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Destruir el patrimonio natural con impunidad
La Argentina heredó un gran patrimonio natural. Tenemos unas 2500 especies de vertebrados y más de 20.000 de plantas superiores. Pero su inventario biológico está incompleto y desactualizado. Completarlo ya no parece una prioridad, aunque sí, voltear lo que queda de naturaleza en pie. Y no conviene saber bien lo que perdemos: podría alertar a la sociedad y activar la búsqueda de responsables con poder político y económico.
La desenfrenada expansión de la frontera agrícola es la principal amenaza de nuestra biodiversidad. Desmonta, "desfauna" y transforma paisajes ricos en monocultivos pobres en vida salvaje. Abusa del consumo de agua potable y contamina con su masiva aplicación de agroquímicos. Es el Estado el que empuja a los productores a estas prácticas y aspira a elevar la superficie cultivada a 200 millones de hectáreas. Esto reducirá aún más los espacios silvestres mientras padecen otras amenazas, como la caza furtiva y el comercio ilegal de flora y fauna que demanda maderas, plantas ornamentales, comestibles y medicinales, además de animales vivos para el mercado de mascotas, coleccionistas y zoológicos.
El país tiene una larga tradición en sobreexplotar sus recursos. Entre 1860-1870 exportamos más de 2 millones de cueros de venados de las pampas. Hoy nos quedan menos de 2000. Entre 1968-1970 vendimos -sólo a los Estados Unidos- 961 pieles de yaguaretés. Hoy tenemos unos 200. En 1905 poseíamos 100 millones de hectáreas de bosques y selvas. Hoy, 32 millones. El "legado" de esta desastrosa política está a la vista y sus nuevos operadores la siguen practicando pese al esfuerzo de guardaparques, guardafaunas e inspectores de fauna, las ONG y miembros de las fuerzas de seguridad. El mercado negro de fauna los burla. A veces, de modo encubierto y en ocasiones, exhibiendo su impunidad (como en los alrededores de las ferias de pájaros de Pompeya y Villa Dominico). Tampoco faltan carteles narcos involucrados, empresas fantasma escondidas detrás de Internet ni funcionarios de alto rango que tienen sus propias colecciones de fauna con los mismos proveedores del mercado negro.
No es el tráfico de fauna el que extingue especies. Es la gente que las compra. Pero con la complicidad de funcionarios que no llevan ni estadísticas y que niegan presupuesto para aumentar los controles, las investigaciones, los planes de conservación o la creación de nuevas reservas naturales para revertir esta crisis.
Revisemos el rol de los fiscales que no investigan ilícitos y de los jueces que no dictan sentencias ni aplican condenas desalentadoras. Son ellos quienes blindan la impunidad de los delitos ambientales. La escasa jurisprudencia lo ratifica.
El autor es consejero de la Fundación Vida Silvestre Argentina y de la FARN. Asesor de la Fundación de Historia Natural "Félix de Azara".
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