectores comunes dentro del pabellón (sectorización)". Según denunció la PPN, esta sectorización generó "cuadros de depresión" en las personas alojadas en dicho pabellón. "Entre finales de 2008 y mediados de 2009, tres personas fueron encontradas ahorcadas dentro de sus celdas del Pabellón 1/4 del CPF II de Marcos Paz", sostiene el informe 2009 de la PPN.
- ¿Te tocó estar entre hombres?
- En estos cinco años que estuve detenida pasé por varias etapas. En Marcos Paz teníamos un pabellón de 50 o 60 personas donde estábamos todos juntos: homosexuales, trans, hombres por abuso deshonesto, violadores, heterosexuales comunes no. A mí la verdad me produjo un problema psicológico gravísimo estar así. Entonces cuando nos vinimos acá vinimos con un sistema distinto. Tenemos 4 pabellones, dos para trans y dos para homosexuales.
Jorgelina Belardo, una persona trans que trabaja en el Inadi y coordina un proyecto en cárceles vinculado a la salida laboral de la comunidad de travestis, enfatiza en que las cárceles tienen que respetar el cambio de identidad porque es un derecho de todas las personas trans. Dice que quizá falta, en muchas de las trans detenidas, una comprensión cabal de la importancia de la ley de identidad y una lucha firme para que se respete la ley. Ella invita a no dejarse vencer por el miedo a las represalias y a pelear juntas. "Con lucha se logró alojarlas a todas en Ezeiza en un pabellón mixto con homosexuales", recuerda. Es el lugar donde está Emilce.
A principios de 2010 el Servicio Penitenciario Federal dispuso el traslado del colectivo homosexual, transgénero y transexual al Módulo VI del Complejo Penitenciario Federal I. Entonces, se inauguró el Programa de Abordaje Específico para las Personas Trans.
"Me gusta convivir con gente de la condición homosexual. Me acuerdo de convivir con una población de hombres comunes y ya no más. Por mi integridad física"
Según la PPN, "a diferencia de otros módulos y Unidades, el trato del personal penitenciario y autoridades a cargo de los pabellones mencionados para con este Organismo pudo desplegarse de forma respetuosa; los reclamos y pedidos puntuales que se hicieron en relación a demandas de los detenidxs fueron tenidos en cuenta".
Belardo conoce la situación de cárcel por haberla vivido: estuvo detenida casi tres años. "Yo empecé a estudiar Abogacía. Lo que me dio a mí la comprensión es la educación, sino no se alcanza a comprender la dimensión política e ideológica de las cosas. Sabemos que el problema de las chicas trans es la falta de formación y también la falta de afecto".
La fuerza de la lucha
Emilce todo lo conquistó a fuerza de huelgas, de lucha en el interior de la cárcel. "Soy partidaria de tratar de conseguir las cosas y estar bien. Acá para conseguir algo me costaron internaciones, huelgas de hambre, para poder tener un taller para trabajar, para que nos dejaran estudiar como a todos los demás, para que nos atienda un médico", enumera. Cada lucha la dejaba al borde de la muerte.
- ¿Para el casamiento también tuviste que luchar?
- Lo del casamiento fue largo. Iba a ser en septiembre del año pasado y tuve que hacer denuncias, presentación de hábeas corpus, que me resultaron favorables. Yo ni documento tenía porque ellos lo perdieron cuando me detuvieron.
La pelea es una constante en su vida. A los 17 años se vino sola de Tucumán "por respeto a su familia". La única posibilidad de trabajo que vio fue la prostitución, hasta que fue detenida. Siempre tuvo y todavía tiene un DNI que no la representa. "Siempre me dio vergüenza ir a un hospital a hacerme un control, o estar en un lugar público para hacer algún trámite y de pronto la gente te ve así y te lo grita más. Las veces que sentí una humillación bárbara", recuerda. Ahora, con la ley vigente, podría tramitar la rectificación de su partida de nacimiento, pero prefiere esperar la libertad para eso. Adentro tiene demasiados temas que atender, su salud, por ejemplo.
"Soy una persona portadora de VIH que negativicé mi enfermedad acá estando presa. Se me diagnosticó la enfermedad estando detenida. Pasé momentos muy horribles", cuenta. Se explaya en las peripecias para recibir atención: "Conseguir un tratamiento me costó días en los juzgados, esperando una audiencia con un juez para que me llamen a un médico legista que me hiciera un estudio y para decirle que yo quería medicarme. Tuve que llegar hasta las últimas instancias para medicarme".
También tuvo que suplicar para recibir el tratamiento hormonal. "Esas cosas acá no existen. El médico no se hace cargo. Entonces se suspenden todos los tratamientos y arreglátelas. Por eso es que algunas van decayendo. Sería un avance bárbaro que se pudieran continuar los tratamientos, igual la lucha sigue, por ahí lo conseguimos", dice. Ruega, casi. Que el Estado debe hacerse cargo de la hormonización de las personas trans lo dice la ley de identidad de género en vigencia. "La vez pasada tenía una prótesis de mama que se había encapsulado, terminé en el hospital. Un cirujano me hizo una ecografía y lo que tenía era a causa de un golpe que me habían pegado. Un policía me había dado una trompada".
Cumplir la ley de identidad de género
Belardo considera que buena parte del problema de hormonización estaría atendido si las detenidas y detenidos trans se encuadraran en la ley de identidad de género. "Es contradictorio exigir al Estado si no acceden a su cambio de identidad. Los tratamientos están contemplados en la ley. Pero hay que acogerse a ella". Según explica: "Estas chicas han vivido toda la vida de la prostitución, excluidas de la sociedad, con juicios no justos. Son vidas complicadas, de humillaciones, maltratos desde que estuvieron detenidas. Por eso cuando encuentran un lugar que más o menos les respeta su modo de vida les resulta difícil atreverse a un cambio".
Para la histórica activista trans Lohana Berkins, miembro del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la posibilidad de cambiar o no su DNI es un derecho del que pueden hacer uso o no, depende lo que ellas quieran. "Buscamos que no sea obligatorio porque hay quien no lo quiere hacer. También respeto la decisión de las no quieren ser trasladadas", señala. "Como personas trans nunca vamos a exigir una política idéntica a las de las mujeres porque no lo somos. Tenemos que generar políticas públicas donde no se pierda la diferencia de lo que somos", concluye Berkins.
Lo que falta por hacer
Si bien, como señalan los activistas, la creación de un pabellón destinado específicamente al colectivo trans y homosexual es un avance, aún falta mucho por hacer en lo que respecta al trabajo específico para el respeto de los derechos humanos de estas personas. Las dirigentes señalan que las cárceles son un reflejo de la sociedad y se manejan con la misma lógica de un sistema binario que piensa en función de varones y, en un segundo término, de mujeres. Fuera de eso, las políticas públicas aún son muy limitadas.
En el Informe Anual de 2012 de, la PPN deja constancia de que "la decisión de trasladar al colectivo de trans, travesti y homosexual por parte del SPF, consistía en poder darles un tratamiento penitenciario diferenciado y en consonancia con las necesidades y particularidades que posee esta población; no obstante ello, en la práctica esto no fue así. En virtud de los distintos relevamientos efectuados por esta Procuración se puede afirmar que el traslado se produjo como cualquier otro, sin un proyecto de trabajo de tratamiento pensado para el colectivo".
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