Cuando los hijos se convierten en un arma: el debate sobre la violencia vicaria llegó al Congreso

Una noche de 2020 sonó el timbre de la casa de Laura Blanco Luna. Cuando abrió la puerta, encontró a su hijo del otro lado, con una mochila al hombro. Habían pasado seis años desde que convivieron por última vez. Vivían a apenas seis cuadras de distancia.

Él tenía 11 años cuando quedó viviendo con su padre. Durante ese tiempo, Laura asegura que llegó a verlo de lejos en partidos de básquet o en la escuela, pero había perdido su vida cotidiana. Cuando finalmente regresó, ya no era el chico que recordaba. “No conocía más a mi hijo”, contó a LA NACION.

Blanco Luna define lo que atravesó como violencia vicaria, una expresión acuñada en 2012 por la psicóloga clínica y perito judicial argentina Sonia Vaccaro. Al trabajar con mujeres que habían logrado separarse de parejas violentas, Vaccaro comenzó a observar que algunas relataban que la violencia no había terminado con la ruptura, sino que continuaba a través de sus hijos. Conceptualizó así una modalidad de violencia de género en la que una persona significativa para la mujer, generalmente sus hijos, es utilizada para prolongar el daño.

Puede manifestarse mediante amenazas, control, manipulación, alejamiento y violencia psicológica, económica o judicial; su expresión extrema es el asesinato. No cualquier disputa por la crianza, el cuidado o el régimen de comunicación constituye violencia vicaria: identificarla requiere analizar los antecedentes, el contexto y el posible uso de un niño para dañar a otra persona.

La definición desarrollada por Vaccaro se inscribe específicamente dentro de la violencia de género contra la mujer. Ese encuadre, sin embargo, es uno de los puntos centrales de una discusión jurídica que acompaña el intento de incorporar el concepto a la legislación argentina.

Blanco Luna recuperó la convivencia con su hijo. Carola Rodríguez todavía espera.

En julio de 2023, Rodríguez fue a buscar a sus mellizas, entonces de 9 años, para las vacaciones de invierno. Nadie le abrió la puerta. Afirma que durante 12 días no supo dónde estaban. Después se enteró de que existía una causa en la que el padre solicitaba el cuidado personal unilateral. Ella recuerda una amenaza anterior: “Te las voy a sacar”.

Rodríguez, integrante de la red Somos Muralla, sostiene que desde entonces atravesó distintos intentos de revinculación, pero no recuperó la convivencia con sus hijas.

Las agrupaciones que impulsan que se legisle esa figura aseguran haber relevado 169 niños asesinados por sus padres entre 2008 y 2026 en casos que identifican como violencia vicaria. No se trata de una estadística oficial. Las propias organizaciones reclaman un registro estatal porque dicen desconocer la dimensión real de estos casos. “Nosotros contamos 170, pero a lo mejor son 500, o a lo mejor son 1000. ¿Cómo lo podemos saber?”, planteó Blanco Luna.

El reclamo llegó al Congreso. El 27 de mayo de este año ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto 2454-D-2026, encabezado por Esteban Paulón (Provincias Unidas), que propone crear un Régimen Integral de Prevención, Protección y Reparación frente a la Violencia Vicaria. La iniciativa fue girada a las comisiones de Mujeres y Diversidad; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda.

No es el único proyecto. Otra iniciativa, presentada el 8 de mayo y firmada, entre otros, por Gabriela Estévez (Unión por la Patria) y Paulón, propone modificar el artículo 80 del Código Penal para incorporar el concepto de violencia vicaria por razones de género. Pero el encuadre no genera consenso.

Javier Montenegro, abogado e integrante de la Mesa Nacional en Defensa del Niño, la Familia y la Verdad en Argentina, publicó una crítica a la incorporación de la violencia vicaria exclusivamente dentro del marco de la violencia de género. Su cuestionamiento no apunta a negar que existan situaciones de manipulación, daño o utilización de los hijos, sino a cómo debería definirlas el derecho.

Montenegro sostiene que una categoría jurídica construida únicamente sobre un agresor varón y una víctima mujer puede dejar fuera situaciones en las que conductas similares sean ejercidas por una mujer u otro integrante de la familia. Desde esa perspectiva, propone que sean abordadas dentro de un régimen de violencia intrafamiliar neutral respecto del género y que el eje esté puesto en la conducta ejercida y en el interés superior del niño. Su planteo expone una de las discusiones que atraviesan el debate.

Silvina Andrea Bentivegna, abogada de la UBA y especialista en Derecho de Familia, violencia familiar y abuso sexual, apuntó a otra arista de la discusión. En diálogo con LA NACION, advirtió sobre el riesgo de interpretar situaciones con antecedentes de violencia únicamente como “conflictos parentales”. Explicó que diferenciarlas exige reconstruir el contexto: en un conflicto parental no existe necesariamente la utilización del hijo para dañar a la madre ni la asimetría de poder propia de la violencia de género.

También remarcó el derecho de niños y adolescentes a ser oídos al resolver cuestiones vinculadas con su cuidado y comunicación, y señaló que la ausencia de una tipificación específica de violencia vicaria no impide recurrir a herramientas jurídicas ya vigentes.

Son así dos las discusiones abiertas en paralelo: si estas situaciones necesitan una denominación jurídica específica y, en caso de incorporarla, cuál debe ser su alcance.

España avanzó en el reconocimiento de la violencia vicaria dentro de la violencia de género, aunque allí también existe debate sobre cómo trasladar el concepto a las normas y, sobre todo, cómo aplicarlas.

Uno de los antecedentes en ese país ocurrió incluso antes de que Vaccaro acuñara el término. En 2003, Andrea, de 7 años, fue asesinada por su padre durante un régimen de visitas no supervisado después de reiteradas denuncias de su madre, Ángela González Carreño. En 2014, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas responsabilizó a España por no haber protegido a madre e hija y, cuatro años después, el Tribunal Supremo reconoció la responsabilidad patrimonial del Estado.

Nahuel Godoy tenía 12 años, era autista no verbal y su madre, Mónica Rodas, lo recuerda como un niño dulce y mimoso. Cuatro años antes de su asesinato había denunciado al padre por una agresión y obtenido una restricción perimetral. Una semana antes del crimen, contó a LA NACION, llamó al 144 e intentó denunciar que el hombre la seguía, pero sostiene que en la comisaría no le tomaron la denuncia porque no estaba golpeada. Días después, Nahuel fue asesinado y su padre quedó detenido.

Natalia Ciak conoció la expresión violencia vicaria después del asesinato de Enzo Joaquín Ruffo, su hijo de 8 años. El 5 de agosto salió de su casa de Lomas de Zamora para trabajar. Joaquín debía ir al colegio con su padre, Alejandro Javier Ruffo, pero nunca llegó.

Cuando ella regresó, encontró al chico muerto y al hombre agonizante. Tiempo antes, Joaquín había escrito “Casa=Miedo” y, según recordó su madre, le había dicho: “Mamá, yo no sé sobrevivir sin vos”.

Ciak recuerda a Joaquín como un chico “simple” y “auténtico”, muy querido por sus amigos, a quienes consideraba “hermanos de la vida”. “A mí me llena de orgullo ser su mamá”, dijo.

Su nombre quedó asociado al reclamo que las madres denominan Ley Joaquín. Las impulsoras de la iniciativa ponen el acento en la prevención: reconstruir antecedentes antes de resolver cuidados y regímenes de comunicación, escuchar a los niños, realizar evaluaciones interdisciplinarias, capacitar a quienes intervienen y producir estadísticas oficiales.

Mientras se impulsa la figura de la violencia vicaria, un fallo en San Luis consideró que un progenitor había utilizado a su hijo para ejercer violencia psicológica sobre la madre y sobre el propio chico.

“Lo que no se nombra no existe. Bueno, vamos a nombrarlo, porque esto es real. Y no un caso”, cerró Carola Rodríguez, que todavía espera poder convivir con sus mellizas.

Por Camila Súnico Ainchil

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