Denunciaron penalmente a los médicos que le hicieron una cesárea a la chica violada en Tucumán

Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Font
Fabián López
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11 de marzo de 2019  • 14:22

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- Los médicos José Gigena y Cecilia Ousset, quienes el pasado 27 de febrero le realizaron una cesárea a la niña de 11 años que había sido violada por la pareja de su abuela, fueron denunciados penalmente este lunes por el delito de homicidio. La presentación fue realizada por un grupo de médicos y abogados tucumanos que forman parte del movimiento "pro vida", quienes señalaron a los profesionales de la salud como responsables de la muerte de la beba prematura que había nacido tras esa intervención y que falleció el pasado viernes, diez días después.

Gigena y Ousset (son marido y mujer) tuvieron que intervenir de urgencia debido a que todos los médicos y enfermeros del Hospital del Este Eva Perón, donde la menor abusada permanecía internada desde hacía varias semanas, se habían declarado objetores de conciencia. Desde que fue derivada a ese centro sanitario, a principios de febrero último, la niña abusada había solicitado en reiteradas oportunidades, inclusive a través de la cámara Gesell, que se le permita abortar, conforme al protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE), previsto en el Código Penal.

Pero la autorización para la realización de la ILE se demoró un mes y el embarazo se extendió hasta la semana 25 de gestación. Luego de revisar a la paciente, Gigena y Ousset aconsejaron que sea sometida a una microcesárea, debido a que su cuerpo no estaba lo suficientemente desarrollado como para soportar otro tipo de intervención y a que sufría preclampsia (presión alta, con alto riesgo para la paciente). La beba, que falleció 10 días después de la cesárea debido a un colapso respiratorio, había nacido con un peso de apenas 660 gramos.

La denuncia contra el cirujano Gigena y la ginecóloga Ousset es promovida por el médico Jorge Ramacciotti y los abogados María Teresa Mockevich, Viviana Matar, Luciana Colombres, Constanza Del Carril, Raúl Alfredo Lezana y Angela Vittini, con el patrocinio letrado de Salvador María Del Carril.

En la presentación, se acusa a los médicos que atendieron a la menor abusada, quien cursaba un embarazo de casi 25 semanas, por el presunto delito de "homicidio calificado", cuya pena máxima es la condena a prisión perpetua.

En diálogo con LA NACION, Gigena consideró que la denuncia presentada contra él y su esposa "es un disparate absoluto, porque en este caso se ha actuado en el marco legal, conforme a una ley que está vigente desde 1921 en la Argentina". El profesional consideró que "lo único ilegal es haberle impedido el derecho a la interrupción legal del embarazo a esta víctima". Gigena advirtió que "lo que se busca con esta demanda es amedrentar a toda la comunidad médica tucumana para que nadie se atreva a realizar una ILE, cuando esta es una práctica que está contemplada en la legislación vigente".

Por último, el profesional dijo que no lo sorprendió la denuncia. "Lamentablemente esto no sorprende y es lamentable que en Tucumán no vivamos en Estado de derecho, donde hay grupos de ciudadanos, incluidos miembros del Poder Judicial, que viven al margen del Código Penal y se sienten por encima de la ley", argumentó.

La demanda presentada este lunes también apunta contra la titular de la Defensoría de Menores en lo Civil, Penal y del Trabajo de la III° Nominación, Adriana Mónica Romano Mazzone, a quien acusaron por los presuntos delitos de "desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

"Esperamos que se investigue para ver si la conducta de los profesionales médicos tipifica el delito de homicidio, lo que de acuerdo al análisis que hicimos de la situación, podría estar configurado", explicó el abogado Salvador Del Carril.

El letrado dijo que en la denuncia requirieron "que se adopten las medidas pertinentes y se estudien distintas pruebas para descubrir la verdad material sobre el hecho y, en todo caso, se aplique una condena".

Según los denunciantes, Gigena, Ousset y Romano Mazonne incumplieron con una orden judicial que había dictado 15 días antes de realización de la cesárea la fiscal Adriana Giannoni, quien, según informó el Ministerio de Salud, había solicitado no realizar la interrupción del embarazo e instaba "a proteger la vida desde la concepción".

El caso de la niña de 11 años abusada había sido notificado a las autoridades provinciales a fines de enero, cuando su madre la llevó a un centro de atención primaria debido a que le dolía la panza. Entonces, los médicos que atendieron a la menor constataron que cursaba un embarazo de 16 semanas. La niña contó que fue la pareja de su abuela, un hombre de 66 años que está detenido, quien abusó de ella.

Esta no es la primera presentación judicial que surge en torno al caso de "Lucia", como se llamó ficticiamente a la menor abusada para proteger su identidad. Hace diez días, la diputada nacional María Teresita Villavicencio (UCR) denunció penalmente a la fiscal Giannoni por considerarla presunta responsable de los delitos de coacción y abuso de autoridad.

En tanto, organizaciones feministas y de derechos humanos, junto a representantes del Frente Patria Grande, denunciaron penalmente la semana pasada a las autoridades del gobierno por considerar que obstaculizaron la realización de un aborto legal. La demanda, por supuesto abuso de autoridad, apunta contra el gobernador Juan Manzur; la ministra provincial de Salud, Rossana Chahla; el secretario del Sistema Provincial de Salud, Gustavo Vigliocco; y la directora del hospital, Elizabeth Ávila.

"Se está usando el sistema penal de manera ilegal para adoctrinar. Esta es una medida de disciplinamiento", dijo Fernanda Marchese, Directora ejecutiva de Andhes (Abogadas y Abogados del Noroeste Argentina en Derechos Humanos y Estudios Sociales), una de las dos ONGs que presentó un amicus curiae (amigos del tribunal) para solicitar se respete la voluntad de la niña que solicitó una interrupción del embarazo.

"Esto claramente no tiene ningún asidero legal, estamos hablando de una práctica que es legal hace 100 años: una ILE que encuadra en el código penal como ya sabemos por la causal de violación y por la salud de la niña que estaba en riesgo. Estamos ante un caso gravísimo y un estado que está apañando una política criminal. Esto no puede quedar impune", explicó.

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