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El Gobierno negó vínculos con Forza, pero admitió que recibió sus aportes
La oposición reclamó que se investigue la donación para la campaña presidencial
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LA NACIONÁngeles Castro
Mientras la oposición política reclamó ayer explicaciones al kirchnerismo sobre por qué recibió durante la última campaña electoral aportes de supuestas mafias y anticipó que recurrirá a la Justicia, el Gobierno negó ayer tener vínculos con una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, Sebastián Forza, pese a que el empresario había donado $200.000 a la campaña de Cristina Kirchner.
Sucedió luego de un par de jornadas cargadas de versiones sobre los supuestos lazos existentes entre funcionarios nacionales y Forza, que enfrentaba 13 causas por presunta comercialización de medicamentos adulterados con su distribuidora de medicamentos Seacamp. Fue Héctor Capaccioli, superintendente de Servicios de Salud y cuyo nombre circulaba como probable contacto de Forza en el Gobierno, el encargado de aclarar la cuestión. "Efectivamente, Seacamp fue aportante de la campaña. Donó $ 200.000 en cuatro cheques de $ 50.000 cada uno. Pero yo a él no lo conocía, nunca lo traté. No recuerdo que hayamos coincidido en alguna reunión", explicó a LA NACION.
Desde la Coalición Cívica, el diputados nacional Fernando Sánchez y su par provincial, y presidente de la Mesa Nacional de Drogas del espacio, Sebastián Cinquerrui, anticiparon que le pedirán a la justicia electoral que "investigue si existió algún tipo de metodología recurrente en la conformación de la recaudación de fondos de campaña para Cristina Kirchner" y sostuvieron que "también habría que indagar otro dato curioso: el 22,6% de los aportes recibidos para la campaña de la Presidenta provienen de farmacias y salud".
En ese sentido, Capaccioli admitió que, durante la campaña, y como responsable de la junta promotora del Frente para la Victoria, mantuvo varias reuniones con otras empresas del sector de la salud, a las que frecuenta habitualmente por el cargo que ocupa. "A Forza yo no lo trataba. Es más, él había reservado una mesa para 10 personas en la cena de presentación de los candidatos del frente en la Capital, que se realizó en el hotel Sheraton durante la campaña y a la que asistieron Cristina Kirchner y Julio Cobos. Pero no asistió. Ni siquiera coincidimos ahí", dijo.
Capaccioli también destacó que los cheques tenían fondos y que el dinero ingresó efectivamente en la cuenta corriente del partido, la N° 52709/93 del Banco Nación. Según pudo saber LA NACION de otras fuentes que trabajaron en la campaña, los cheques pertenecían al Banco Industrial y llevaban los números 05371377, 05371378, 05371379 y 05371380.
"Las redes mafiosas financian las campañas del oficialismo. Nuestra sospecha más firme es que hubo aportes a cambio de negocios. Capaccioli es un personaje clave que tiene que dar explicaciones", arremetió el diputado Fernando Sánchez.
Consultado sobre por qué se aceptaron fondos de una empresa en concurso de acreedores y denunciada reiteradamente por el Ministerio de Salud por presunta comercialización de medicamentos adulterados, el funcionario señaló: "Chequeamos que no tuviera inhibiciones y que no fuera concesionaria de obras y servicios públicos. Seacamp no lo era y tampoco era proveedora del Estado. Las denuncias las desconocíamos".
Capaccioli expresó que tampoco tenía vínculos con Forza a raíz de la relación que ambos mantuvieron con el Hospital Francés. "Forza fue proveedor del Francés antes de la estatización e incluso antes de la intervención judicial", aseguró.
Fuentes del Ministerio de Salud confirmaron ayer que Forza proveía drogas hemofílicas y para el sida al Francés. En ese contexto, dijeron, ocurrieron dos cosas: por un lado, hubo denuncias de beneficiarios porque les habían querido cobrar esos medicamentos, que son de entrega gratuita; por el otro, el hospital terminó debiéndole a Forza 1.744.149,09 pesos, deuda que forma parte del concurso de acreedores.
También ayer, después de que un periodista, Cristian Sanz, reprodujera una grabación en la que Forza admitía su participación en un negocio de venta ilegal de medicamentos falsificados junto con Rubén Romano (ver aparte), la ministra de Salud, Graciela Ocaña, recordó que, durante su paso por el PAMI, denunció a Romano por intentar "perpetrar una estafa al PAMI por tres millones de pesos en la provisión de un medicamento muy caro contra la hemofilia".
