El crecimiento de Pinamar: cómo cambió el mapa de las tomas de tierras en la última década y la zona cero del conflicto
La creación de una fiscalía especializada, el uso de denuncias vecinales y el control permanente cambiaron la dinámica de un conflicto que hace una década crecía sin freno
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El mapa de las usurpaciones en el partido de Pinamar cambió en la última década. Lo que en 2014 aparecía como un fenómeno en expansión —con asentamientos consolidados, tomas reiteradas y una preocupación creciente a pocos meses del inicio del verano 2014/2015— hoy se presenta, según datos oficiales y judiciales, como una problemática contenida, aunque no erradicada, sostenida por un esquema de intervención temprana, seguimiento judicial y control territorial permanente.
El trasfondo, sin embargo, sigue siendo el mismo: el crecimiento acelerado del distrito, la presión sobre el suelo urbano y la precariedad habitacional asociada a la estacionalidad laboral.
En 2014, vecinos y autoridades advertían sobre el aumento de asentamientos irregulares, especialmente en Ostende, cerca de la Ruta 11. Se hablaba entonces de unas 600 personas viviendo en tomas de tierras, construcciones abandonadas o en situación de calle. Sectores como La Palangana, lindero a la sede de la UADE, o el llamado “barrio de los paraguayos”, condensaban una postal que combinaba casillas precarias, infraestructura deficiente y conflictos recurrentes.
Pinamar tenía, según el Censo 2010, 25.728 habitantes. Hoy, con más de 40.000 residentes oficiales y proyecciones que superan los 50.000 en 2026, la expansión urbana profundizó tensiones históricas sobre el acceso a la vivienda y el uso del suelo.
Ese crecimiento demográfico fue acompañado por un aumento del empleo temporario ligado al turismo, que cada verano atrae a miles de trabajadores sin una solución habitacional estable. Ese desfasaje estructural sigue siendo uno de los principales factores de riesgo para la ocupación irregular de terrenos, tanto públicos como privados.
Desde el municipio aseguran que el punto de inflexión se dio a partir de 2015, cuando comenzó a sistematizarse un procedimiento de actuación frente a las usurpaciones. Fabián Rivero, director de Vivienda y Hábitat, explicó a LA NACION que el esquema se apoya en la detección temprana y la articulación entre áreas. “Tenemos un procedimiento que tratamos de implementar a partir del año 2015, cuando fue la primera gestión de Martín Yeza, y que se fue profundizando con Juan Ibarguren”, señaló.
El primer eslabón, sostuvo, suele ser el vecino: “Ojos en Alerta es el primer nexo para que denuncien cualquier movimiento raro. A partir de ahí se activa un protocolo”.
Ese protocolo incluye la identificación de las personas que ocupan el predio, la intervención policial y el contacto con los titulares registrales. En terrenos municipales, el margen de acción es más amplio: si la ocupación es incipiente y no hay personas viviendo, el municipio puede retirar las construcciones precarias y restituir el lote a su estado original. En propiedades privadas, en cambio, el procedimiento depende de la denuncia del dueño y del avance judicial. “Ahí tenemos nuestras limitaciones. Acompañamos al titular en la denuncia y en todo el proceso hasta, si se dan las condiciones, llegar a la demolición y la restitución de la posesión”, explicó Rivero.
La diferencia entre un intento aislado y un asentamiento consolidado suele medirse en horas. Sebastián Berardone, secretario de Seguridad, remarcó ante este medio que la mayoría de los casos se detectan los domingos por la tarde. “Ellos creen que ese horario es más relajado, que hay menos circulación. El primer indicio suele ser cuando empiezan a clavar un mástil o a alambrar. Ahí nos llega la alerta y tardamos dos minutos y medio en llegar. Si cortás el problema en ese momento, no escala”, afirmó.
El seguimiento posterior es clave. Hasta que la fiscalía dicta una orden de desalojo, Seguridad, Vivienda y Hábitat mantienen presencia en el lugar para impedir que ingresen más personas o que continúen construcciones no habilitadas. Según Berardone, cuando ese control falla, el escenario se complica: “Empieza a llegar más gente, se generan hechos delictivos alrededor y después el desalojo es mucho más conflictivo”.
El rol de la Justicia aparece como un eje central en la estrategia. Martín Rapallino, ex asesor letrado del municipio y actual concejal, recordó a LA NACION que en 2016 se creó una fiscalía especializada —hoy Fiscalía N°5 de Dolores— a partir de un acuerdo entre el municipio, la Procuración de la Corte y la Fiscalía General. “Veníamos de un incremento fuerte de este tipo de delitos y de una causa muy grande por asociación ilícita agravada”, explicó.
Esa investigación reveló un entramado que incluía estafas procesales, ventas sin título y maniobras de usucapión fraudulentas. “Había abogados, intermediarios y personas vinculadas al registro de la propiedad. Mucha gente fue estafada en su buena fe”, señaló.
Ese antecedente marcó un antes y un después. La fiscalía especializada permitió acelerar investigaciones y coordinar acciones con el municipio. Rapallino subrayó que, en bienes del dominio municipal, el Estado tiene legitimación activa inmediata, mientras que en el ámbito privado la clave es la denuncia temprana del propietario. También destacó la intervención de Obras Particulares, ya que muchas ocupaciones incluyen construcciones precarias sin servicios habilitados, con riesgo de derrumbe o electrocución.
Ostende sigue siendo el principal foco de atención. Rivero explicó a este medio que la historia dominial del lugar genera zonas de incertidumbre. “Fue la primera localidad del partido. Hubo pocas empresas que manejaron grandes extensiones y después desaparecieron. Todo tiene dueño, pero muchas veces no se hace responsable”, señaló.
Para reducir ese margen, en 2022 se aprobó una ordenanza que exige autorización del titular para limpiar o alambrar un lote. “Antes cualquiera podía hacerlo y después alegar posesión. Eso nos dejaba sin herramientas”, explicó.
El abordaje incorpora también una dimensión social. Cuando hay personas viviendo en el lugar, intervienen Desarrollo Social y el Servicio Local, especialmente si hay menores. En muchos casos, según relatan las autoridades, se detecta que los ocupantes llegaron recientemente al distrito, atraídos por la temporada. Rapallino mencionó incluso situaciones en las que colectivos provenientes de otras provincias arribaban a Pinamar como “tours de trabajo”.
“Cuando la temporada termina y la actividad cae, quedan fuera del sistema. Algunos prueban suerte ocupando un lote”, describió.
Berardone agregó que, una vez iniciada la causa penal por usurpación, las personas quedan registradas. “Es un delito del Código Penal. Si reinciden, ya tenemos nombre, apellido y causa. Ahí quedan detenidos por ser recurrentes”, explicó a LA NACION. En casos de personas de otras provincias, el municipio articula el regreso a su lugar de origen.
Desde el Ejecutivo local, el intendente Juan Ibarguren planteó ante este medio que la política no apunta a la persecución, sino al cumplimiento de la ley. “El espacio público y la propiedad privada se tienen que cuidar y respetar. No permitir usurpaciones es una forma de cuidar la convivencia”, afirmó.
También vinculó el fenómeno con la inseguridad y la falta de previsibilidad urbana. “Cuando se ocupa un terreno o un bosque, se genera desorden y se perjudica a quienes cumplen”, sostuvo.
Los números oficiales indican una baja sostenida de los casos. Según Seguridad, en 2025 se registraron apenas dos o tres episodios, concentrados hacia el final del año. La explicación que ofrecen es que la respuesta rápida desalienta el intento. A diferencia de 2014, cuando los asentamientos crecían y se consolidaban, hoy la mayoría de las ocupaciones se desarticulan en etapas iniciales.
El protocolo vigente establece una secuencia precisa: recepción de la denuncia, constatación, intervención policial, aviso a la fiscalía, seguimiento conjunto y, una vez dictada la orden judicial, la conformación de una comisión antiusurpación integrada por Vivienda y Hábitat, Defensa Civil, Desarrollo Social, Servicio Local, Servicios Urbanos, Policía y la fiscalía interviniente. Tras el desalojo, se labran informes y se restituye el predio.
A más de diez años de aquellas advertencias previas al verano 2014/2015, el escenario es distinto, aunque el problema de fondo persiste. En un distrito atravesado por el crecimiento demográfico, la estacionalidad laboral y la desigualdad en el acceso a la vivienda, las usurpaciones siguen funcionando como un indicador de tensiones estructurales. La diferencia, coinciden incluso voces críticas, es que hoy el conflicto encuentra un Estado local que interviene antes de que la ocupación se transforme en asentamiento.
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