Deterioro y conflictos en el Campo de Golf
El predio pertenece a la Ciudad, pero allí también funciona un club privado que paga 60.000 pesos por mes
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El Campo de Golf de la Ciudad de Buenos Aires, en pleno corazón de Palermo, arrastra ya desde hace más de una década un conflicto que no logró más que alejar a muchos porteños del predio.
El predio pertenece a la Ciudad, pero durante años fue administrado por la asociación civil Club de Golf Lagos de Palermo, que hoy le paga al gobierno porteño un canon de 60.000 pesos mensuales para que sus 380 socios tengan acceso a la cancha.
El Campo de Golf, que cuenta con 36,7 hectáreas ubicadas en la avenida Tornquist y Olleros, es público. Cualquier porteño que quiera ir puede hacerlo en calidad de invitado, aunque debe pagar 40 pesos cada vez que sale a jugar los fines de semana o feriados. A eso debe sumar otros 30 o 40 pesos para el caddie, sin incluir la propina, lo que no lo hace demasiado accesible.
Los socios pagan una cuota de 200 pesos por mes y 10 pesos para acceder al green fee, además del caddie, por supuesto. Puede jugar los miércoles, sábados y domingos. Los invitados pueden hacerlo todos los días de la semana, aunque el horario está supeditado al de los miembros del club.
El matrimonio entre el gobierno porteño y el Club de Golf está en crisis desde hace años. Los socios quieren recuperar la administración del predio, mientras que el primero no sólo no está dispuesto a dársela, sino que asegura que no pueden seguir juntos. Por lo menos no de esta manera. Y, entretanto, la convivencia se hace cada vez más difícil.
Jaime Horowitz y Jorge Santana son el presidente y el vicepresidente, respectivamente, del Golf Club Lagos de Palermo y Gustavo Berta es el director del Programa de Parques Especiales de la Dirección de Deportes del gobierno porteño, en cuya órbita se encuentra el complejo Golf-Velódromo. Mantuvieron varias reuniones, pero hasta ahora no se han puesto de acuerdo.
Desacuerdo
¿Los argumentos? La Ciudad quiere recuperar el predio, en su totalidad, para los porteños. Es el único Campo de Golf público, no gratuito, de la Capital. Y su ubicación es excelente.
Los miembros del Club de Golf dicen que ellos lo administraron en forma transparente y eficaz, que hoy la comuna malgasta su presupuesto, que la cancha y las instalaciones no están bien mantenidas y que podrían bajar un 30 por ciento el precio que paga cada invitado.
Gustavo Berta admite que la cancha no está en óptimas condiciones. "Nosotros recibimos la administración en mayo de 2001 de manos del interventor que había nombrado el gobierno de Fernando de la Rúa, Juan José Bergoglio. El traspaso de una administración a otra, con un tipo de gestión diferente, hizo que se atrasaran los pagos a ciertos proveedores y la cancha se vio afectada. Pero ya lo estamos solucionando."
También les da la razón en cuanto a que se trata de un campo caro. Salir a jugar cuesta 40 pesos los fines de semana y feriados y alrededor de 25 entre semana, aunque hay descuentos. Por ejemplo, para jubilados. Y asegura que están estudiando la posibilidad de rediseñar las tarifas para bajarlas.
"Nos pusieron un canon mensual de 60.000 pesos, mientras que el Club de Golf José Jurado (también del gobierno porteño, ubicado en Villa Lugano) paga la misma cantidad, pero por año. Nosotros administramos el campo desde 1966 hasta 1990 y teníamos superávit, cosa que no ocurrió nunca más durante los 11 años que lleva de administración la comuna", se quejó Jaime Horowitz.
Berta dice que no es así. Que durante los siete meses de gestión del año último gastaron 613 mil pesos, con un superávit de 361.400 pesos. Que el presupuesto para este año es de 1.014.051 pesos, pero que no sólo está destinado al campo, sino al complejo Golf-Velódromo.
Este último se encuentra hoy cerrado y la intención del gobierno porteño es reabrirlo.
"Es cierto que el Golf José Jurado paga menos, pero lo que ocurre es que la situación es diferente -dijo el funcionario-. En el caso del campo de Lugano hubo una licitación, se les entregó el predio en concesión para su explotación por 20 años. El gobierno no interviene hasta que se acabe el contrato. Como sea, tanto uno como otro llegaron a acuerdos antes de esta administración."
El derecho a jugar es otro de los puntos en que se no se ponen de acuerdo. Quizás uno de los más importantes. Berta dice que los socios, por convenio, pueden utilizar el 75 por ciento de las salidas durante los fines de semana y los miércoles y que los invitados, los vecinos que pagan por ir a jugar, sólo pueden hacerlo el 25% restante.
Pero Horowitz jura que no. Asegura que los invitados tienen mucho más tiempo disponible: "Además, un socio paga 200 pesos por mes y si cuando quiere ir a jugar, llueve, no puede. En cambio, el invitado sólo paga cuando usa la cancha".
El funcionario de la Secretaría de Deportes hace hincapié en la necesidad de recuperar un espacio de la Ciudad, con un acceso irrestricto para los vecinos: "Queremos desarrollar un campo público de golf, que no privilegie vecinos sobre socios".
Los socios del Club de Golf, por su parte, consideran que tienen una larga trayectoria en el campo y que los gobiernos de turno, desde que el ex intendente Carlos Grosso les sacó la administración del predio, abusan de ellos cobrándoles cánones altísimos.
"No podemos seguir soportando el atropello y la irracionalidad con la que los funcionarios malgastan nuestro dinero", dijo el presidente del club.
La mafia de los palos
Como si fuera poco, los aficionados deben soportar la presión de un grupo de señores que se empeñaron en hacer su propio negocio y agredir a los socios, según denunció Jaime Horowitz. Dijo que se encuentran en la entrada del campo y en cuanto ven a una persona con una bolsa de palos le ofrecen jugar por menos de los que cuesta salir a la cancha.
Ellos son quienes los acompañan hasta el green fee. Y, desde ya, no pasan por caja. Pero no terminan allí. Ignacio Forconi, uno de los socios, fue una de las víctimas de esta mafia. Un día, en enero último, se encontraba en el putting green cuando dos hombres se acercaron a los gritos e insultos.
Le dijeron que le "abrirían el vientre" y otra serie de amenazas. Más tarde fue golpeado ante la mirada del personal de campo, incluso de seguridad, sin que nadie hiciera nada al respecto, según describió en una carta dirigida a la comisión directiva.
"Insultan a los socios. Son empleados del campo, porque de otra manera no podrían ingresar y permanecer allí sin problemas. Ofrecen a los invitados pagar menos y ellos se quedan con la plata. Así, obviamente, perjudican al campo, porque esa plata nunca ingresa en la caja", dijo Armando Saavedra, profesional de este deporte, que hasta el año último estuvo a cargo una escuela de golf dentro del predio.
"No lo hacen todos los caddies. Son unos pocos, pero amedrentan a la gente", agregó Jaime Horowitz
El director del Programa de Parques Especiales aseguró que se sabe que esto ocurre desde hace años. Pero hasta ahora nadie ha formulado denuncia policial alguna, lo que no ayuda a poner freno a estos señores.
"Queremos solucionar este tema de inmediato -sostuvo-. Cambiamos a los guardias de seguridad por efectivos de la Policía Federal y pusimos un sistema de control de tickets. Lo que pedimos es que hagan la denuncia."
Este y otros problemas aún requieren una solución. Tanto los socios del club como el gobierno porteño tienen en claro que así no pueden seguir. Les falta llegar a un acuerdo.
De larga data
Comienzo: la Asociación General San Martín, a la que sucedió el Club de Golf, comenzó a administrar el predio en 1966. En sus manos estuvo hasta 1991, cuando Carlos Grosso, al frente de la Municipalidad por ese entonces, llamó a licitación y la reemplazó por la empresa Asesores Empresarios SA.
Irregularidades: el actual jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, presentó en 1991 una denuncia por irregularidades en la licitación del complejo Golf-Velódromo, por la que Carlos Grosso quedó procesado, aunque hoy está en libertad.
Interventor: cuando asumió Fernando de la Rúa, desplazó a AESA por irregularidades y puso en su lugar a un interventor que revocó el permiso al Club de Golf; recurrieron a la Justicia y lograron que se los reconociera.
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