Dos niños argentinos son buscados por Interpol: los 200 días sin verlos del padre, las denuncias por violencia de género de la madre y la pista de un taxista
Herman Krause denunció a su expareja ante la Justicia de haberse llevado a Paco y Mateus Krause a Brasil sin su autorización; Juliana Magalhães alega maltrato familiar; qué dijo el hombre que los trasladó a la frontera
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Para LA NACIONJoaquín Pérez Laudizio
Atrapados en una disputa judicial marcada por denuncias cruzadas, acusaciones de violencia de género y un conflictivo divorcio entre sus padres, Paco y Mateus Krause, dos niños argentinos de nueve y siete años nacidos en La Plata, son buscados desde hace seis meses por Interpol después de haber sido trasladados a Brasil en octubre del año pasado por decisión unilateral de su madre, Juliana Magalhães de Lima (33).
Tras la denuncia del padre, Herman Krause (52), se activó el alerta del organismo internacional que publicó sus nombres y rostros en su sitio web. Aunque se pudo conocer dónde viven y a qué escuela asisten, las autoridades brasileñas no han cooperado con la causa que, en el último tiempo, escaló hasta los tribunales federales argentinos.
Según pudo confirmar LA NACION, el 25 de octubre la madre los retiró del colegio José Manuel Estrada de City Bell y los subió a un taxi con destino a Puerto Iguazú. Desde allí, cruzaron al país limítrofe por el paso fronterizo que une Misiones y Foz do Iguaçu. Hoy, los niños viven en la ciudad de San Pablo y asisten al colegio Santa Catarina.
El padre, oriundo de La Plata, denunció ante la Justicia Federal de la Argentina que los niños fueron llevados sin su consentimiento, en un caso que podría tipificarse como sustracción de menores, un grave delito establecido en convenios internacionales. Además, reclama que desde hace más de 200 días que no los ve.
En el fondo de la actual denuncia subyace una batalla legal: la madre sostiene que los hijos no quieren ver a su padre por maltratos del pasado, mientras que el hombre esgrime que la mujer, desde que se separaron, buscaba la forma legal de obtener la custodia de los niños para irse del país.
Magalhães denunció a su exmarido en mayo de 2023 por violencia familiar luego de divorciarse en 2022 tras ocho años casados y viviendo en la Argentina. En septiembre realizó una nueva denuncia -esta vez penal- por “abuso sexual” hacia ella y sus hijos. Enseguida, la Justicia decidió imponer una restricción preventiva y que Krause no pudiera acercarse a sus hijos mientras se realizaba la investigación.
En octubre de 2024, las denuncias fueron revocadas y archivadas por falta de pruebas por la fiscal de la UFI Nº1 de La Plata Ana María Medina al entender que no pudo darse un “grado de certeza” suficiente para avanzar con una imputación por abuso sexual y se levantó la restricción preventiva. Asimismo, la revisión del fiscal general adjunto Alejandro Marchet -con fecha del 30 de octubre- coincidió con la conclusión de la magistrada. Pero dos días antes del fallo, Juliana y los niños ya estaban en Brasil. Krause plantea que su exmujer secuestró a los chicos cuando vio que el fallo era adverso y “de alguna manera logró cruzar la frontera”.
En diálogo con LA NACION, Magalhães negó que sus hijos sean víctimas de un rapto e insistió con que se vio obligada a salir del país porque “le tienen miedo y trauma” a su padre. “Hoy estamos en Brasil, protegidos por la ley, y mis hijos están estudiando, hacen fútbol y terapia por todo lo que vivieron“, relató. “Ella tuvo que tomar la medida extrema de irse porque corría riesgo su vida y la de sus hijos”, enfatizó su abogado ante la consulta de este medio. “Huyeron de todo el calvario que vivieron en la Argentina”, manifestó.
Consultada sobre la conclusión de la Justicia, Juliana insiste en que es errónea y sostiene que “en la Argentina no existe ley” ni justicia y que “todo queda en la nada”. “La víctima tiene que probar que es víctima, y un niño abusado, maltratado, lleno de traumas necesita ser escuchado, protegido y respetado (...) Mis hijos son brasileños y la Justicia acá es totalmente distinta, se maneja distinto y actúa distinto. Yo estoy luchando por ellos, por lo que nos pasó, y para que no quede en la nada como muchos casos que pasan allá”.
La alerta de Interpol y la intervención de Cancillería
Tras enterarse por terceros que sus hijos habían salido del país, Krause erradicó una denuncia por desaparición y averiguación de paradero ante la justicia de la provincia de Buenos Aires que cayó en la UFI N°15 a cargo de Cecilia Corfield. Enseguida, por el rastreo de los teléfonos, se supo que estaban en Brasil y se dio aviso a Interpol para que se monitoreen las fronteras. A finales de noviembre quedó efectiva la alerta.
La investigación llevada a cabo logró averiguar que la salida del país de Magalhães, su madre y sus hijos no figura en el registro de la Dirección Nacional de Migraciones. Además, con la información suministrada por la UFI N°15, se precisó que, efectivamente, el 28 de octubre el teléfono de la abuela de los niños se apagó en el límite de la frontera argentina y se volvió a conectar en Brasil.
La intervención de Interpol no es un punto menor: ambos países integran el organismo y la notificación amarilla se publica para “localizar a víctimas de rapto por uno de los progenitores, retenciones (secuestros) o desapariciones inexplicadas” de personas, según se detalla en su sitio web. Se trata de una disposición que brinda “una alta visibilidad a nivel internacional” ya que pone en conocimiento a los funcionarios de fronteras “la identidad de las personas secuestradas/desaparecidas”.
Sin embargo, Krause sostiene que, hasta el momento, esta aparente visibilidad que otorga Interpol no ha contribuido a agilizar su denuncia ya que -según su propia interpretación- “solo se movilizan si se los detecta en un aeropuerto”.
Entre enero y febrero, Krause intentó contactarse con Cancillería con la intención de conseguir la ayuda del Poder Ejecutivo. Denunció que se trata de un caso de sustracción de menores y solicitó la restitución de sus hijos mediante una solicitud presentada ante la Autoridad Central argentina, el ente encargado de tomar las denuncias de este tipo e iniciar una mediación con el otro país.
Según explicó a LA NACION el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, una sustracción de menores se da cuando un niño, niña y/o adolescente es trasladado o retenido ilícitamente en un Estado distinto al de su residencia habitual -o lo que se conoce como “centro de vida”- el lugar donde nació y se crio. En este caso, según la denuncia a la que pudo acceder este medio, el centro de vida de los menores está establecido en la casa en la que vivían desde que nacieron en City Bell.
Luego de recabar ciertos documentos, Autoridad Central debe contactarse con Brasil e iniciar los procedimientos de conciliación entre las partes o dar intervención a la Justicia. Este mecanismo de asistencia gubernamental e internacional se encuentra regulado por dos tratados internacionales, entre otros instrumentos: la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989 y el Convenio de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980.
La posición de Brasil
Tras varios pedidos y mails por parte de Autoridad Central argentina, el 12 de marzo último llegó la primera respuesta desde Brasil a través de la Autoridad Central. “Nos gustaría informarle que el padre tiene una orden de alejamiento y ha sido condenado en la Argentina por violencia contra los niños. Además, el progenitor ni siquiera tenía la custodia inmediatamente antes de la sustracción”, respondieron.
El mensaje alude a las denuncias de 2023 y afirma que no tenía la custodia de los menores. Sin embargo, Krause no fue condenado en la Argentina; y la pareja estaba separada pero no existía ninguna restricción sobre la tenencia de los niños más allá de la medida perimetral preventiva que se venció en septiembre de 2024.
A raíz de esta situación, la directora de Asistencia Jurídica Internacional de Cancillería, Aldana Rohr, habló con el padre y le informó que, según pudo averiguar, en Brasil se había iniciado un expediente en su contra del cual no había sido notificado y por el que podían detenerlo si ingresaba al país. Se trataría de una nueva orden perimetral. “Evidentemente me quieren cazar como a una mosca si yo me presento en Brasil sin saber de ese expediente. Lamentable”, criticó el platense en diálogo con LA NACION.
“La postura de Brasil es bajar estos casos administrativamente, no se lo derivan a un juez para que actúe. Ni leen la documentación. Si hubo procesos acá, directamente lo bajan”, interpretó Krause tras dialogar con Rohr.
Gil Domínguez explicó a LA NACION que para este tipo de casos la postura histórica de Brasil es no dar respuesta a estas denuncias y en cambio congelarlas en Tribunales hasta que se configure un nuevo centro de vida y el niño ya esté adaptado por completo a su nuevo entorno. Lo más probable, según el experto constitucionalista, es que la situación se resuelva con un régimen de visitas y viajes internacionales en el que el padre resulte perjudicado.
Cabe señalar que los tratados internacionales subrayan que estos procedimientos deben resolverse con la mayor celeridad posible. El motivo es que, si un niño permanece por un periodo prolongado en un nuevo país y logra integrarse por completo -a su escuela, entorno, idioma, vínculos familiares y sociales-, el tribunal puede determinar que su retorno afectaría su estabilidad y bienestar general. Si bien no existe un plazo explícitamente definido para que esto se considere, los tratados sí contemplan que, en estos casos, deben garantizarse visitas obligatorias del progenitor que quedó en otro país.
El miércoles 19 de marzo, Brasil emitió una nueva respuesta. La misma llegó a nombre de la jueza de enlace Marcela Trillini, quien se disculpó por el mensaje previo y sostuvo que se volvería a revisar la solicitud inicial y la documentación enviada. Desde ese momento no hubo novedades.
La pista del taxista que los llevó a Misiones
Durante la investigación para determinar cómo fueron las últimas horas de los hermanos en la Argentina antes de cruzar a Brasil, un hombre se presentó ante la Justicia y contó que fue él quien llevó a los niños, junto a su madre y su abuela, hasta Misiones en su auto.
Gabriel Falabella, taxista de 43 años, contó que durante 2024 trasladó a Magalhães varias veces hasta Ezeiza y de vuelta a su casa y que solía ir a buscar a la abuela de los niños a Aeroparque. Según relató, el 18 de octubre Juliana lo contactó para que le cotice un viaje hasta Puerto Iguazú. El plan parecía una escapada de fin de semana: se quedarían allí unas noches y los traería de regreso el 28 de octubre. El chofer propuso cobrarle US$1300 y ella aceptó. Así, el 25 a las 19.30, buscó a Juliana, Paco, Mateus y su abuela a bordo de su Fiat Cronos a GNC y partieron. “Llevaron dos o tres valijas chiquitas”, precisó.
Tras más de 16 horas llegaron a destino. La familia se hospedó en un complejo y Falabella alquiló una casa para pasar la noche. Sin embargo, para la cena, acompañó a la mujer a comprar y cenaron todos juntos. Al día siguiente, según recuerda, ella le comentó que había cambiado el itinerario original y que pretendía cruzar a Brasil.
Según la versión del taxista, le advirtió que hacerlo sin la autorización del padre era ilegal. Tras la conversación, acudió a una comisaria local de la mujer para notificar la situación. “Tuve que ir dos veces a hacer la denuncia. Cuando me acerqué a la comisaría, me dijeron que no hacía falta porque tenían documento del Mercosur y que en Brasil no es necesario que el padre autorice el viaje”.
De vuelta en La Plata, cuando se enteró del caso a través de los medios de comunicación, realizó la denuncia penal y se presentó a testificar.
La denuncia en la Justicia Federal
Para inicios de abril, la denuncia escaló hasta la Justicia Federal argentina. La fiscal bonaerense Cecilia Corfield envió el expediente de averiguación de paradero inicial al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N.º 3 de La Plata, de Ernesto Kreplak. El juez solicitó una serie de documentos previos, entre los que estaba la denuncia penal y la declaración realizada por Falabella.
Según pudo averiguar este medio, la falta de registro en la Dirección Nacional de Migraciones podría ser el punto requerido para que intervenga la Justicia Federal, entendiendo que pudo haberse burlado, impedido o no ejercido el control migratorio correspondiente e ingresado a Brasil por medio de un punto no habilitado. Si este fuera el caso, habría ocasionado “una afectación de los intereses del Estado” que requeriría la intervención federal.
Pese a los avances, el juzgado de Kreplak le adelantó a LA NACION que se declaró incompetente para seguir adelante con el caso porque se determinó que en el momento de la salida del país, estaba de turno el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de La Plata, de Alejo Ramos Padilla, por lo que el caso continuaría en aquel juzgado. Mientras tanto, los días pasan.
LA NACION buscó contactarse con la oficina del embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, para conocer el estado de situación de la denuncia en suelo brasileño, pero fuentes cercanas al funcionario indicaron que todavía no harían comentarios oficiales sobre el tema mientras la “competencia” siga siendo de Buenos Aires.
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