El Tattersall podrá organizar fiestas

La jueza Elena Liberatori hizo lugar al amparo presentado por los representantes del Tattersall de Palermo y ordenó al gobierno porteño que lo considere dentro del rubro "casa de fiestas privadas" para permitir eventos de este tipo y sus actividades conexas, de manera de ponerlo en igualdad con otros establecimientos que funcionan dentro del parque Tres de Febrero.

Hasta ahora, por una medida precautoria anterior que dictó la jueza en el mismo expediente, los dueños del Tattersal deben pedir autorización para cada fiesta que organizan, "con los consecuentes trastornos que esto genera, ya que es una operatoria muy compleja", explicó el patrocinante de la sociedad, el abogado José Onaindia.

El Tattersall había sido clausurado en octubre de 2006 por el gobierno porteño, durante el mandato de Jorge Telerman, a raíz de una denuncia por falta de habilitación y por incompatibilidad de la actividad de fiestas en su emplazamiento, dentro de un distrito catalogado como "urbanización parque" y "área de protección histórica".

Luego, en marzo de 2007, el establecimiento fue cerrado al constatarse que había violación de la clausura impuesta oportunamente. Los dueños del Tattersall acudieron a la Justicia, mediante la interposición de un recurso de amparo.

En noviembre del 2007, Liberatori ya habilitó al predio a retomar las fiestas privadas, aunque, como se trataba de una medida precautoria, el Tattersall debía solicitar permiso para cada evento.

En ese momento, la jueza sostuvo que el gobierno porteño tenía la obligación de darle al local "la igualdad de trato que dispensa a los restantes establecimientos también situados en el parque Tres de Febrero y que vienen desarrollando pacíficamente esa actividad".

Con argumentos similares, hace una semana, a dos años de la medida precautoria, Liberatori dictó sentencia: "Volvió a considerar que mi cliente era discriminado. Hubo una acción sorpresiva del gobierno de Telerman, que la nueva autoridad [por Mauricio Macri] tampoco reparó", dijo Onaindia. Si no hay apelación, agregó, en cinco días queda consentida la sentencia y el local podrá reabrir.

El procurador general de la ciudad, Pablo Tonelli, señaló que la ciudad todavía no recibió notificación de la sentencia.

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