Dicen que el Estado no protege a los agentes encubiertos

En diciembre de 1994 se sancionó la ley 24.424, en la que se reglamentó la actuación del agente encubierto para combatir a las grandes bandas de narcotraficantes.

Pero la falta de mecanismos de cobertura para el agente encubierto impide perseguir a las grandes organizaciones de traficantes de drogas, según informaron varios fiscales federales consultados por LA NACION.

Así, la realidad y las estadísticas demostraron que más del 60 por ciento de los detenidos en causas por drogas fueron consumidores y que casi no se atacan a los jefes de las redes de distribución.

A más de doce años de la creación de esa figura para poder infiltrarse en organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y al lavado de dinero, apenas en una de cada veinte causas por infracción a la ley de drogas se utilizó al agente encubierto, según informaron fuentes de la Justicia federal que realizaron un relevamiento sobre las dificultades del sistema penal argentino y de las fuerzas de seguridad para luchar contra el narcotráfico.

Dicha norma había sido dictada para reglamentar la actuación del agente encubierto que había sido creada por la ley 23.737, también conocida como la ley de drogas.

La realidad argentina está a muchos años luz de lo que muestran algunas películas norteamericanas sobre cómo se infiltran los policías en las bandas de narcotraficantes.

"Lo más seguro es que si un policía argentino intentara infiltrarse como agente encubierto, con una identidad falsa en una organización de traficantes de droga, sea descubierto a los cinco minutos", explicó un fiscal federal que se desempeña en el Gran Buenos Aires.

Esto se debe a que "en nuestro país no existe ninguna política pública para otorgarle cobertura logística a un agente encubierto. Cualquier policía infiltrado necesitará, por lo menos, un DNI con un nombre falso. Ese DNI será revisado por uno de los miembros de la banda que confirmará que la Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIL) no corresponde con el nombre que figura en el documento. Esto significa que el Estado no tiene la capacidad de inventarle una vida e identidad nuevas al policía para que no lo descubran", explicó otro fiscal federal que también solicitó mantener su nombre en reserva.

En la actualidad, todas las bandas de traficantes cuentan con la capacidad y la tecnología para verificar las identidades de sus integrantes, pero el Estado que debe combatirlos carece de la capacidad para protegerlos.

"El gran problema que existe en la Argentina para combatir con eficacia a las grandes bandas dedicadas al tráfico de drogas consiste en que no se aplican muchas de las herramientas que figuran en la legislación. Por ejemplo, el agente encubierto, la falta de un protocolo común a todas las fuerzas de seguridad federales para establecer cómo se analizan los embarques de drogas secuestradas y la falta de infraestructura para aplicar en la realidad todas las ideas contempladas en la ley", explicó una importante fuente del Ministerio Público de la Nación.

A pesar de que se han firmado convenios con los países limítrofes para combatir el contrabando de drogas a través de las fronteras, esos acuerdos tampoco se aplican para luchar contra el narcotráfico.

Según las estadísticas oficiales, en los registros figura sólo una entrega controlada de droga realizada entre las policías chilena y argentina y las fuerzas de seguridad de Paraguay y de la Argentina. Los curioso del caso es que Paraguay es el lugar de origen de la mayoría de marihuana que se vende en nuestro país y que Chile se convirtió en el destino de muchos embarques de cocaína de origen boliviano y procesamiento en "cocinas" argentinas.

La falta de eficiencia para combatir a las grandes bandas de narcotraficantes está reflejada en las estadísticas: sólo el uno por ciento de las causas por infracción a ley de drogas terminan con una condena.

En 2005, cuando se realizó dicho relevamiento, ninguna de esas condenas había sido por organización y financiamiento del narcotráfico. Esto significa que ningún jefe narco recibió condena alguna. Las sentencias recayeron sólo en aquellos a los que la policía les secuestró droga para ser vendida.

Por Gustavo Carabajal

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