Especialistas cuestionan el beneficio que tenía el acusado por el cuádruple crimen

El cuádruple crimen de Los Cardales y el hecho de que el principal acusado gozara de arresto domiciliario cuando ocurrió el episodio reactivaron el debate sobre el alcance y los criterios para otorgar ese beneficio.

En particular, las miradas se posaron sobre el juez de Garantías Nicolás Schiavo, que en julio del año pasado había permitido que Angel Antonio Fernández Rosales permaneciera preso en su domicilio "por no ser peligroso para la sociedad".

Fernández había sido condenado en 1987 a 25 años de cárcel por el delito de violación seguida de muerte y en 2002 obtuvo la libertad condicional. Pero en abril de 2007 fue detenido nuevamente por portación ilegal de arma de guerra.

Con diferencias sobre la responsabilidad que podría caberle al magistrado por su decisión, juristas consultados por lanacion.com evaluaron el caso.

Sin control. "El imputado tiene muchas cosas en contra, entre ellas, una condena previa por violación. Además, entre las condiciones de la libertad condicional, seguro no figura la de ir por la calle portando un arma de guerra. El beneficio no debió haberse concedido", evaluó el penalista Alejandro Carrió.

El abogado añadió que el sistema de pulseras, con el que debía estar controlado Fernández, "evidentemente funcionó mal" y evaluó que "eso es lo que ocurre cuando se adoptan sistemas de países con niveles de tecnología mayores a los de la Argentina".

Carrió planteó que en el caso hubo una "consecución de errores". "El primero fue conceder el beneficio, pero después falló el control que debió hacer el Servicio Penitenciario", puntualizó.

"Garantismo". Omar Breglia Arias, por su parte, opinó que la principal falla radica en el grado de "garantismo" que le atribuyó al actual código procesal penal.

"El garantismo de este código es exagerado y nocivo", señaló a este medio el abogado penalista. Sostuvo que la solución para evitar estos sistemas de salida radica en la construcción de más cárceles.

Sobre el juez Schiavo, opinó que no tiene la experiencia suficiente y destacó la complejidad del delito penal.

En este marco, se mostró de acuerdo con la iniciativa de enjuiciar al magistrado, aunque aclaró que el verdadero problema reside en que "el Código da pie para llegar a situaciones".

Sistema en crisis. Ricardo Monner Sans, en tanto, instó a "ampliar la mirada" sobre lo ocurrido y afirmó que delitos como el ocurrido la semana pasada "son el final de un cuadro que nace en las fallas del Código Penal".

"Más allá de si [a Fernández] le correspondía o no el derecho a la libertad vigilada, lo que muestra el episodio es la crisis que atraviesa a todo el sistema", opinó.

En la misma línea consideró "absolutamente injusto" analizar el caso "sólo en función de la conducta del juez" y pidió evaluar las "causas sociales" de los delitos.

"El delito es principalmente consecuencia y no causa. La crisis social tiene traducciones como ésta", advirtió. Añadió que "hay que lograr que las cárceles sean dignos hospitales de reestablecimiento" y no "verdaderas universidades del crimen", como describió a los centros de detención actuales.

El abogado coincidió con sus pares en que él no hubiera concedido el arresto domiciliario a Fernández, pero pidió analizar la actuación del juez "sin mandarlo a la hoguera". "Hay que investigar bien y revisar los motivos que tuvo para hacer lo que hizo y sancionarlo si corresponde", ahondó.

Por Lucrecia Bullrich

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