Demoras en los procesos a los comisarios

LA PLATA.- Ya pasaron casi seis meses desde que se desató el escándalo de las investigaciones patrimoniales a los principales jefes de la policía bonaerense y poco y nada se logró avanzar en las causas. En un principio, todo indicaba que las investigaciones iban a ser rápidas, sobre todo cuando la fiscalía que conduce las investigaciones pidió las primeras detenciones. Sin embargo, hasta ahora, cada uno de esos requerimientos fue rechazado.

El viernes 7 de noviembre pasado, el fiscal Víctor Violini pidió las detenciones del comisario inspector Basilio Alberto Barchuk y del comisario Antonio Mercado. El martes 11, la del comisario Omar Daniel Carreiras. El jueves 20 del mismo mes, otro fiscal, Daniel Urriza, solicitó el arresto del ex jefe de la policía bonaerense, Alberto Sobrado. Los cuatro (junto con otros 18 oficiales) están sospechados de haberse enriquecido ilícitamente. Los cuatro siguen libres ya que así lo dispuso el juez de Garantías César Melazo.

Al rechazar los requerimientos de detención: sostuvo que los informesson incompletos, porque no se detalla el modo, el tiempo y el lugar en que los policías compraron los bienes con los que, supuestamente, se enriquecieron fraudulentamente.

Las posición de los representantes del Ministerio Público es otra: que con el descargo realizado por los acusados y con los indicios de los que surge la semiplena prueba de la comisión del delito alcanza para detener a los sospechosos. Por eso apelaron las resoluciones del magistrado. Uno de los casos, el de Mercado, ya llegó al Tribunal de Casación.

Sobre los hasta ahora frustrados pedidos de arresto, el ministro de Seguridad provincial, Raúl Rivara, dijo a LA NACION: "Siento un sabor amargo cuando el Estado investiga, apuesta a mejorar la policía, lleva los casos a la fiscalía y un juez decide dejarlos en libertad. Esto no va a detener uno de los pilares de mi gestión: lograr la transparencia de la fuerza".

Violini cree tener pruebas para pedir más detenciones. Pero, según dice, espera que la Cámara de Apelación o la de Casación fijen el criterio sobre los requerimientos, para no demorar con solicitudes rechazadas y apeladas. "Si no hay una posición, tal vez tengamos que ir a un plenario. La investigación, mientras tanto, avanza", sostiene.

El principio

El 3 de julio último Sobrado renunció a su cargo de superintendente de la fuerza, porque no pudo justificar una transferencia a una cuenta offshore en Bahamas por 333.549,62 dólares.

Urriza acreditó después que el ex comisario general había girado al exterior US$ 543.000, entre 1999 y 2001, cuando era director general de Narcotráfico. Desde entonces, Sobrado afirma que probará su inocencia.

El entonces ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero, anunció que los jefes de la policía iban a ser sometidos a una "tomografía patrimonial". Primero se dijo que había 20 comisarios investigados; después, que eran 40; finalmente, el número trepó a 149.

En septiembre, Violini empezó a investigar a cuatro altos oficiales por enriquecimiento ilícito: los comisarios generales Héctor Díaz y Angel Casafús y los comisarios mayores Alberto Cánepa y Aníbal Degastaldi. Los cuatro habían sido denunciados por la esposa del ex comisario Norberto Fiori. Esta denuncia fue desacreditada porque Fiori está sospechado de mantener vínculos con delincuentes.

Pero en dos casos, los de Cánepa y Degastaldi, el fiscal encontró indicios. Por ejemplo, que Cánepa no había declarado tres casas: una suya, otra de su hijo de 24 años y la tercera, de su padre. También descubrió que el hijo es socio de Eros Bragado SA, que sería la propietaria de varios hoteles.

Degastaldi tendría dos viviendas y una camioneta 4x4. Además, sería uno de los socios de la firma Cuatro Límites SRL y de otra llamada El Chef. En ambas también participaría el subcomisario Marcelo García, que poseería dos casas y dos autos.

Mientras avanzaban las investigaciones, Asuntos Internos hacía lo propio con 149 efectivos. No tardaría en enviar a la Justicia los primeros 15 expedientes; entre ellos el del subcomisario García. El 30 de septiembre, Cafiero fue reemplazado por Juan José Alvarez, que prometió continuar con la investigación. Entre el 7 y el 8 de octubre fueron enviadas a la Justicia las carpetas de 15 policías que no habían podido justificar sus patrimonios.

Violini estaba de turno, y ahora debía investigar a 19 policías. Urriza continuaba con el caso Sobrado y la jueza de transición María Isabel Martirena, con el análisis patrimonial de la subcomisaria Graciela Regina Zonta. Luego fue enviado el expediente del comisario mayor Miguel Presa. La causa está en manos del fiscal de Mar del Plata.

Investigación insuficiente

César Melazo

• Rechazos. Es el juez de Garantías que entiende en la causa abierta contra los comisarios de la policía bonaerense acusados de presunto enriquecimiento ilícito. Hasta el momento rechazó todos los pedidos efectuados por la fiscalía para detener a los involucrados.

• Razones. El magistrado argumentó en cada una de sus resoluciones que los planteos de los fiscales eran incompletos, porque no se detallaban el modo, el tiempo ni el lugar en que los comisarios se enriquecieron de manera fraudulenta.

• Amargo. El ministro de Seguridad bonaerense, Raúl Rivara, dijo que siente un sabor amargo cuando el Estado investiga y un juez decide dejar en libertad a los comisarios.

Raúl Rivara

• El ministro. Además de quejarse por la actuación del juez Melazo, sostuvo que si no puede exonerar a los policías acusados de actos de corrupción, los mandará a trabajar a la biblioteca. "Pero la policía no tiene biblioteca", agrega.

Víctor Violini

• El fiscal. Afirma que tiene pruebas suficientes para pedir más detenciones, pero que para elevar las solicitudes esperará que la Cámara Penal o el Tribunal de Casación fije un criterio sobre esos requerimientos para no generar demoras con solicitudes rechazadas y apeladas.

Por Ramiro Sagasti

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