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El Gobierno defendió los cambios que propone a la ley de salud mental durante un congreso de la especialidad con más de 6000 profesionales, mientras el Senado designó las comisiones que abrirán el proyecto oficial a un debate más formal que el que ya empezó a darse en redes sociales.
La presentación de los puntos que promueve modificar el texto elaborado en el Ministerio de Salud fue durante el acto de apertura del 39° Congreso Argentino de Psiquiatría y Salud Mental, que finalizó el fin de semana en Mar del Plata. No fue de manera presencial, ante el auditorio en uno de los salones del Gran Hotel Provincial, sino con un video que se proyectó antes de los discursos de las autoridades del encuentro organizado por la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA).
Funcionarios de Salud de las jurisdicciones y representantes de entidades científicas invitados también siguieron las palabras de Liliana González, directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la cartera sanitaria, sobre el proyecto que ingresó la semana pasada al Congreso. Su ausencia se debió a “un tema de agenda”.
“Hemos escuchado durante tres años a familiares, madres desesperadas que no encontraban un tratamiento para sus hijos que tenían problemas severos. También escuchamos a ONG, profesionales, jefes de servicio y, también, a las 24 jurisdicciones”, señaló González en la primera aparición pública conocida sobre el proyecto en el que intervino.
“La ley, así como está formulada, no funciona adecuadamente, sobre todo para el abordaje de los trastornos severos. Se necesita un cambio para poder acceder al tratamiento adecuado y oportuno y tratar de evitar homicidios, como ha ocurrido en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), suicidios y agresiones severas por no tener el acceso debido a los tratamientos”, continuó. En septiembre de 2020, un policía murió tras ser apuñalado en la esquina del museo, sobre la avenida Figueroa Alcorta, por un hombre que atravesaba un brote psicótico. Su hermano, Juan Roza Alconada, se sumó a familiares y ONG que piden la modificación de la ley de salud mental.
La funcionaria advirtió también sobre distintos textos del proyecto oficial que están circulando, una confusión que se puede ver desde hace varios días en redes sociales. Por ejemplo, se señala una modificación al artículo 32 de la Ley N° 26.657 –se refiere al presupuesto que el Estado debe destinar para la implementación de la norma– que el Poder Ejecutivo finalmente dejó fuera del texto final que llegó al Senado. Se había analizado, pero no se incluyó. El texto que ya se giró a las comisiones de Salud y Legislación General del Senado es el que desde la semana pasada está disponible acá.
González enumeró los cambios “más importantes” y en la atención clínica propuestos. Mencionó unificar términos con códigos diagnósticos internacionales, como “afección o trastorno de salud mental” en lugar de “padecimiento” en la ley actual y reemplazar el concepto de “riesgo cierto e inminente” vigente desde 2010 por “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”, tanto de la persona como de terceros.
Enseguida, se refirió al alta de los pacientes internados voluntariamente. “En el proyecto hemos colocado que, antes del alta, es necesaria la evaluación por un equipo interdisciplinario. Muchos pacientes ingresan, están dos o tres días y, después, deciden irse –dijo González–. Y sabemos que aún no ha cesado el riesgo. Entonces, un equipo interdisciplinario decidirá si está en condiciones de alta o si, en realidad, esa internación debe pasar a ser involuntaria”.
Como ya había anticipado el ministerio, los cambios que buscaban introducir apuntaban a que los médicos psiquiatras recuperaran un papel central en el manejo de la atención y, sobre todo, en las internaciones involuntarias. “En este momento, podría estar corrido. Así que vamos a darle el lugar que tiene que ver con su incumbencia, su capacitación y su currícula”, defendió la expositora.
Durante los casi seis minutos que duró la presentación, la directora nacional de Salud Mental destacó el “control judicial” que plantea el proyecto en el caso de las hospitalizaciones sin consentimiento del paciente en los seis meses posteriores al alta.
“De esta manera, estamos tratando de lograr una adhesión al tratamiento”, justificó. “Este control judicial por seis meses, con un control con un informe cada tres [meses] por parte del equipo que lo está tratando, pensamos que va a colaborar en la adhesión al tratamiento. De esta manera vamos a evitar la puerta giratoria, que no solamente es un sufrimiento psíquico para el paciente, sino que también aumenta los costos del sistema y, realmente, ocupa camas cuando las necesitamos”, dijo.
La obligatoriedad de que las familias “se hagan cargo de los pacientes” después del alta es otra de las propuestas de cambio. “Muchas veces, en algunas oportunidades y ciertas familias, abandonan a sus familiares. De esta manera, es una obligación legal que tiene para la protección de la persona”, argumentó.
Otro de los puntos que abrirán un fuerte debate durante el tratamiento del proyecto es la posibilidad de que la red de atención de salud mental dentro del sistema sanitario incluya a los hospitales generales, los hospitales de especialidad y las instituciones especializadas en salud mental.
“Esto es importante porque están faltando camas y, de esta manera, no vamos a tener el cierre de instituciones o su transformación, sino que vamos a aportar camas al sistema. Para eso, pensamos que, por ejemplo, las internaciones [por cuadros] leves pueden estar en hospitales generales y las internaciones por trastornos más severos en instituciones especializadas”, agregó González sobre lo que definió como “un proyecto posible, no ideal”.
