Aplausos, alegría y alivio. Así vivieron el rechazo a los vetos los trabajadores del Garrahan y de las universidades

“No al veto. Sí a la universidad y la salud pública”, decían todos los pasacalles firmados por el Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) que copaban Avenida de Mayo.

La votación llegó mientras estaban en el escenario los representantes universitarios. Se transmitió por la pantalla montada en el escenario frente al Congreso. Entre la multitud que llenaba la plaza en la tercera Marcha Federal Universitaria y llegaba hasta la 9 de Julio, quienes no lograban a verla la seguían por sus teléfonos celulares. “No hay señal, ¿ya se votó?“, preguntaban algunos.

El primer aplauso fue para la confirmación de ley de emergencia pediátrica y minutos después llegó el turno de la del financiamiento universitario. Explotaron los aplausos y también las bombas de estruendo cuando se confirmó que la oposición logró resistir en Diputados los dos vetos.

“Les habíamos pedido que actúen con memoria, y sabíamos que muchos de ustedes son graduados de la universidad pública argentina y les pedíamos que cuando tuvieran que tomar la decisión, frente al veto y después en el debate presupuestario para 2026, lo hagan como dignos hijos de nuestra universidad, garantizando que las generaciones del presente y las que vengan, tengan las mismas posibilidades que ustedes tuvieron. Nos emociona saber que lo hicieron y por tan contundente mayoría”, leyó Albana Velozo, en representación de la FUA, el documento acordado por el sistema universitario. Estaba acompañada por los representantes de los gremios y las autoridades del CIN: Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y Franco Bartolacci, de la Universidad de Rosario.

Abajo, las banderas de los gremios se mezclaban con las de las universidades, carteles con diversos reclamos hacia el Gobierno: jubilados, despedidos del los hospitales nacionales y Conicet, entre otros.

“Hay que seguir apoyando. Estamos estudiando en la universidad pública que por lo menos en mi caso es la única forma en la que podría hacerlo. Un país sin educación no progresa”, dijo a LA NACION Agustina Argañaraz, de 23 años, estudiante de Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Nosotras ya estamos en la parte hospitalaria de la carrera y se nota: están sobrecargados los hospitales. Faltan medicamentos, la gente no los puede comprar y los vienen a buscar y no están, antes se iban de la consulta con sus remedios”, contó.

A unos pocos metros un grupo de amigas de la Universidad Nacional de Avellaneda estaban sentadas en el pasto. Una de ella leía apuntes y los resaltaba. “Es que mañana tiene parcial”, dijo Wendy Alonso, de 24 años. Todas estudian Artes visuales. “Me parece que hay que defender esto, es una vergüenza que ya lo tuvieron que votar tres veces”, agregó.

“Desde el año pasado que estamos viviendo esto. Hay menos clases, no hay tantos horarios. Los lunes, por ejemplo, ya no tenemos clase directamente. Los profesores nos comentan que hace meses que no cobran y ya no da para más”, describió.

Sueldos

Desde el escenario también describieron la situación de las casas de estudio. En su turno, Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, indicó: “La pérdida presupuestaria en términos reales está por encima del 30% y cada mes se pronuncia más. Ninguna novedad después de dos años respecto de 90 obras de infraestructura paralizadas y sin financiamiento”.

“La crisis salarial y de condiciones laborales que padecen quienes trabajan como docentes y no docentes no tiene precedentes: la gran mayoría está con salarios por debajo de la línea de la pobreza y la experiencia que nos atraviesa es la de angustia de no llegar a fin de mes, el pluriempleo y la pérdida de recursos humanos muy valiosos”.

En agosto pasado, el sueldo bruto de un profesor adjunto con dedicación exclusiva sin antigüedad no llegó a los $1.300.000. El decreto con el que vetaron la iniciativa aprobada reconoce que los salarios acumulan una pérdida del 40%.

La iniciativa encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. También contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley y obliga al Gobierno a convocar a paritarias.

“Pareciera que la universidad pública tiene buena salud”, dijo el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, al subir al escenario. Pidió a los senadores que también rechacen el veto y al Ejecutivo que una vez decidido promulgue sin más dilaciones la ley y cerró: “No hay posibilidad de garantizar el desarrollo normal de nuestras actividades sin ley de financiamiento, del mismo modo que no hay futuro para la universidad pública sin un presupuesto razonable y aprobado por el Congreso para el 2026″.

Al presentar el presupuesto, entre los temas sensibles que enumeró el Presidente comenzó con las universidades y dijo que el proyecto le asigna $4,8 billones. Omitió que es apenas un aumento que ronda el 14% nominalmente con respecto al presupuesto previsto para 2025 que ronda los $4,2 billones.

Asumiendo las proyecciones macroeconómicas que figuran en el proyecto de presupuesto 2026 -una inflación de 24,5% para 2025 y de 10,1% para 2026- según cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) implicaría un aumento real de 0,8%. Queda a su vez muy lejos de los 7,3 billones necesarios que habían pedido los rectores para poder funcionar. La reducción del gasto destinado a universidades explica un 5% de la caída general entre 2023 y 2026, según ACIJ.

A su vez, en la última modificación que realizó sobre el presupuesto el jueves pasado, el Poder Ejecutivo redujo en $40.267 millones las transferencias a las universidades nacionales. Y hay algunas partidas como infraestructura que este año ni se han ejecutado, pese a que contaban con un presupuesto.

El reclamo por los fondos y la defensa por la universidad pública fue el pedido que logró convocar a la primera marcha masiva contra la administración de Milei en marzo de 2024. La segunda marcha llegó en octubre del año pasado.

“Venimos porque estamos en contra de que se saque un derecho que muy pocos países lo tienen. Es un derecho absoluto. Somos todos alumnos de secundaria que ya tenemos culturalmente arraigado este derecho y es muy feo que lo intentan sacar”, dijo a LA NACION Mariano Elivra, de 16 años, que fue al Congreso con sus compañeros de la Escuela Secundaria N°31.

“El Garrahan atraviesa la peor crisis de su historia”

“Vamos a volver las veces que sea necesario hasta que digan las cosas como son. El Garrahan no se va a tocar”, dijo a LA NACION Estela Nieto, técnica del servicio de Neurofisiología. Hace 11 años que trabaja en el hospital y su sueldo alcanza el millón de pesos. “Hemos vivimos muchas pero esto de pasarla tan mal en el hospital nunca pasó. Desde lo que hablan hasta lo que se hizo. Todas las maldades con las que nos difamaron, pero nunca van al hospital para ver cómo trabajamos, nunca nadie fue a ver lo que hacemos. Nosotros concursamos para entrar ahí, mientras que el consejo [de administración] está formado por gente que ni siquiera son médicos”.

Horas antes de la votación, los trabajadores del centro médico habían insistido con el reclamo de un paro general. Protestaron también contra la modificación al sistema de residencias y pidieron la renuncia del ministro de Salud, Mario Lugones.

Describieron lo que consideran un ataque al sistema público: repudiaron los despidos en los hospitales nacionales Bonaparte y Sommer, el desfinanciamiento a los hospitales universitarios y el cierre del Instituto Nacional del Cáncer. Y también la modificación del régimen de residencias. “Debilita la formación, precariza las condiciones laborales y rompe un sistema probado, justo y eficaz”, consideraron.

“Basta de ajuste a la salud y a la educación pública. Renuncias crecientes, ingresos de pobreza: el vaciamiento es concreto y constante poniendo en riesgo la continuidad de la atención de cientos de niñas, niños y adolescentes”, leyeron desde el escenario. “Nadie del hospital debería cobrar menos que la canasta básica de $1.300.000. Basta de trabajadores por debajo de la línea de pobreza. El Garrahan es insustituible”.

La norma de emergencia pediátrica dispone una recomposición salarial para todo el personal del área, elimina el impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extras, habilita compras directas de insumos y financiamiento con fondos de contingencia. También refuerza el sistema de residencias médicas. Define que se financiaría con una reasignación de fondos y uso de reservas.

“Tendríamos que tener una respuesta del Ejecutivo, y lo que no hace el Ejecutivo, bueno, que lo intente hacer el Legislativo, está bien. Sabemos que no es la solución, que vamos a tener que seguir peleando y luchando, pero bueno, hay que estar acá como siempre, porque trabajar en el Garrahan es espectacular“, describió a LA NACION Carolina Wedelman, jefa de clínica del Laboratorio de Hematología, del Laboratorio Central.

“Llevamos un montón de tiempo luchando, no solamente venimos a las plazas, sino que hemos recorrido despacho por despacho de estos legisladores para lograr que esta ley salga”, agregó.

“Llegamos al límite de estar en riesgo, de no poder satisfacer las demandas de atención . Nosotros somos lo que se ve del sistema de salud púbica, pero tenemos áreas programáticas para todos los centros”, sumó Myriam Guitter, jefa de Clínica del sector de leucemias y linfomas del servicio de Oncología.

“No soportamos más que nos digan que no hay plata mientras la familia presidencial está involucrada en escándalos de corrupción como el ya conocido 3% de Karina Milei de fondos de la discapacidad”, dijeron desde el escenario.

Una vez finalizado el acto, unas 200 personas se dirigieron a Plaza de Mayo cantando “Alta coimera, Karina es alta coimera”. Aunque no estaba cortada la calle lograron llegar hasta Casa Rosada que permanecía vallada.

Por Lucila Marin

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