El gobierno porteño no autorizará por el momento nuevas fiestas electrónicas

Mientras Adrián Conci, presidente de Dell Producciones SA y organizador de la Time Warp, actualmente prófugo, apostará hoy la última ficha para evitar convertirse en el primer detenido por las muertes en la fiesta electrónica de Costa Salguero, el fiscal federal Federico Delgado suma sospechosos y ya pidió nuevas indagatorias. Entre ellas, las de los tres integrantes de la Prefectura que realizaron tareas adicionales durante la rave y que no hicieron nada ante las evidencias de venta de drogas. El gobierno porteño también reaccionó ayer a la tragedia: momentáneamente no autorizará nuevos eventos del mismo tipo. Incluso, ya fue suspendida la presentación del DJ Dash Berlin prevista para el sábado próximo en Punta Carrasco.

A los prefectos, que ayer fueron puestos en disponibilidad preventiva por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el fiscal los acusa de haber actuado "en connivencia o coordinación" con la seguridad privada del evento a fin de facilitar o no entorpecer el consumo indiscriminado de drogas sintéticas, que culminó con la muerte de cinco jóvenes y otros tres internados en estado crítico. Fuentes de la investigación confiaron a LA NACION que existen mensajes de texto que prueban que los prefectos sabían que se habían requisado drogas y, sin embargo, no intervinieron.

Además, Delgado requirió al juez federal Sebastián Casanello que cite como imputados al titular de la concesión de Costa Salguero, Néstor Bogado; al apoderado de Dell Producciones, Maximiliano Ávila; a Ezequiel Venturino, responsable de la empresa de seguridad privada Siseg, y a varios funcionarios de la Dirección de Fiscalización y Control del gobierno porteño que firmaron el acta de apertura previa del evento, al considerar que intervinieron en la "cadena de complicidades" y "participaron en el «armado» de las condiciones que hicieron posible la tragedia".

En tanto, fuentes oficiales de la Ciudad revelaron ayer que "hasta nuevo aviso no volverán a autorizarse más fiestas electrónicas". Agregaron que tras una comunicación con los organizadores del evento más inminente en el Mandarine Park de Punta Carrasco, éste fue suspendido. LA NACION tuvo acceso a la nota enviada en ese sentido por Carlos Daniel Rossi, que se identifica como apoderado de Punta Carrasco SA, a la Agencia Gubernamental de Control porteña.

En tanto, hoy el abogado de Conci, Fernando Burlando, apelará la negativa de eximición de prisión dictada ayer por Casanello.

Sobre los prefectos Alberto Gabriel Pandiani, Adrián Álvarez e Ivana Gómez, tres de los que dieron el servicio de policía adicional en la fiesta, y Carlos Garat, responsable del dispositivo de evacuación del lugar y eventual nexo con la vigilancia privada contratada por la organización, pesa la acusación más grave hasta el momento. El fiscal Delgado tomó nota de que a partir de las 3 -horas antes del desenlace fatal- un vigilador identificado como "el Chino" le entregó al prefecto Pandiani (que supervisaba a otros 19 efectivos en el lugar) una bolsa con estupefacientes que habían sido incautados en requisas a varios de los asistentes a la rave.

Pero, a pesar de eso, y de la posterior muerte de los jóvenes que habían consumido las pastillas Superman, los agentes federales que estaban en la Time Warp no dieron aviso a la Justicia. Recién a las 18 del sábado, la Policía Federal abrió la bolsa que le habían entregado a la mañana los prefectos y advirtieron que contenía "gran cantidad de sustancias, pastillas de todo tipo, frascos de color ámbar y cigarrillos de marihuana".

Los prefectos, como agentes de aplicación de la ley, estaban obligados a intervenir de oficio ante la incautación de la droga y no lo hicieron. Al respecto, fuentes del gobierno confiaron a LA NACION que se abrió un sumario interno para evaluar a actuación de los prefectos en el perímetro exterior (donde tenían intervención primaria) y ante la evidencia de que había drogas dentro de la fiesta.

Este punto alimenta una polémica abierta entre Sebastián Casanello y la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Ayer, el juez federal refutó el contenido de un oficio que le había remitido el subsecretario de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, Guillermo Soares Gache. En él constaban las afirmaciones del prefecto Rubén Eduardo Farrus y el subprefecto Meraldo Verón, del Departamento de Investigaciones del Narcotráfico de la Prefectura, que sostenían que antes de la Time Warp los secretarios del juzgado Gustavo Javier Russo y Martín Smietniansky les habrían "recomendado no molestar a los chicos que iban a divertirse" a la fiesta.

Russo afirmó que jamás los recibió. Y Smietniansky sostuvo que dos prefectos que no se identificaron se presentaron en la mesa de entradas del juzgado para informar que en el predio de la Costanera se celebraría una fiesta electrónica, y que les hizo saber que "ante la detección de conductas en infracción a la ley de estupefacientes debían realizar la inmediata consulta al teléfono celular de turno", que él tendría consigo.

Anoche, según informó la agencia DPA, la empresa alemana cosmopop GmbH, licenciataria del festival Time Warp, anunció que podría iniciar acciones legales contra el organizador de la edición argentina, Dell Producciones.

Por Fernando Rodríguez y Ángeles Castro

• Tragedia en una fiesta electrónica

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