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Crece la angustia por el traslado del DDT
Son 12 t de tóxicos que hoy están en la comuna de Bouwer; el Senasa apeló el ultimátum de un juez federal de sacarlos de allí
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CORDOBA.- Pese a la urgencia que tienen los vecinos de la comuna de Bouwer por liberarse de las 12 toneladas de plaguicidas tóxicos que el Senasa depositó allí, el traslado podría demorarse, y a ciencia cierta nadie sabe por cuánto tiempo más.
La angustia crece, junto con un problema que ya ha movilizado a tres ciudades y a dos provincias en los últimos meses. Es que después de que el organismo nacional apeló el plazo de 30 días impuesto por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes para que el cargamento fuera sacado de Bouwer, la decisión quedó en manos de la Cámara Federal, con lo que parece eterna la incertidumbre que se vive en esa pequeña comuna ubicada a 15 kilómetros de esta capital.
Sánchez Freytes resolvió hacer lugar a la apelación presentada por el Senasa, que argumentó que el período de un mes (que se cumple en pocos días) es acotado. El Senasa dice que para exportar los residuos a una planta de Europa para su destrucción -única alternativa viable que se conoció hasta el momento- es necesario conseguir varias autorizaciones de países de tránsito.
Ahora las dudas giran, por un lado, en torno de los nuevos plazos que la Cámara impondrá al Senasa para trasladar el cargamento y, por otro, respecto de cuál será el destino final que el organismo nacional adjudicará a los peligrosos plaguicidas, que contienen una alta dosis de DDT, considerado muy riesgoso para la salud.
Las 12 toneladas que andan a la deriva en esta provincia desde hace meses sembraron el terror entre los habitantes del pequeño pueblo de Bouwer, donde el cargamento se instaló precariamente y, a la vez, generaron la rebelión popular de los vecinos de Serrezuela, en el noroeste provincial, adonde en su momento se pensó en trasladar el material. LA NACION visitó ambas localidades y recogió testimonios de los vecinos (ver aparte).
La supuesta "bomba química", como la definió la organización ambientalista Funam, hizo que los pobladores de ambos puntos se alzaran en lucha y cortaran las rutas para rechazar la presencia de los residuos.
Sánchez Freytes, que intervino en el caso a raíz de una acción de amparo que presentó el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, exigió el retiro de los residuos de Bouwer por considerar que el predio no era adecuado para que el DDT permaneciera allí. Además, ordenó al Senasa reacondicionar los contenedores para su exportación y construir alrededor un cerco perimetral de 1,80 metros. El juez decidió también que en caso de incumplimiento de alguno de los plazos citados, el Senasa deberá pagar una multa diaria de 2500 pesos a la comuna de Bouwer, "por ser sus habitantes los directos e inmediatos perjudicados en cuanto al impacto ambiental, dada la proximidad territorial con el lugar de depósito de las sustancias".
La fiscal federal Graciela López de Filoñuk ordenó imputar al presidente del Senasa, Jorge Néstor Amaya, y al coordinador administrativo de la delegación Córdoba, Orlando Castañeda, ambos acusados por la permanencia de los plaguicidas durante varios años en un depósito del barrio Alta Córdoba, de esta capital, y también por el posterior traslado de esos residuos a Bouwer.
Prohibido desde 1992
Por su alta peligrosidad para la salud, el uso del DDT fue prohibido en la Argentina en 1992. A partir de entonces, la Secretaría de Agricultura de la Nación realizó numerosos decomisos de plaguicidas que contenían esa sustancia y que se comercializaban en negocios de la provincia. Los productos decomisados se guardaban en un depósito del barrio Alta Córdoba que, en 1996, al crearse el Senasa, fue heredado por este organismo nacional.
Durante años los plaguicidas permanecieron en ese galpón de chapa, ubicado en una zona densamente poblada. En un registro interno del Senasa elaborado en abril de 2004 se precisó que en el depósito había "plaguicidas obsoletos y otros residuos peligrosos", entre ellos, 600 bolsas de 20 kilos de DDT sólido, 50 litros de dieldrin, 9 litros de lindano, 200 litros de Lorsban (clorpirifos), 30 litros de merkaptation y 40 litros de dimetoato. Quienes accedieron a ese lugar comprobaron que había bolsas de DDT abiertas y desperdigadas sobre piso de tierra y plaguicidas líquidos en tambores oxidados.
La titular de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, la bióloga Diana Raab, opinó que ese depósito era "un riesgo enorme para la salud y el ambiente no sólo por la cantidad de plaguicidas, sino también por el estado" en que se encontraban.
El 17 del mes último, el intendente Luis Juez decidió retirar los productos de Alta Córdoba y trasladarlos a un predio de la comuna de Bouwer con la promesa de que sólo estarían allí durante 15 días.
El Senasa hizo la mudanza y la Agencia Córdoba Ambiente autorizó el traslado. En tanto, el vocero del Senasa, Marcelo Valente, admitió a este diario que "el DDT se sacó a las apuradas de Alta Córdoba, sin el acondicionamiento final que hubiera hecho falta para el traslado al exterior".
Caminos frustrados
Una alternativa frustrada fue trasladar los plaguicidas a una empresa dedicada al tratamiento y a la descontaminación de residuos industriales, con sede en San Lorenzo (Santa Fe). El ingeniero Enrique Lauría, directivo de esa firma, dijo que el producto se había dejado de fabricar allí hacía 30 años porque era tóxico y agregó que "no hay ninguna habilitación para tratar ese tipo de residuos en el país".
Sin embargo, se ofreció para recibir el cargamento en su planta. "Se le metió miedo a la gente, diciéndole que se iban a morir todos de cáncer. En las 12 toneladas hay cien kilos de sustancia activa, mientras que en el país se han usado miles de toneladas de gamexane y no recuerdo que se haya muerto nadie por eso", expresó.
Pero el traslado a San Lorenzo se frustró porque el gobernador Jorge Obeid resolvió prohibir el ingreso de la sustancia tóxica y amenazó con detener a quienes lo intentaran.
Los vecinos de Bouwer se pusieron en pie de guerra: cortaron la ruta y tomaron la sede del municipio local. Otra alternativa fue llevar la carga a Serrezuela, a 220 km de esta capital. La respuesta fue la misma: los pobladores cortaron la ruta 38 durante 14 horas.
Ante la incertidumbre reinante y mientras los funcionarios del municipio, la provincia y la Nación cruzaban acusaciones, el defensor del pueblo de la Nación presentó un recurso de amparo para la erradicación inmediata del veneno y dio lugar a la intervención del juez federal.
En la Argentina no hay plantas para el tratamiento de este tipo de residuos. El establecimiento de San Lorenzo podría tenerlos en guarda y, eventualmente, obtener la autorización para incinerarlos. Mientras tanto, las alternativas de destrucción definitiva serían plantas ubicadas en Bélgica, Francia o Alemania. Pero para llevar los productos a Europa es necesario acondicionarlos según normas internacionales y tramitar una serie de autorizaciones que podrían tardar meses.
Bouwer, en pie de guerra
"Vamos a luchar hasta que se lleven el DDT porque nuestra paciencia se terminó"
"Nosotros ya no creemos ni en jueces ni en políticos. Ya nos mintieron demasiado. Sólo vamos a creer cuando los contenedores se vayan de acá"
"Estaremos en la ruta bajo el frío y la lluvia todos los días que haga falta hasta que la Justicia decida retirar los residuos tóxicos"
Serrezuela: la vigilia
"Es un grave error del gobierno creer que en esta zona no vive gente. Nosotros tomamos agua de pozo y no queremos contaminarnos"
"Las consecuencias de las peleas entre los políticos sobre el destino del veneno las paga la gente pobre como nosotros. Pero el DDT acá no va a entrar"
"Nosotros estamos cuidando la salud de Serrezuela. No queremos el DDT porque nos podemos contagiar a través del aire o de las napas"
