En prisión, toda enfermedad parece peor

De nada sirve abordar la problemática sanitaria en las cárceles argentinas si las partes involucradas no se sientan a conversar sobre el diagnóstico de la situación, las posibles soluciones, y a intercambiar ideas.

Eso es justamente lo que sucedió en el debate "La salud en las cárceles", organizado por la Fundación Ciudad y La Nación , donde especialistas del Servicio Penitenciario, voluntarias y asistentes sociales, médicos, abogados, psicólogos, representantes de Caritas y del Patronato de Liberados trataron el tema.

Entre las enfermedades que aquejan a los internos, las más preocupantes son las llamadas emergentes, las infectocontagiosas y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Tuberculosis, hepatitis, herpes y el HIV castigan a las poblaciones sobredimensionadas en los principales penales.

A la hermana María Thelma, coordinadora de equipos de voluntarias que van a la cárcel en la U2, la preocupan la contención emocional y espiritual de los internos y la falta de medios para mantener la higiene de los pabellones.

"A veces ni tienen lavandina para desinfectar los pisos", contó la religiosa.

Las carencias en higiene y salubridad, la superpoblación, la desigualdad en la asistencia médica y el maltrato integran la lista de puntos preocupantes que mencionó la doctora Norma Cadoppi, médica de la Fundación Siglo 21 y ministra de Salud del "gabinete en las sombras".

Nadie tuvo duda de que los ítem mencionados son un diagnóstico acertado sobre lo que ocurre en la gran mayoría de las cárceles de nuestro país.

Desde adentro

La licenciada Ana María Ramponi, del Patronato de Liberados, habló de la necesidad de un abordaje especial para quienes siguen con adicciones o tienen HIV y de que se les siga supervisando su tratamiento médico.

Juan José Alvarez Casado administra el hospital de la unidad 21, que está en el Muñiz, desde su creación, hace cinco años. Aseguró que lo más importante es "formar recursos humanos para potenciar la ayuda y la prevención".

Los cursos para formadores se aplican en su unidad desde hace tiempo, apuntan a multiplicarlos y a terminar tanto con la discriminación de los pacientes como de los profesionales que los atienden. "Alos médicos que atendemos sidóticos también nos miran raro", apuntó.

En ese punto coincidió la doctora Alicia Barrera, dermatóloga del Patronato de Liberados, quien exigió que en las prácticas médicas se respeten a rajatabla las medidas de bioseguridad (uso de guantes y barbijos). Opinó que hay falta de coordinación en el tratamiento de las enfermedades de los internos y mal uso de los recursos, sobre todo en cuanto a laboratorio y medicación.

"Es muy común que ellos no se acuerden si han sido medicados o con qué. Tampoco hay seguimiento de su estado, porque muchos entran y salen de distintas cárceles, son trasladados de una a otra e interrumpen los tratamientos al conseguir la libertad por falta de dinero y de cobertura de obra social".

Otra voz que se levanta intramuros, pero que pertenece al Servicio Penitenciario Federal, es la del prefecto Arnaldo Almeida, cuando admitió que hay presupuestos básicos, y se animó a contar que no cierran: "El año último el presupuesto para los gastos de elementos de higiene, para los 5800 presos que hay en el país, era de 35.000 pesos". El ex director del penal de Caseros es crítico del sistema de prisiones verticales, como la que le tocó dirigir. "No se puede seguir levantando el modelo de grandes centros para miles de internos. El ideal son estructuras horizontales, para no más de 250 personas", dijo Almeida.

Agregó que no sólo la limpieza preocupa, sino los problemas de infraestructura, como el funcionamiento de ascensores o la dieta de los internos. "Si hay que repartir la comida en dieciocho pisos, la calidad nunca va a ser buena."

Los panelistas se concentraron en las carencias que sufren los internos, en las que se pusieron de acuerdo en general, y discreparon en lo particular.

En boca de todos estuvieron las palabras hacinamiento, falta de higiene y mantenimiento de las instalaciones, riesgos de contraer infecciones y enfermedades de transmisión sexual, dificultades para la reinserción social del preso.

Las rejas no dividen, unen

"De un lado y del otro de las rejas los problemas son los mismos. Los celadores que los cuidan no están mucho mejor que los internos", aseguró María de la Concepción Villa, con 33 años de trabajo voluntario, integrante de Caritas.

El psicólogo epidemiólogo Mario Burgos, de la Red de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en el HIV/SIDA, manifestó que si bien llevan diez años trabajando con el tema en cuanto a asistencia y prevención, le preocupan la defensa de los derechos del infectado y que en los penales no permitan el trabajo de las ONG.

"Preocupan las dificultades que tienen para acceder al tratamiento y a mejores condiciones de vida. Preocupa que cuando queremos saber cómo están, no podemos entrar en las cárceles. Y la cárcel potencia las enfermedades."

El prefecto Almeida reconoció que, además de los temas de higiene y salud, no se hace prevención de enfermedades, es deficiente el tratamiento de los residuos y la desinfección y el lavado de la ropa.

La doctora Barrera, que trabaja en el hospital Muñiz tanto como en el Patronato de Liberados, es coordinadora de la reinserción. "Cuando salen se someten al abandono, porque descreen de los tests que les han hecho adentro, aunque estén en manos de laboratorios privados. Hay muchos infectados de HIV que llevan siete años con ese diagnóstico y sin tratamiento. No tienen planes de derivación ni tratamientos específicos preventivos."

Yacuñó una frase demoledora:"La política en salud carcelaria equivale a la política en Salud Pública. ¿Hay que preguntarse también a cuántos medicar, como sucede afuera?" Miguel Angel Parreño, director asistencial del SPF, planteó una interrupción en las comunicaciones que hace que no se conozcan los logros ni los esfuerzos de su área.

Ocuparse del que sufre

"Mientras todos siguen discutiendo y pensando en legislar, se siguen muriendo los enfermos de HIV. Nosotros seguimos trabajando en equipos multidisciplinarios que incluyen a sacerdotes y catequistas para abarcar la espiritualidad y procuramos que, ya que no tuvieron una vida digna, al menos puedan morir con dignidad." Son conceptos de la licenciada Nidia Nievas, psicóloga de la Unidad 21 del Muñiz.

"Muchos salen con problemas más serios de los que tenían al entrar: con SIDA, adicciones y alcoholismo", especificó Emilia Bouzón de Terzano, presidenta del Secretariado de Ayuda Cristiana a las Cárceles. Ellos trajinan por los pasillos ayudando con ropa, con trámites de internación, prótesis o audífonos.

"Trabajamos en una encuesta sobre discapacidad con la Dirección Nacional. Queremos solucionar esto de inmediato y suplir las carencias mediante un subsidio que pedimos, que sea equivalente al de por desempleo, de 150 pesos".

El doctor Alejandro Carrió, de la Cátedra de Derecho Penal en la UBA y presidente de la Asociación por los Derechos Civiles, cuestionó que no se respete la prerrogativa de los presos de ser tratados sin ser discriminados en cuanto a la provisión de tratamientos.

El virus del HIV avanza en todos los terrenos

Alarmante: el 90 % de los infectados proviene de países subdesarrollados; la Argentina ya ocupa el sexto lugar en el continente.

El programa de lucha contra el SIDA de las Naciones Unidas (Onusida) difundió cifras alarmantes sobre la estimación de personas infectadas con el virus del HIV:serían 25 millones de adultos y el 90% de ellos proviene de países subdesarrollados. De ese número, ya fallecieron cuatro millones y el 85 por ciento de éstos se contagiaron por medio de relaciones sexuales sin protección.

Del total de infectados, el 42% de los adultos son mujeres, cuya infección se declaró antes de los 35 años. Más del 90 por ciento de las muertes ocurridas fue antes de los 45 años.

La Argentina ocupa el sexto lugar en el continente en cuanto a casos acumulados, y se estima que hay entre 80.000 y 130.000 portadores, el 73% en la provincia de Buenos Aires.

Del informe se desprende que en América latina se concentran 13 millones de enfermos; Brasil y México son los países con mayor número de portadores, aunque Haití encabeza la lista de enfermos centro y sudamericanos.

Globalmente, la enfermedad aumentó el 70% entre 1987 y 1993. También en forma proporcional creció el contagio por la vía endovenosa, que trepó del 18 al 43,8 por ciento.

El alcaide Miguel Angel Matossian, jefe de la Oficina SIDA de la Unidad de Devoto, entiende que "el contagio es en el 90 por ciento de los casos por jeringa o promiscuidad sexual, divididos en el 50% de contagiados por inyectarse y el 40% restante por vía sexual. El 10% restante se da a través de una pareja infectada de HIV".

El prefecto Arnaldo Raúl Almeida, ex director de Caseros, justifica esos números, porque "es más común el contagio por jeringa que por transmisión sexual, debido a que, por su situación de aislamiento, el interno no sitúa al acto sexual como una de sus prioridades".

Uno de los procesados de la Unidad 1 de Devoto expresa que "el contagio es posible dentro de las unidades carcelarias. Una práctica común es compartir las hojas de afeitar".

Otro hábito que agrega un factor de riesgo es el tatuaje tumbero (hecho en la cárcel o tumba), que se dibuja con instrumentos precarios y nada esterilizados, como tenedores o bolígrafos con una aguja adosada e impulsado por un motor de radio.

Los doctores Julio Aparicio, secretario de Política Penitenciaria y de Readaptación Social, y Miguel Angel Parreño, coordinador médico de la U21 del hospital Muñiz, consideran que si bien generalmente el interno contrajo el virus afuera de la cárcel, es fácil el contagio de otras enfermedades infectocontagiosas, como la tuberculosis, la hepatitis B fulminante y el herpes muguet toxoplasmoso.

Prevenir o curar

La nueva ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, de julio de 1996, establece: "Cuando un interno ingresa por primera vez o reingresa en un establecimiento deberá ser revisado por un médico."

A la vez, el artículo 17 de la ley penitenciaria federal, de 1958, afirma que "las condiciones higiénicas del régimen penitenciario se ajustarán a los principios de la medicina preventiva".

A pesar de estas disposiciones, cuando un interno entra en una prisión no se le puede efectuar, por ejemplo, un estudio previo de HIV debido a una legislación vigente, basada en los principios establecidos por la Organización Mundial de la Salud, que prohíbe dicho análisis sin el consentimiento de las personas por considerarlo discriminatorio.

Respecto de esta ley existen varios puntos de vista. Al tiempo que los doctores Aparicio y Parreño apoyan esta disposición, el doctor Jorge Kent describe su posición en su libro "Derecho de la ejecución penal".

"Inexplicablemente, no existen normativas que obliguen a los internos a hacerse un estudio para la detección del virus dentro del penal. Esto hace que los casos se revelen cuando el síndrome promueve la aparición de otro mal. Al descubrirse la enfermedad, generalmente el enfermo se encuentra en estado terminal y ya es muy tarde", dice Kent.

Por eso, desde el punto de vista de la prevención sería ineludible un debate esclarecedor sobre la obligatoriedad o no del análisis del HIV.

Sin datos precisos

La falta de obligatoriedad de realizarse un test de HIV en los institutos penales impide conocer el número real de infectados. El doctor Lucio Aparicio afirma que en una encuesta hecha por los internos de la U2 de Devoto "surgió que el 7% tiene HIV". Una cifra semejante dio otra realizada en la U12 de Viedma, y el último estudio publicado por La Nación afirma que el 10,57% de los voluntarios que se presentaron a un examen en Caseros tiene HIV.

Para enfrentar el SIDA en las cárceles es necesario, además de ejercer la prevención, dar información, educación permanente a los infectados, a sus familias y al personal penitenciario.

La comunidad terapéutica y los talleres de reflexión son también métodos exitosos para abordar el problema, como la formación de grupos de apoyo del interno, tanto a aquellos en la etapa asintomática como a quienes están en el estado terminal.

La respuesta oficial ha sido la puesta en funcionamiento de la U21 en el hospital Muñiz, definida por Parreño como "un centro de tratamiento de enfermedades de alta complejidad para el tratamiento del HIV avanzado".

La prohibición de efectuar el test previo del HIV despertó dos posturas:los que están en favor entienden que éste interferiría en el desarrollo de una epidemia, ya que supone una asistencia médica inmediata y tratar de evitar conductas riesgosas.

Los que se oponen al análisis se basan en el artículo 19 de la Constitución Nacional ("nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda") y en que un solo testeo no es suficiente para saber la existencia de la enfermedad, sino que son necesarios por lo menos dos. Además, el aislamiento y la segregación no asegurarían un cambio en su conducta, concluyen quienes se oponen. {Firma} María Gowland
(Colaboraron Lidia Puga, Nora Falabella y Julián Sanz)

Mejor proponer que criticar

SIDA: no sólo la prevención es considerada la mejor arma para combatir el mal, sino también la responsabilidad que ejercen los medios.

Como la idea de la fundación es propender a la preservación y desarrollo de la calidad de vida, la educación y participación ciudadana, importan más las propuestas que las críticas al sistema que puedan surgir del debate.

María Gowland, coordinadora del panel y del área periodística de Fundación Ciudad, resaltó los resultados obtenidos durante la charla.

"Es importante pensar en la responsabilidad de los medios y de la sociedad en estos temas, que se informe también sobre lo bueno que se hace y priorizar tanto el diagnóstico como la solución", aseguró la licenciada Gowland, que propuso la votación de los participantes sobre si se debía considerar la obligatoriedad del test del HIV.

La idea era votar por sí o por no, sabiendo que la ley nacional 23.798 impide que se obligue a alguien a hacer los análisis que determinan la presencia del HIV en sangre y también que se dé a conocer la conclusión.

El resultado fue de dos votos en favor (de Almeida y Terzano, del Servicio Penitenciario Federal y del Secretariado de Ayuda Cristiana a las Cárceles, respectivamente) y el resto en contra.

Gabriela Bulgarin, del equipo que dirige el doctor Daniel Stambulian: "Atender el problema de la salud en las cárceles es un beneficio para la sociedad, de la que forman parte los internos. Y prestar atención a la higiene, porque gracias a la amenaza del cólera hoy tienen agua potable. Deben tener lavandina para esterilizar el agua y también agujas y jeringas".

Parreño:"En febrero de 1997 se aprobó el programa penitenciario federal, que prevé la prevención y asistencia de los infectados (535 sobre 5800, según un informe) por un convenio firmado con Justicia y Salud. Igual hay que diferenciar a los presos del interior, que viven otra realidad, y crear centros de producción para que tengan recursos propios. Así, la relación entre presos y celadores es diferente."

Cadoppi:"No debemos pensar que la cárcel es un gueto, su población no es homogénea. Hay sanos y enfermos y hay que cuidar a ambos. La pena consiste en la pérdida de la libertad, no de la salud también. La sociedad debería garantizar protección al interno." Barreda: "Hemos hablado de temas que nunca se tocan. Prevenir el SIDA es cuidar la salud de todos y hay que articular bien los recursos, porque no sobran. Hay que universalizar las precauciones."

Burgos:"Educar para que usen preservativos es fundamental. Si no nos ponemos serios, en 50 años no habrá humanidad por la que preocuparse. Además, hay que saber cómo se distribuyen los fondos que tienen para las cárceles del Programa de Lucha contra el SIDA y del SPF. Para que los presos puedan creer en los análisis y los tratamientos deberían poder entrar las ONG."

Carrió:"Es necesario hablar de todos los temas y no que solamente emerja el tema de las cárceles porque hay motines. Los recursos estatales no alcanzan ni con la mejor voluntad, podría haber desgravación impositiva para quienes colaboren en lo privado. Debe haber transparencia en la administración, todos tenemos derecho a una rendición de cuentas."

Hermana Thelma:destacó la labor de los voluntarios, aunque muchos necesitan capacitación y otros se superponen en sus tareas, y respeta sus programas. "Yo no voy a decir si tienen que usar preservativos o no. Es una elección de vida", dijo, para sorpresa de muchos panelistas.

Concepción Villa: "Se necesita un centro informático donde centralizar los datos de los reclusos para optimizar los recursos y seguir su estado de salud. Y no se debe mezclar a los que se drogan con los que no. Los celadores a veces no diferencian entre una crisis por abstinencia de un caso de conducta revoltosa y los castigan." ;

Por Virginia Santana

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