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Legisladores bonaerenses presentaron un proyecto de ley para que se declare la emergencia en salud mental por tres años en ese distrito frente a lo que definieron como un “tema olvidado” en todo el territorio provincial. Proponen tomar “medidas urgentes y excepcionales” tanto en salud como en educación para prevenir los suicidios y asegurar la atención necesaria de los problemas de salud mental y las adicciones, sobre todo en chicos y adolescentes. La muerte de un alumno esta semana en una escuela de San Cristóbal, en Santa Fe, aceleró la presentación.
“La declaración de emergencia propuesta no pretende sustituir el necesario debate sobre reformas estructurales del sistema de salud mental, sino establecer un marco excepcional de acción inmediata que permita fortalecer los dispositivos existentes y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de crisis”, señalaron los diputados provinciales Luciano Bugallo, Romina Braga y Andrés De Leo -todos de la Coalición Cívica- al fundamentar la iniciativa que ingresó este martes a la Legislatura bonaerense. “Como sociedad, estamos rotos”, expresó Bugallo en diálogo con LA NACION.
Al intentar poner el escenario en cifras, citaron para el distrito entre 1500 y 1700 suicidios por año, con intentos “que muchas veces no quedan registrados en los sistemas de información sanitaria” o un crecimiento de la ludopatía online, entre las adicciones, que del 9% en la población general pasaría al 16% entre los menores, además del consumo de sustancias. Bugallo también mencionó los problemas que desencadenan las deudas que contraen menores de edad que apuestan, el hostigamiento entre pares o bullying en las escuelas y los conflictos intrafamiliares asociados con los trastornos de salud mental y las adicciones sin posibilidad de que familiares o allegados tengan medios disponibles de intervención rápida en crisis.
Si bien proponen que la coordinación de las medidas a adoptar durante la emergencia la retenga el Ministerio de Salud provincial frente a “la profunda crisis que atraviesan los servicios de atención, prevención y tratamiento de los trastornos mentales y consumos problemáticos”, agregan que la cartera trabaje con la Dirección General de Cultura y Educación, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Ministerio de Seguridad, más los municipios.
Mientras dure la emergencia, las prioridades señaladas incluyen, por ejemplo, reforzar los servicios de salud mental en los hospitales provinciales y municipales, ampliar las guardias especializadas o incrementar la disponibilidad de camas para la internación psiquiátrica y de dispositivos intermedios.
Se habilita la contratación y el uso de incentivos para aumentar la cantidad de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros especializados y acompañantes terapéuticos, junto con la creación de equipos móviles de intervención inmediata en casos de crisis de salud mental (riesgo suicida, brotes o emergencias por adicciones) y una línea de atención telefónica las 24 horas con sistema de derivación tanto al sistema de salud público como privado. Se insta, a la vez, a crear un registro provincial de conductas suicidas para orientar epidemiológicamente la respuesta desde las áreas de Salud, en lo que se refiere a la intervención directa, y de Educación, en cuanto a la prevención y formación docente.
“Hay que trabajar fuertemente en salud mental porque nos puede tocar a cualquiera. Las medidas propuestas son concretar y no consideramos que demanden más recursos, sino una reasignación eficiente en los económico y profesional. En ciudades, localidades o pueblos, las preguntas son siempre las mismas: ¿dónde consulto?, ¿dónde se interna?, ¿a dónde llamar para pedir ayuda? –dijo Bugallo–. En San Cristóbal, donde lo ocurrido en un colegio con un menor de 15 años impactó tanto, hubo seguramente un montón de alarmas que sonaron mucho antes y hay testimonios locales que lo demuestran. Aún así, todas las instituciones e instancias que podían intervenir miraron para otro lado, incluido el Estado.”
El legislador insistió en que los casos son cada vez más cercanos en la población y no se está dando una respuesta eficiente. “El nivel de agresión es muy alto en las redes, la calle, los colegios, la política. Ante este escenario, no se puede seguir pasando por el costado. Es lamentable cada caso extremo que toman estado público, pero nos tienen que servir para que, definitivamente, tomar medidas para que no se repitan”, concluyó Bugalló.
