Con 33 años, esclerosis múltiple y postrado, Maxi pelea para que PAMI cubra la totalidad de su tratamiento

LA NACIONLeandro Monachesi

Quizás haya sido el destino o solo escapar del bullicio de la ciudad, pero Gabriela tuvo un drástico cambio de vida cuando decidió mudarse de la Capital Federal a la provincia de San Luis, más precisamente a la ciudad de Merlo. Allí conoció a Maxi, el hijo de una vecina que, en 1996, tenía unos incipientes 11 años. Desde ese momento se volvieron inseparables.

De tardes de meriendas compartidas a cuidados intensivos, hoy, a sus 33 años, Maxi sufre de esclerosis múltiple y ella es la que se encarga de cuidarlo, en medio de una disputa incansable con PAMI por el tratamiento que requiere día a día.

Abandono

El abandono de su familia, acercó a este joven cada vez más a Gabriela. En plena adolescencia, decidió estar más tiempo con su vecina que con sus padres y hermanos. Siempre disgustado con Merlo, con ansias de volver a Buenos Aires y sin un vínculo sentimental estrecho con sus progenitores, Maxi se puso bajo el ala de este mujer y nunca más se alejó.

En 2001, Maxi, que por ese entonces vivía con su padre, tomó la decisión de cortar todo contacto con su madre y no fue hasta el 2003, tras enterarse que padecía esclerosis múltiple, que finalizó también su relación con este último. Ahí arrancó la mudanza física hacia la casa de Gabi, porque el traslado "emotivo" ya se había concretado años atrás.

Gabriela nunca imaginó que tendría que librar la batalla más grande de su vida cuando en 2013 Maxi quedó postrado. Tras unos años a su cuidado, en mayo de 2016, consiguió la guarda de apoyo que le permitió hacerse cargo oficialmente de él luego del abandono de su familia. En ese momento, incluso, tomó la decisión de cambiar de obra social para Maxi. Osecac no le otorgaba la cobertura necesaria para cubrir el tratamiento y le habían dicho que PAMI le ofrecía un servicio superior.

Un largo camino

La burocracia de trámites ya le había generado dolor de cabeza. Pero el calvario recién comenzaba. Para cambiarse de obra social, PAMI (Merlo) le exigía dejar Osecac y darse de baja de la pensión por discapacidad, a lo que Gabriela accedió. El papeleo por el alta se demoró mucho más de lo pautado. A la espera de que le den el alta, Maxi pasó un año y dos meses sin cobertura. En ese período careció de tratamientos y medicación, con excepción de lo que Gabriela pudiera pagar de su bolsillo.

La situación se tornó crítica. La falta de un tratamiento adecuado durante un período tan extenso perjudicó severamente su estado, según confirma el parte de su médico neurólogo. “El paciente evoluciona en un mal estado general. El pronóstico de su enfermedad es sombrío con dependencia de los tratamientos de sostén y evitando las complicaciones que marcarían la evolución de su estado general y riesgo de vida. Es dependiente de todas las actividades de la vida diario como la alimentación, higiene, el vestir y seguridad. Actualmente, sin cobertura social, se espera resolución para plantear nuevos esquemas de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos”.

Falta de cobertura

Ahora, las idas y venidas burocráticas se trasladaron a otro ámbito, el legal, e integran un expediente. Gabriela reclama que PAMI le haga la cobertura correspondiente: Maxi consiguió un carnet provisorio que se lo dieron hace un mes, pero que sorpresivamente tiene fecha de inicio cuando se inició el reclamo en diciembre de 2016, y necesitan el carnet definitivo que les habían prometido. PAMI se excusó este tiempo aduciendo que Maxi no es hijo de sangre. “Esa información ellos ya la sabían. Cuando presenté todos los papeles para darlo de alta, les dije que tenía la guarda de apoyo y le expliqué quién era. Esa no puede ser una excusa”, explicó Gabriela en diálogo con este LA NACION.

Además, ambos quieren la devolución de la pensión por discapacidad, la cual PAMI le exigió que den de baja en el cambio con Osecac. “Nos obligaron a renunciar a la pensión para tener el alta y cuando hablamos con el abogado de PAMI por este conflicto, él nos dijo que eso era ilegal. Trabajan en el mismo lugar, ¿y no lo saben? Se lavan las manos”, contó .

Según el abogado de la familia, el hecho de que PAMI haya puesto como fecha de inicio del carnet transitorio el 12/16, los obliga a hacerse cargo de todo el dinero que gastó Gabriela en este tiempo. “Maxi y yo queremos la pensión. No quiero que nos devuelvan el dinero que gastamos todo este tiempo. Quiero que se hagan cargo de lo que le corresponde porque está grave y es irrecuperable. Lo dejaron tirado y sin medicación”, añadió.

Hoy en día PAMI le da una cobertura escasa y sin las necesidades esenciales para Maxi, como una cama y silla especial por si condición. LA NACION intentó contactarse en más de una ocasión con la sede del PAMI en Merlo y con la central en Buenos Aires para ahondar sobre la situación de Maxi, pero no hubo respuesta.

Por Leandro Monachesi

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