
Duras condenas en el caso Cóppola II
Penas de cumplimiento efectivo para todos los acusados.
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Fue un fallo salomónico. Ninguna de las partes del denominado caso Cóppola II se fue anoche del recinto absolutamente satisfecha.
El Tribunal Oral Nº5 condenó a penas de prisión efectiva a Roberto Schlägel, ex secretario del juzgado federal de Dolores; a los policías bonaerenses, Daniel Diamante, Antonio Gerace y Carlos Gómez, y a dos de las tres jóvenes del caso, Samantha Farjat y Julieta La Valle por haber privado ilegalmente de la libertad al ex futbolista Alberto Tarantini y a su amiga Natalia Denegri, en octubre de 1996.
Los magistrados resolvieron insistir ante el Senado y el Consejo de la Magistratura para que el juez federal de Dolores Hernán Bernasconi sea destituido. Y ordenaron la apertura de tres causas penales para que se aclaren varios puntos oscuros que, a su juicio, presenta el caso.
El veredicto fue leído anoche en los Tribunales de Comodoro Py 2002 y contó con la presencia de casi todos los protagonistas de la historia que conmovió al país a fines de 1996. Los fundamentos del fallo se conocerán en 25 del actual, a las 21.
Los jueces Guillermo Gordo, Luis Di Renzi y Guillermo Pons impusieron a Schlägel ocho años de prisión, 30.000 pesos de multa e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por haber cometido cinco delitos diferentes: asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, encubrimiento, falsedad ideológica de documento público y prevaricato (dictar fallos contrarios a la ley).
El oficial Diamante recibió la pena de siete años y seis meses de prisión y 15 años de inhabilitación. Los magistrados lo responsabilizaron por el hurto del teléfono celular de Héctor "Yayo" Cozza, por privar de la libertad a Tarantini, por falsedad ideológica de documento y por integrar una organización delictiva que lideraba Bernasconi y buscaba detener y vincular con el narcotráfico a personas famosas.
El cabo primero Gerace fue condenado a seis años y nueve meses de encierro y 13 años y seis meses de inhabilitación por los mismos delitos que Diamante, excepto el hurto.
Más cerca de la libertad
La pena impuesta al cabo Gómez es de seis años de prisión y 12 de inhabilitación por los mismos hechos ilícitos por los que fue condenado Gerace.
Los tres policías están presos en la Unidad XVI de Caseros desde noviembre de 1996. Gracias al llamado "dos por uno", que contabiliza doble cada día de detención luego de dos años sin condena, el cómputo de encierro de los uniformados asciende a cuatro años.
Gómez estaría ahora en condiciones de reclamar la libertad condicional, porque ya cumplió las dos terceras partes de su condena. Sin embargo, una alta fuente judicial explicó a La Nación que la misma no podría haberse efectiva porque Gómez, igual que Diamante y Gerace, tiene dictada una prisión preventiva por el juez federal subrogante de Dolores por haber privado de la libertad al boliviano Hugo Escobar Mercado, a quien también se vinculó ilegalmente con el tráfico de estupefacientes.
Farjat y La Valle también recibieron condenas que las obligarán a dormir en la cárcel. Dos de los magistrados (el juez Gordo votó este punto en disidencia) impusieron tres años y nueves meses para la primera y tres años y tres meses para la segunda por haber sido partícipes necesarias en las detenciones ilegales de Tarantini y Denegri.
Las jóvenes confesaron que el 6 de octubre de 1996 le "plantaron" droga al ex futbolista cuando éste estaba en el domicilio de Denegri, situado en Quintana 255, aunque dijeron que lo hicieron obligadas por los policías, Schlägel y Bernasconi.
La Valle dejó ayer el Departamento Central de Policía, donde estaba detenida desde hace casi un mes, cuando los jueces se enteraron de que la joven quería dejar el país antes del veredicto. Las dos chicas seguirán libres hasta que la condena quede firme, algo que puede demorar años por las apelaciones ante la Cámara de Casación y la Corte Suprema. Sin embargo, no podrán salir del país sin autorización del tribunal.
En el mismo fallo, como había solicitado en su alegato el fiscal Eduardo Rizzi, los magistrados absolvieron al comisario bonaerense Emilio Azzaro. El juez federal Gabriel Cavallo lo había procesado por cuatro casos de falso testimonio y por haber realizado un allanamiento tachado de ilegal en el domicilio de Guillermo Cóppola, situado en Libertador 5658.
Denuncias para todos
El tribunal ordenó al juez Cavallo que investigara al secretario de Prevención de las Adicciones bonaerense, Juan Alberto Yaría, por su posible responsabilidad en la privación de la libertad de Tarantini. Yaría remitió a Bernasconi un informe médico en el que aconsejaba la internación del futbolista en una clínica para adictos.
Dispuso, además, que se analice la conducta del periodista de la agencia Télam Oscar Pinco por haber colaborado con Bernasconi cuando ordenó la detención de Cóppola.
A Gordo, Di Renzi y Pons también les quedaron dudas sobre la participación que tuvieron en el caso los defensores de Cóppola, Mariano Cúneo Libarona y Julio "Coco" Ballestero, el comisario bonaerense Mario Naldi (R) y el abogado de la SIDE, Guillermo Alberdi. Los magistrados quieren que se averigüe por qué la denuncia de Farjat y La Valle con la que arrancó este expediente se realizó un domingo a la madrugada en el juzgado federal de Roberto Marquevich.
Bernasconi
El juez federal de Dolores Hernán Bernasconi fue el gran ausente del juicio que terminó ayer. El también tendría que haber sido juzgado, pero sus fueros lo salvaron de sentarse con el resto de los acusados. El 22 de septiembre último el Senado lo suspendió en sus funciones, aunque aún conserva el cargo. Pero hasta que no se apruebe su destitución no podrá ser procesado ni detenido. Los senadores tienen la palabra.
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