El sitio Taringa! superó una dura prueba judicial

La sangre digital no llegó al río, al río de Internet. El sitio Taringa! y la Cámara Argentina del Libro (CAL) llegaron a un acuerdo que establece mecanismos de protección de los derechos de propiedad intelectual a cambio de que los editores desistan de una demanda judicial por la cual los propietarios del sitio fueron procesados en octubre del año pasado.

El convenio que firmarán hoy ambas partes apunta hacia un modelo de circulación de obras protegidas en el entorno digital que permite la confluencia de los intereses de los titulares de los derechos y los desarrolladores de sitios en la Web.

Taringa! facilitará a la CAL una herramienta para que ellos mismos desactiven enlaces subidos al sitio que consideren lesivos de los derechos de autor. Al mismo tiempo, la entidad de editores se comprometió a liberar para su publicación en Internet obras que ya no requieran del pago de derechos, así como libros de autores o editoriales pequeñas para los cuales la Web es un medio de difusión y de publicación en sí mismo. Y, además, según aclararon en la CAL, no se avanzará con la demanda que era una especie de espada de Damocles sobre el sitio desarrollado por tres veinteañeros argentinos que tiene más de tres millones de usuarios. Esta era, hasta hoy, la prueba judicial más importante para los propietarios de este sitio, que, de todas maneras, enfrenta otras demandas.

Aunque parezca ínfimo, el convenio representa un antecedente importante en medio del conflicto a nivel mundial entre las grandes compañías editoras de música, películas y libros y los sitios en Internet, que, en los últimos meses, desencadenó el cierre de Megaupload y, en la Argentina, la presentación de una denuncia importante contra el sitio para ver películas Cuevana.

El acuerdo llega justo a tiempo. En octubre del año pasado, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional había confirmado el procesamiento de los jóvenes responsables de Taringa!, Alberto Nakayama, Matías y Hernán Botbol por haber incurrido en delitos que atentan contra la ley 11.723 de propiedad intelectual. La denuncia había sido presentada por la Cámara del Libro y las editoriales Astrea, La Ley, Rubinzal y Asociados, Ediciones de la Flor SRL, Ediciones La Rocca SRL, Editorial Universidad SRL y Gradi SA.

Ahora, según informó la entidad que agrupa a unos 500 editores de libros y textos, se abandonará la demanda, aunque la Justicia deberá determinar si finalmente esta causa por un delito de acción pública termina archivándose. "La idea es avanzar en una instancia superadora y de colaboración, porque a diferencia de otras cámaras de la industria, nosotros no queremos que cierren el sitio; por eso a través de este acuerdo decidimos no judicializar más", señalaron ayer en la Cámara del Libro, donde hoy se firmará a las 14 el acuerdo con los responsables de Taringa!

Este sitio, uno de los más populares de la Argentina, ya había hecho movimientos para entablar una nueva relación con sus usuarios al lanzar Taringa Música, donde los autores suben sus propias obras para compartir. "El acuerdo marco alcanzado entre las partes constituye un hecho inédito en la industria editorial argentina, en el sector digital y en las redes sociales locales, y permitirá sentar las bases para futuros entendimientos entre los actores involucrados en referencia a publicaciones de dominio público, autores noveles y ediciones descatalogadas", consideró la Cámara.

La rebelión por los libros inundó la Red

Las nuevas trabas impuestas por el Gobierno a la importación de libros y revistas desataron ayer una auténtica rebelión en las redes sociales, que convirtieron la polémica en el tema del día en Internet. En la red Twitter, con el tópico #LiberenLosLibros , hubo miles de opiniones acerca de esta medida, tales como: "Estamos siendo gobernados por gente que prefiere liberar los goles a cambio de secuestrar los libros. #LiberenLosLibros ". La protesta virtual creció a partir de la exposición en radio del periodista y editor de la revista Orsai, Hernán Casciari, donde criticó la entrada en vigencia de una normativa que limita la importación de publicaciones, entre ellas, la suya.