Consorcios: con nuevas reglas, se amplía el control sobre los administradores

Los inquilinos porteños empezaron, hace algunos meses, a recuperar terreno en las negociaciones inmobiliarias y contar con beneficios que hasta la sanción de nuevas leyes parecían lejanos. Ahora les toca el turno a los propietarios de departamentos, que tendrán la posibilidad de ejercer mayor control de la gestión de los administradores de edificios mediante el acceso online a la información relevante generada de la relación entre ambas partes.

La creación por ley de Consorcio Participativo -una plataforma digital que reunirá documentación sobre compras, contrataciones, trabajos de mantenimiento y cálculo de expensas ordinarias y extraordinarias- permitirá a los vecinos hacer un seguimiento de los procedimientos que se inician en las reuniones de consorcio y luego siguen su camino con la intervención del administrador, pero sin control de los propietarios. Los residentes en los edificios también podrán expresar su aceptación o su rechazo a las propuestas que surjan de las asambleas.

El lanzamiento de esta plataforma y la imposición de más requisitos de inscripción y funcionamiento para los administradores -una propuesta del Poder Ejecutivo que canalizará la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana- fueron puestos ayer a votación de la Legislatura, tras algunos cambios hasta minutos antes del debate. El objetivo fue dar transparencia al sistema y protección a los vecinos ante situaciones de abuso. Según datos de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad, las denuncias contra las administraciones se ubican en el quinto lugar del ranking.

En cambio, para las agrupaciones de propiedad horizontal, la creación del Consorcio Participativo es una amenaza a los derechos de privacidad, ya que en la plataforma habrá datos personales de los 8500 administradores registrados en la Capital, que gestionan más de 100.000 edificios, donde viven al menos 2.100.000 personas. Algunas entidades adelantaron que recurrirán a la Justicia para tratar de frenar la promulgación de la ley.

"No habrá ninguna vulneración de la privacidad de los propietarios ni de los administradores porque se requiere la misma información solicitada hasta hoy", planteó Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana. "Esta ley resuelve las situaciones que los vecinos denuncian a diario y representa un salto de calidad en transparencia, participación y control de los administradores", agregó el funcionario minutos después de la votación, que se cerró con 44 adhesiones, 14 abstenciones y ningún voto negativo.

¿Cómo se implementará el sistema? Una sola plataforma digital reunirá los datos de todos los administradores. En ella cada consorcio tendrá la posibilidad de seguir toda la información requerida, en un grupo cerrado al que podrán acceder todos los propietarios.

"Es una herramienta más para controlar a los administradores y tener los números más claros. La plataforma será un sistema uniforme de liquidación de expensas para que la gente entienda mejor y sepa cuál es el flujo de dinero que tiene el consorcio", opinó Gustavo Cané, de la Asociación de Propietarios Horizontales (APH).

La ley que creó el Consorcio Participativo -que, en rigor, es una reforma de la preexistente ley 941- fija otras obligaciones para los administradores. En caso de renuncia, cese o remoción, el administrador deberá poner a disposición del consorcio la documentación respaldatoria relativa a su administración en 15 días. También se fija la obligación de notificar a los propietarios la existencia de reclamos, sanciones o presentaciones judiciales que afecten al consorcio.

Además plantea una mayor profesionalización: se solicitará a quienes realicen la actividad la realización de un curso con una carga horaria de 120 horas, obligatorio para renovar la matrícula habilitante. Los administradores recibirán capacitación para el manejo de la plataforma, la gestión autónoma de la liquidación de expensas y la digitalización de documentos, entre otros.

"Más allá de no estar de acuerdo con la ley porque se entromete en la vida privada de todos, significará un aumento en las expensas, ya que se necesitarán más horas hombre para volcar la información al sistema", advirtió Adrián Hilarza, de Administradores Independientes de Propiedad Horizontal (AIPH). Desde el gobierno negaron que la implementación de la plataforma provoque mayores gastos.

"La ley establece la obligatoriedad del administrador de digitalizar datos del consorcio y de los consorcistas en una plataforma alojada en órbita del gobierno de la ciudad. Son los administradores quienes deben modificar su estructura para estas nuevas tareas", se quejó Patricia Fernández, de la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal.

La norma también prevé la creación de una instancia conciliatoria prejudicial entre los consorcistas y la administración, y propone sanciones ante el incumplimiento de los artículos: apercibimientos, multas de entre $3900 y $260.000, suspensión de hasta nueve meses en el Registro Público de Administradores de Consorcios y hasta la exclusión de este.

Por Mauricio Giambartolomei

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