El Indio Solari le respondió a la abogada de la familia de Walter Bulacio

El Indio Solari, líder del conjunto Patricio Rey y sus redonditos de Ricota, respondió a las críticas de la abogada de la madre de Walter Bulacio, el joven de 17 años que murió en 1991 tras ser apresado y alojado en una comisaría, antes de entrar a un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La letrada, en diálogo con LA NACION , cuestionó al músico, a quien acusó de no haber ayudado a la familia de la víctima e incluso, de haber "pateado en contra". "Cuando vos salís a decir, desde el lugar de prestigio e importancia para la juventud que tiene el Indio, 'cada cual se cuida su propio culito', o 'se murió un redondo, cuál es' [...] todo eso es un clarísimo mensaje de desmovilización [...]. Ellos tiraron en contra, es claro", dijo María del Carmen Verdú.

La entrevista completa a María del Carmen Verdú, que provocó la respuesta del Indio

El músico le respondió en un texto escrito en primera persona, a través de un post en el blog Redonditos de abajo. "Mientras muchos lo recuerdan recién durante estos días, una foto de Walter junto a la palabra JUSTICIA sigue estando en las pantallas de mis conciertos. 'Se murió un redondo, cuál es?'. Esto han puesto en mi boca y yo no puedo haber dicho eso nunca", expresó.

Y luego se refirió a los dichos de Verdú: "Jamás le sugerimos a la mamá de Walter que no televisara su dolor. Recupero el texto de lo expresado por nosotros en esos momentos, donde queda claro que nos referimos a nuestra manera de ver la circunstancia social en que sucedió el crimen y el aprovechamiento de varios " notables " demagogos a los que la muerte de Walter les importaba poco y nada. Es probable que de haber concurrido hubiéramos compartido la primera fila codo a codo con personajes como Varela Cid, por ejemplo, (hoy un desconocido para los jóvenes) al mismo tiempo que los cronistas nos vaciaban de nuestra genuina tristeza mientras firmábamos autógrafos".

El pasado 24 de septiembre, un tribunal oral porteño comenzará a juzgar al ex comisario Miguel Angel Espósito por la detención ilegal de Bulacio.

A poco más de 22 años del hecho, el ex policía es acusado de un delito menor, "privación ilegal de la libertad", que tiene como pena máxima seis años de prisión, ya que nunca se le imputaron las "torturas seguidas de muerte" que para la familia sufrió el muchacho, por entonces de 17 años.

El caso

Los hechos ocurrieron el 19 de abril de 1991 en inmediaciones del Estadio Obras Sanitarias, de Núñez, donde se iba a desarrollar un recital de Los Redonditos de Ricota, y centenares de personas que se dirigían al estadio fueron detenidas por la policía, entre ellas, Bulacio.

Quienes detuvieron al joven en su momento invocaron el "Memorando 40", una disposición pergeñada por dos magistrados correccionales en 1967 que autorizaba a los comisarios a no dar intervención a la Justicia por la detención de un menor de edad (siempre que no fuera por un delito), cuando el propósito era entregárselo a los padres.

Según constancias de las actuaciones, Bulacio murió como consecuencia de un "aneurisma no traumático" tras ser alojado en la comisaría 35, pero Espósito sólo fue procesado por su detención ilegal y nunca por "torturas seguidas de muerte".

UN CRIMEN DE ESTADO

Tras años de presentaciones judiciales, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en septiembre de 2003 condenó al Estado argentino luego de que éste admitiera su responsabilidad por la violación al derecho a la vida y a la integridad física del adolescente.

En aquella oportunidad, la CIDH ordenó indemnizar a la familia de Bulacio y declaró que la causa es imprescriptible por tratarse de un crimen de Estado con iguales características que los de lesa humanidad.

Además, se pidió que en un lapso razonable se sancione a los responsables de la detención ilegal de Bulacio y se investigue la conducta de todos los jueces "responsables de la gravísima situación de impunidad".

En septiembre de 2008, Espósito fue despedido de la Policía Federal y tres meses después solicitó la colaboración del Consejo de la Magistratura para realizar un "exhaustivo" estudio sobre la conducta de los cuatro jueces que intervinieron en la causa: Víctor Pettigiani, Alicia Iermini, Facundo Cubas y María Cecilia Maiza.