Detienen a un cura por defraudación

LA PLATA.- La policía de la provincia detuvo ayer por la mañana al vicario general de Avellaneda, monseñor Roberto Toledo, y la Policía Federal, pocas horas después, hizo lo mismo con el abogado Juan Miguel Trusso.

Las detenciones se produjeron en el expediente en el que se investiga la presunta quiebra fraudulenta del Banco Crédito Provincial (BCP) y fueron ordenadas por la jueza en lo criminal de transición Nº 2 de esta ciudad, Marcela Garmendia.

Altas fuentes del juzgado confirmaron a La Nación que hoy será indagado monseñor Toledo y que el viernes le corresponderá a Trusso. Sin embargo, allegados a la defensa del letrado detenido dijeron que hoy Trusso sería excarcelado luego de declarar.

Toledo está imputado por administración fraudulenta agravada, un delito que prevé una pena de un mes a seis años de prisión. Trusso enfrenta "los cargos de asociación ilícita, estafas reiteradas y administración fraudulenta en concurso real", informó el comisario Miguel Angel Torres, de la Delegación de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad.

El fiscal del caso, Carlos Argüero, dijo que "ambos están seriamente sospechados de participar en ese fraude. Trusso es abogado -continuó- y se supone que era el que les daba máscara legal a las maniobras delictivas investigadas".

Monseñor Toledo -detenido en Lavalle y Mitre, en Avellaneda- había sido estrecho colaborador del cardenal Antonio Quarracino, reiteradamente mencionado en esa quiebra fraudulenta y fallecido en 1998.

Juan Miguel Trusso fue apresado sin resistencia en Uruguay al 1100, en la ciudad de Buenos Aires. Es hermano de Francisco Trusso, detenido en Brasil hace dos meses y medio.

Según explicó el fiscal Argüero a La Nación , "el abanico de posibles delitos cometidos en esa quiebra fraudulenta se amplió notoriamente con la acumulación de pruebas, por lo que no sólo se ha detenido a Toledo y a Trusso, sino que las capturas se extenderán a otros imputados en los próximos días".

Miles de perjudicados

La quiebra fraudulenta del BCP está calculada extraoficialmente en unos 100 millones de pesos y dejó alrededor de 30.000 ahorristas perjudicados, según fuentes judiciales.

El BCP era un banco esencialmente platense. En la década del 90 comenzó una singular expansión y captó inversionistas.

A mediados de 1997, en la ciudad empezó a correr el rumor -difundido inicialmente por algunos empleados de la misma entidad crediticia- de que el banco había entrado en una espiral de caída libre.

Entonces se produjo el inmediato efecto en los ahorristas, que formaron largas colas para el rescate de sus depósitos.

Pero eso no pudo concluir: el 30 de octubre de ese año, por orden del entonces juez penal Juan Carlos Bruni, se completó la Operación Halloween (por la conocida Noche de Brujas), con allanamiento en el banco, detención de varios de sus responsables y comienzo de incautación de documentación. El expediente llegó a manos de la jueza Garmendia a raíz de la reforma procesal penal realizada en la provincia de Buenos Aires.

La asociación ilícita mencionada por el fiscal Argüero al referirse a la ampliación del espectro acusatorio es uno de los delitos de más difícil probanza, pero si se asienta prevé una pena no excarcelable para sus jefes u organizadores.

El juicio penal y el pleito civil - que está radicado en el juzgado civil y comercial Nº 14, a cargo de Tomás Carlos Yde- habían entrado en un cono de sombra hasta el 13 de agosto último, día en que, tras dos años de estar prófugo, Francisco Trusso (h.), principal sospechoso y cuya detención internacional se había pedido a Interpol, fue apresado en San Pablo. La jueza Garmendia todavía espera que la justicia brasileña responda su pedido de extradición.

Monseñor Toledo había efectuado en su momento una encendida defensa de Quarracino, cuando las miradas se centraron sobre ese prelado como supuesto copartícipe en las maniobras que terminaron con la quiebra del BCP.

Se decía, cuando comenzó la investigación, que Quarracino había tomado un préstamo de 10.000.000 de pesos, especie que no fue confirmada oficialmente.

En aquella oportunidad, monseñor Toledo dijo públicamente que Quarracino "había sido engañado en su buena fe" y que era víctima de las maniobras de Francisco Trusso (h.).

Con las dos detenciones de ayer, el único prófugo que queda en la causa es Renato Dalle Nogare, que formaba parte del directorio del BCP y que nunca compareció al llamamiento judicial.

El 3 de septiembre último, la jueza Garmendia fue amenazada de muerte en la puerta de su casa por personas aún no identificadas. Fuentes judiciales indicaron que la magistrada no sabe si la intimidación estada dirigida a ella o a su marido, Luis Daniel Arturo Martínez Varela.

Martínez Varela fue presidente provisional del Banco Municipal de La Plata cuando su titular Juan Manganiello se alejó del cargo, a mediados del año actual. Cuando Manganiello regresó, el marido de la jueza renunció.