El “elefante blanco” de Escobar: piden demoler un edificio abandonado desde 2015 en plena obra y con riesgo estructural

“Hay un pozo gigante con agua. Eso está arruinando los cimientos. Este edificio se puede caer en cualquier momento”, dice Roberto, encargado de una veterinaria ubicada sobre la avenida San Martín 565, en Belén de Escobar. Habla parado en la vereda de su local, con la vista fija hacia la estructura de hormigón que tiene enfrente. Desde ahí se ve la torre inconclusa, con sus pisos abiertos, columnas expuestas y una grúa detenida a un costado. En la base, el agua acumulada ocupa buena parte del predio y refleja la mole gris que, desde hace años, forma parte del paisaje cotidiano del barrio.

La escena se repite todos los días. Comercios abiertos, tránsito constante y, en el centro de esa dinámica, un edificio de 14 pisos que nunca se terminó. Se trata del proyecto inmobiliario Floreal del Sol, una obra iniciada en 2011 y paralizada definitivamente en 2015, que hoy vuelve a quedar en el centro de la agenda pública tras un pedido formal de la Municipalidad de Escobar ante la Justicia para su demolición total.

Desde la Intendencia, en diálogo con LA NACION, señalaron que, tras agotar la instancia administrativa y realizar diversas presentaciones escritas y presenciales ante el Juzgado Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires –donde desde hace más de diez años tramita la causa penal por la presunta estafa– se inició una acción en el fuero civil del Departamento Judicial Zárate-Campana ante el posible riesgo que podría presentar el edificio. El expediente quedó radicado en el Juzgado Civil y Comercial N°4 de Zárate bajo la carátula “Municipalidad de Escobar c/ Doro Florida SA s/ acción preventiva-daños (625)”.

Precisaron que la acción está dirigida contra Doro Florida SA, sociedad titular del inmueble y vinculada con uno de los imputados en la causa penal. Según indicaron a este medio, el terreno nunca estuvo registrado como propiedad del fideicomiso Floreal del Sol ni de ninguna de las otras empresas implicadas en el proyecto. Asimismo, detallaron que, ante la actividad administrativa y judicial de la Intendencia, la firma presentó tanto en la comuna como en el juzgado civil una propuesta de “plan de reactivación” del edificio, en la que solicitó autorización para –aun encontrándose embargada e inhibida– buscar inversiones que le permitan cumplir con las obras esenciales y urgentes que le fueron intimadas.

Mitigar riesgos

Desde la municipalidad indicaron que su intervención no contempla evaluar planes de reactivación o esquemas de inversión, sino que se centra en la evaluación y mitigación de los posibles riesgos del lugar. En ese sentido, informaron que se incorporaron al expediente informes técnicos elaborados por la Secretaría de Planificación e Infraestructura, en los que se detallan las acciones consideradas más urgentes y en el que uno de los ingenieros intervinientes recomienda la demolición de la estructura.

En relación con el estado del edificio, señalaron que existen informes tanto de esa área municipal como de peritos que intervinieron en la causa penal, los que respaldan el diagnóstico actual. Indicaron que se trata de una estructura de hormigón incompleta, tanto en la torre como en los muros de contención, que permanece a la intemperie y sin tratamiento ni protección.

A lo largo de los años, se solicitaron estudios de estabilidad estructural sobre los distintos componentes de la obra, en particular aquellos expuestos al contacto con el agua y a acciones externas, factores que podrían generar efectos nocivos y posibles debilitamientos. En función de esos antecedentes, afirmaron que se presume la existencia de riesgos asociados a eventuales fallas estructurales.

En cuanto a las medidas preventivas, explicaron que años atrás la municipalidad trabajó en el cercado del predio para evitar intrusiones, además de realizar tareas de desmalezamiento y la colocación de cintas de peligro y carteles que advierten que se trata de un terreno afectado por una medida cautelar judicial. Actualmente, aclararon, no se registra intervención directa sobre el predio, dado que se trata de un inmueble privado alcanzado por decisiones judiciales.

Respecto del eventual destino del terreno en caso de avanzar la demolición, indicaron que no corresponde a la Intendencia evaluar usos futuros, ya que el inmueble se encuentra embargado y con expectativa de cobro por parte de múltiples acreedores. En relación con los más de 240 damnificados por la causa, señalaron que se aportó toda la documentación e informes requeridos y que distintos funcionarios declararon ante el juzgado interviniente, contribuyendo con las pruebas solicitadas. También precisaron que son pocos los damnificados que pertenecen a Escobar o a la zona norte bonaerense.

“De un día para otro ya no vinieron”

Mientras el expediente avanza en la Justicia, la situación del edificio continúa formando parte de la vida cotidiana del barrio. Vecinos y comerciantes de la zona señalan que las medidas preventivas adoptadas con el paso del tiempo no siempre resultan suficientes. María Castillo, encargada de una verdulería ubicada frente a la estructura, describió a LA NACION cómo fue el momento en que la obra se interrumpió: “Eso estaba siendo construido y después, de un día para el otro, los trabajadores ya no vinieron. De golpe dejó de haber movimiento”, recordó.

Según cuenta, en un primer momento el proyecto generaba expectativas en la zona. “Decíamos que iba a traer más gente para los negocios, pero cuando quedó así empezaron los problemas”, afirma. Con el paso del tiempo, las denuncias comenzaron a multiplicarse.

“Se mete mucha gente. Hace dos semanas, por el costado de la calle Tacuarí se metieron un grupo de chicos. No sé si viven ahí o se meten, pero apenas entrás hay un pozo”, explica. También señala que, en distintas ocasiones, personas ingresaban al predio para retirar materiales que habían quedado abandonados.

Castillo menciona además las consecuencias que podría haber tenido una de las últimas tormentas fuertes en la zona. “Hay muchas maderas. Con el viento se podrían haber volado para todos lados. Por suerte no pasó nada, pero es un peligro para todos los que estamos acá”, sostiene.

Los vecinos, según relata, mantuvieron reuniones para pedir medidas de seguridad. “Nos dijeron que no podían hacer nada porque está judicializado. Solo pueden verlo desde afuera”, explica. El deterioro del alambrado perimetral con el paso del tiempo también forma parte de las preocupaciones que mencionan quienes viven y trabajan en la zona.

Desde su local, Roberto, el encargado de la veterinaria, suma otros elementos a las preocupaciones que genera la estructura. Señala la acumulación de agua en el predio como uno de los principales problemas: “Hay un pozo gigante con agua. Hay como diez metros más para abajo y eso está arruinando los cimientos”, afirma a este medio. En esa línea, advierte sobre el posible impacto de una falla estructural: “Si se cae para el lado de la avenida San Martín, puede pasar por arriba de los negocios”, sostiene.

También vincula el estado actual del edificio con el origen del proyecto y su desarrollo interrumpido. “Esto era una obra que no iba a poder hacerse. Para lo que querían hacer, en esta zona no cuadra”, dice. Según su relato, durante la construcción hubo reiteradas clausuras. “La municipalidad lo clausuró muchas veces, pero rompían las fajas y seguían trabajando”, recuerda.

Roberto menciona además que el proyecto contemplaba varias torres y que incluso se llegó a iniciar otro pozo en el predio. “Decían que iban a ser varias torres, pero quedó todo así. Hay un segundo pozo que también quedó abandonado”, describe. En ese contexto, sostiene que el lugar continúa siendo un punto de ingreso frecuente. “Cada dos por tres se mete gente, siempre encuentran la forma de entrar”, afirma.

En relación con el expediente, señala que la definición depende de la Justicia. “Ahora estamos esperando que se resuelva. Esto está judicializado y por eso no pueden hacer nada”, concluye.

El proyecto Floreal del Sol fue presentado en 2010 como un desarrollo de gran escala que contemplaba la construcción de seis torres y un hotel internacional de la cadena Mantra con 168 habitaciones, además de servicios de alta gama. La propuesta incluía unidades residenciales, cocheras y espacios destinados a inversión con promesas de rentabilidad en moneda extranjera.

Sin embargo, las obras se paralizaron en 2015 y nunca se retomaron. Más de 240 inversores resultaron afectados por el emprendimiento, con aportes que, según estimaciones, alcanzaron los US$5.000.000. Las unidades se comercializaban con valores que iban desde cocheras de US$16.000 hasta unidades hoteleras por más de US$100.000.

Procesamiento y embargo

En octubre de 2024, la Justicia dispuso el procesamiento y embargo de Daniel Oscar Fontanini, Carlos Alberto Pita y Emilia Mercedes Álvarez por presuntas maniobras defraudatorias. En el expediente penal constan testimonios de inversores que describen cómo tomaron conocimiento del proyecto, las instancias de comercialización y las dificultades posteriores para obtener respuestas.

LA NACION intentó contactar a los tres por vía telefónica, pero no respondieron. En tanto, la persona que atendió la llamada a Doro Florida SA solicitó enviar la consulta por correo electrónico, pero tampoco hubo respuesta por ese medio.

“A Fontanini lo conocí personalmente en reuniones donde presentaban el fideicomiso; después de eso no tuve más contacto”, declaró uno de los inversores, quien explicó que llegó al emprendimiento tras verlo publicado y asistir a una charla en un hotel del microcentro. “Ese mismo día fuimos a Escobar a ver el lugar y abonamos una seña”, agregó. Según su relato, firmó un contrato por una cochera que terminó de pagar en cuotas adelantadas, pero con el tiempo comenzaron los inconvenientes: “Iba a reclamar a las oficinas y siempre me decían que había problemas con el terreno o con la aprobación municipal. Las asambleas que prometían nunca se hacían”.

Otro damnificado describió un recorrido similar: “Me invitaron a una degustación de vinos donde presentaban el proyecto, después fui a ver la obra y había gente trabajando, eso me dio confianza para invertir”. Sin embargo, también señaló irregularidades en el momento de la operación: “Me pidieron que pagara una parte por fuera del contrato para que el precio final fuera menor”, afirmó, y recordó que incluso antes de firmar recibió advertencias. “Me llegó un mail de un exempleado que decía que era una estafa. Después empezamos a contactarnos entre inversores”, indicó. En su declaración también mencionó que en reuniones posteriores “había guardaespaldas y maltratos”, algo que, según dijo, le resultó llamativo.

En la misma línea, otra inversora relató que conoció el fideicomiso a través de una presentación y que firmó el contrato tras una reunión con vendedores. “Nos decían que íbamos a tener una rentabilidad mensual cuando termináramos de pagar”, sostuvo, y detalló que abonó parte del monto en efectivo y el resto en cuotas ajustadas por el índice de la construcción.

“Después la comunicación era solo por mail y cada vez más limitada”, agregó. En conjunto, los testimonios describen un esquema de comercialización basado en eventos, presentaciones y promesas de inversión, seguido por demoras, falta de información y reclamos reiterados que, según los declarantes, no obtenían respuesta.

Mientras tanto, la torre sigue en pie. Desde la vereda, los pisos abiertos permiten ver el interior vacío, las losas sin terminar y los materiales que quedaron expuestos al paso del tiempo. En la base, el agua permanece inmóvil y la grúa continúa detenida en la misma posición.

Por Camila Súnico Ainchil

• Escobar

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